Sin una movilización ciudadana y de organizaciones sociales que presionen por los cambios necesarios, no cabe esperar mayores efectos de los informes emitidos semanas atrás por la comisión especial legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), consideran dirigentes y actores sociales preocupados por la institución.

El informe de mayoría suscrito por los representantes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (PML) y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) propuso una reestructuración de la CCSS, y un diálogo nacional para renovar el pacto de la seguridad social.

Entre sus recomendaciones se incluye la solicitud de sanciones para una decena de miembros de la cúpula administrativa considerados responsables por acciones u omisiones que agudizaron la crisis de la institución, en el período 2006-2010.

No obstante, el informe evitó señalar responsabilidades de los gobernantes del PLN y el PUSC, cuyos gobiernos en los últimos 20 años se vieron señalados por  corrupción y políticas que debilitaron la CCSS. Esta fue una de las razones alegadas por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) para no suscribir el informe de mayoría.

El PAC emitió un informe de minoría en el que se amplía la lista de responsables del aparato administrativo por la crisis de la Caja, y detalla las deudas con la institución acumuladas por los distintos gobiernos, así como los recursos que dejó de girar el Ministerio de Hacienda al Fondo de Compensación Social y Asignaciones Familiares, encargado de pagar a la Caja la atención a la población pobre dentro del régimen no contributivo (ver gráficos aportados por el  PAC).

A este informe se le dará seguimiento en una mesa de diálogo con grupos y actores sociales preocupados por la CCSS, informó Carmen Granados, diputada del PAC quien fue la autora de la moción para crear la comisión legislativa sobre la Caja.

Cabe recordar que entre otros sonados actos de corrupción en la mencionada entidad, se encuentra el pago en la década de los 90 de comisiones del crédito finlandés en el caso Caja-Fischel, por el que fueron condenados judicialmente el expresidente Rafael Ángel Calderón y directivos de la Caja vinculados al PUSC, incluido el presidente ejecutivo Eliseo Vargas.

También estuvo el caso del crédito español, con el que se compraron equipos que la Caja no requería o resultaron inservibles por su mala calidad, un negocio que habría sido urdido por dirigentes del PLN, pero que nunca fue investigado por el entonces fiscal general Francisco Dall´Anese.

Otro tema que quedó fuera del foco del informe de mayoría de la comisión legislativa,  son los patronos morosos que tienen deudas acumuladas con la Caja por un monto cercano a los ¢100.000 millones. Entre los principales deudores figuran empresarios vinculados al poder político y que parecen intocables para los funcionarios encargados de cobrar en la CCSS.

Entretanto, la deuda acumulada del Estado con la Caja asciende a ¢358.082.2 millones, de los cuales ¢352.342.4 millones (98.40 %) corresponden al seguro de Salud y ¢5.742.8 millones (60 %) al seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según los saldos actualizados al 30 de abril pasado, conforme a la reciente conciliación de adeudos realizada por la comisión técnica interinstitucional nombrada al efecto. Así está consignado en un informe enviado el pasado 7 de junio a Gustavo Picado -gerente financiero de la CCSS- por Iván Guardia, director financiero contable, y Edgar Ramírez, jefe en funciones del Área de Contabilidad Financiera.

PRESIÓN CIUDADANA

Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA),  consideró que los informes  van a tener poca o nula repercusión para lograr los cambios que se necesita hacer en la Caja, mientras no haya una efectiva presión ciudadana para que los cambios se hagan.

Dijo que en el Comité Nacional de Defensa de la Caja y la Seguridad Social –integrado por un grupo de organizaciones sociales- han venido insistiendo en la necesidad de crear un órgano ciudadano, con potestades para controlar la Caja.

Hace falta una contraloría ciudadana que venga a atender verdaderamente las denuncias que se dan en la institución, por la inconformidad que hay con directores de hospitales y las denuncias sobre falta de ética y corrupción, a las que en la Caja se les dan muchas largas y quedan impunes, afirmó.

