Por una decisión aparentemente precipitada de la Corte Suprema de Justicia, se revisará el rechazo a la reelección de la magistrada del TSE, Olga Nidia Fallas.
Grettel Ortiz Álvarez, integrante del tribunal especial ad hoc que investiga presuntas irregularidades en el TSE.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia está en proceso de revisar la votación del 7 de marzo pasado -en la cual rechazaron reelegir a la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Olga Nidia Fallas Madrigal-, dicha decisión no deja de despertar suspicacias, si se toma en cuenta que ella no toleró varias anomalías que se cometieron en el órgano electoral con una licitación.
Contrario a lo que es casi una tradición de la Corte: reelegir en su cargo a los distintos magistrados, a Fallas Madrigal la Corte Plena le negó esa posibilidad en una votación en la que nueve la apoyaron, once votaron en su contra y dos se abstuvieron.
En aquella votación no se discutieron razones para respaldar a la magistrada o para criticarla por su labor, por lo que dos días después cinco magistrados solicitaron revisar la inusual decisión, y que se le permita a ella rendir cuentas.
Esa petición fue aprobada por la Corte Plena y la magistrada Fallas fue convocada a que rindiera un informe el pasado 4 de abril. Sin embargo, su cita se pospuso -posiblemente para una semana después- para dar tiempo a que los magistrados puedan leer el documento de 120 páginas que entregó el 1 de abril, según informó el encargado de la oficina de relaciones públicas de la Corte, Fabián Barrantes.
Cabe recordar que Fallas Madrigal es la única magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones que no fue investigada por la Contraloría General de la República, en relación con el contrato que por más ¢1.100 millones, firmó en 1997 el TSE con la empresa Unisys para la compra de equipos y programas informáticos que modernicen el sistema de cédulas de identidad.
Como producto de las supuestas irregularidades detectadas por la Contraloría y por las sanciones administrativas que pidió un tribunal disciplinario -nombrado por la Corte Suprema de Justicia- contra los magistrados titulares y suplentes del TSE, esta institución vive desde el año pasado una situación de conflicto interno.
AMENAZAS A LA VIDA
Debido a los problemas que generó su posición respecto al contrato con Unisys, la magistrada Fallas incluso pidió protección policial, tras alegar que recibía amenazas a su integridad física.
Igual planteamiento hizo Grettel Ortiz Álvarez, integrante del tribunal disciplinario ad hoc que nombró la Corte, el cual planteó en su resolución el 5 de agosto del 2004 diversas sanciones para los magistrados involucrados en el mencionado contrato.
Los otros dos miembros del tribunal son Rafael González Ballar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en derecho administrativo y ambiental, así como Manrique Jiménez Meza, experto también en derecho administrativo y magistrado suplente de la Sala Constitucional. Los dos -junto con Ortiz Álvarez, especialista en derecho laboral e informático- fueron investidos como magistrados especiales para su labor en el tribunal, ya que casi todos los magistrados propietarios y suplentes estaban cuestionados.
DECISIÓN SIN JUSTIFICAR
A la magistrada Fallas Madrigal -quien en las últimas semanas ha sido parca con la prensa- no fue posible contactarla, a pesar de que se le dejó mensaje. A principios de este año -de acuerdo con una información de La Nación- ella pidió protección policial porque su casa la rondaban en un carro parecido a los que usa el TSE de manera discrecional.
Respecto a la decisión de la Corte de no renovar su nombramiento (vence el próximo 7 de mayo) como magistrada del TSE, ha despertado suspicacias entre algunas personas, ya que los magistrados nunca la justificaron con hechos .
En este sentido, la magistrada especial Grettel Ortiz dijo: «creo que la Corte no fue transparente y no le dio la oportunidad a las personas (magistradas) e incluso a ella misma (Fallas Madrigal) de defensa, de ese derecho que todos tenemos a saber por qué no o por qué sí».
Ortiz recordó que la magistrada Fallas ha sufrido como ella de amenazas y lamentó que el rechazo de la Corte para renovarle el nombramiento se diera justo el 8 de marzo, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer.
El citado acuerdo de la Corte Plena deja muy mal parado a este órgano, pues pareciera indicar que toman decisiones sin fundamentarse, o que castigan a una mujer que se opuso a las irregularidades cometidas en el TSE.
Ortiz se rehusó a aceptar que esto último sea lo que motivó la decisión de la Corte y se mostró esperanzada en que impere la honestidad y la transparencia entre los miembros de este poder.
Vale mencionar que la magistrada Fallas Madrigal pidió luego de la votación de la Corte que no la reeligió, que se abstenga (recuse) de participar en la revisión de su caso la magistrada Anabelle León Feoli, dado que ella es una de las personas cuestionadas en el contrato de Unisys, como exmagistrada del TSE.
Por su parte, el decano de Derecho y miembro del tribunal especial que analizó lo ocurrido con el referido contrato -Rafael González Ballar- piensa que lo decidido por la Corte Plena podría deberse a cierta desinformación por parte de algunos magistrados.
CUESTIONADOS
Acerca de la resolución que tomó el tribunal ad hoc que investigó el contrato con la firma Unisys y a cuyos alcances se opuso en muchos casos la magistrada Fallas Madrigal, esta involucra a doce funcionarios del TSE. Ellos son los magistrados propietarios y suplentes Óscar Fonseca Montoya, Luis Antonio Sobrado González, Fernando del Castillo Riggioni, Mario Seing Jiménez, Juan Antonio Casafont Odor, Marisol Castro Soto, Ovelio Rodríguez Chaverri, Álvaro Pinto López, y los ahora exmagistrados del TSE Anabelle León Feoli, Rafael Villegas Antillón y Enrique Meza Chávez.
«Analizado objetivamente el acervo probatorio incorporado a los legajos que forman el expediente administrativo, este Tribunal debe concluir que efectivamente hubo una falta grave en la conducta de los investigados, desajustada a las circunstancias de hecho y de derecho imperantes», asegura el informe del tribunal ad hoc.
Se calcula que los incumplimientos en esta contratación representaron daños y perjuicios para el TSE por más de ¢558 millones. «El Tribunal tenía la posibilidad de dar por resuelto el contrato inmediatamente después de celebradas esas justas electorales con la ejecución de la garantía de cumplimiento y el cobro accesorio de daños y perjuicios. La prueba recabada es precisa y concreta para demostrar las omisiones en las que incurrieron los señores investigados, analizadas desde una perspectiva temporal», puntualizaron Jiménez, González y Ortiz.
Por lo anterior, le impusieron a los magistrados Fonseca Montoya (presidente del TSE) y Sobrado González, tres días de suspensión por haber incurrido en falta grave; a los magistrados suplentes Rodríguez, del Castillo, Casafont, Castro y Pinto, una amonestación escrita sin suspensión por falta grave, aunque con participación intermitente en la toma de decisiones cuestionadas.
En los casos de los exmagistrados Villegas y Meza se acogió la prescripción que alegaron en su defensa; mientras tanto, la magistrada León Feoli cometió falta grave, pero la Contraloría General no la incluyó en la lista de los responsables, probablemente porque ya había sido nombrada en la Corte.
Ninguna de las sanciones han sido aplicadas, pues los afectados interpusieron varios recursos de amparo que aún no han sido resueltos y por lo tanto está suspendida la sanción impuesta por el tribunal.
Otro de los puntos acordados por el tribunal investigador, es el envío de los casos al Ministerio Público, para que determine si se cometieron hechos ilícitos.