Chavarría criticó que en el informe de mayoría omitieron señalar a los responsables políticos, cuando no hay duda de que el PLN y el PUSC en los últimos 15–20 años “se han paseado” en la Caja, y uno de los tantos ejemplos que reflejan eso es el caso de corrupción Caja-Fischel.

Para María Elena López, médica salubrista y exdocente en la materia, es preocupante la escasa repercusión que han tenido los informes sobre la Caja.

A su parecer, las autoridades de la institución  se escudan en que tienen autonomía para no atender los cambios solicitados, y por otro lado hay una pasividad de la gente para salir en defensa de la Caja. Esto lo atribuye a que no existe suficiente conciencia de todo lo que está en juego en el país con el futuro de la institución de seguridad social.

Cree que para que haya resultados es necesario que las organizaciones sociales presionen por los cambios en la Caja, y además tiene que haber una decisión política para intervenir en la institución, porque desgraciadamente las autoridades institucionales responden al poder político.

Según Roberto Mora, ciudadano reconocido por su trabajo voluntario de denuncia contra los grandes morosos patronales con la Caja, en la jerarquía de la entidad “ya se están haciendo los tontos” con los informes de la comisión legislativa. Sabedores de que estos no son vinculantes, simplemente dicen que los van a pasar a la junta directiva, y esta va a hacer la pantomima de que los va a ver, reprochó.

“Desgraciadamente el pueblo está adormecido, no quiere reaccionar, nos están  arrebatando y privatizando la Caja, y cuando falten los servicios ahí es que van ver que nos llevó el carajo”, comentó.

En relación con su labor de denuncia de los patronos morosos de la Caja, Mora fue notificado la semana pasada de una querella por difamación, presentada en su contra por el empresario Antonio Burgués ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. Esto, después de que Mora publicó el nombre de Burgués, exembajador en  China y presidente honorario de la Cámara Costarricense de Exportadores, como uno de los deudores morosos de la Caja, en relación con una millonaria deuda por cuotas obrero patronales de la empresa Sensu Cercano Oriente de Costa Rica S.A., de la cual el empresario fue socio fundador (ver recuadro).

Roberto Mora:

“Se me duplican las fuerzas”

En una nota dirigida a Antonio Burgués con copia a una lista de correos electrónicos, Roberto Mora le dice que no crea que con la demanda lo va a amedrentar, sino que por el contrario “se me duplican las fuerzas”.

“Le comento que soy responsable de mis actos y si por ello tengo que guardar prisión por defender los derechos de mis conciudadanos y de mi familia con relación a nuestra Seguridad Social y, por ende de nuestra queridísima y Benemérita Caja Costarricense de Seguro Social, adelante, le pongo todo el cuerpo”, aseguró.

El abogado de Burgués, Erick Ramos, dijo que la querella se debe a que Mora divulgó un correo masivo en que decía que Burgués y su representada debían más de ¢100 millones, siendo que el empresario tiene más de ocho años de no ser socio de esa empresa y no tiene ninguna deuda con la Caja.

“Ninguna de las cosas dichas por Mora es cierta; por supuesto que es muy atractiva la figura (de Burgués)  porque está relacionado con los señores Arias, porque ha sido ministro y fue embajador en China y es una persona muy conocida, pero no todo lo que salpica a los políticos se puede generalizar; no se vale difundir una circunstancia que no es cierta”, reclamó Ramos.

El abogado negó que se trate de una deuda que venga desde  atrás, como ha dicho Mora, pues cuando  Burgués se desligó de la empresa estaba totalmente al día,  y además en este caso no se da el supuesto de responsabilidad solidaria que establece la ley orgánica de la Caja (para cobrar deudas dejadas por empresas morosas que forman parte de grupos de interés económico).

Mora, por su parte, detalló que no es la primera amenaza de demanda que ha recibido por las denuncias que desde hace tiempo viene haciendo contra patronos morosos con la Caja,  sobre todo de los políticos “que son lo más descarados”.

Respecto a lo dicho por Burgués de que ya no es socio de la empresa, comentó que el empresario fue socio fundador y hasta donde tiene entendido estuvo hasta el 2006 cuando la traspasó, pero nunca han pagado a la Caja,  por lo que es partícipe de la deuda.