Solo falta que el Gobierno resuelva el desequilibrio financiero y decida qué obra quiere construir, afirma la empresa.
El atraso del muelle granelero en Caldera, cuya construcción no ha empezado a más dos años de dada la concesión, no es culpa de la empresa, la cual está lista para empezar cuando el Gobierno resuelva el problema del desequilibrio financiero y de la orden de inicio, afirmaron los concesionarios.
“Apenas el Gobierno nos diga arranquen, nosotros arrancamos. El único problema previo al inicio es el cierre financiero, y éste no se puede obtener hasta no tener el contrato equilibrado”, dijo Oscar Isaza, presidente de la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC S.A).
En compañía de otros miembros de la administración de la empresa, Isaza visitó UNIVERSIDAD para explicar su posición sobre éste y otros temas relacionados con la concesión del muelle de Caldera, el principal puerto costarricense en el Pacífico.
La SPGC recibió la concesión en el 2006 con el compromiso de empezar en seis meses la construcción de una moderna terminal granelera, que entre otros beneficios para los usuarios y consumidores, se dijo entonces, iba a ser una mayor eficiencia y una rebaja de tarifas.
La Sociedad está constituida en un 60% por capital colombiano (la Sociedad Portuaria Buenaventura y el Grupo Empresarial del Pacífico, GEPSA, que preside Isaza) y en un 40% por socios costarricenses.
Los mismos empresarios tienen desde el 2006 la concesión del actual puerto de carga general de Caldera, donde se han hecho inversiones por $10 millones que no estaban dentro de la obligación del contrato, y entre las mejoras se han reconstruido las instalaciones, incluidas nuevas bodegas. “Caldera es muy distinto a lo que recibimos en el 2006”, resaltó Isaza.
Respecto al atraso en la construcción del muelle especializado en la carga de granos, el empresario hizo ver que cuando salió la licitación, hace diez años, ellos presentaron una oferta por $25 millones. Sin embargo, ahora los costos son muy distintos y las necesidades del país en cuanto a las instalaciones que se necesitan son otras, pues ahora se fertilizantes y otras cargas que antes no había.
Le han dicho al Gobierno que el costo del muelle ha subido a $55 millones y le han presentado varias opciones para restablecer el equilibrio financiero, sin el cual no se puede empezar la obra, señaló.
Luego que la concesión fue entregada en el 2006, hubo que esperar a que la Sala Constitucional resolviera un recurso de amparo ambiental presentado por Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual fue resuelto el año pasado, y ahora lo que se espera es que el Gobierno decida respecto al equilibrio financiero, indicó.
“Nosotros no estamos evadiendo la responsabilidad y la vamos a honrar. Como presentamos una oferta de 25 millones en el 2001, le estamos diciendo al Gobierno: díganos qué quiere que hagamos con los $25 millones. Si no alcanza, no es responsabilidad de nosotros. Nosotros presentamos una oferta y hay unos diseños clarísimos para construir el puerto. Queremos hacerlo como está pactado y mire el Gobierno cómo resuelve”, remarcó Isaza.
En cuanto a un “plan B” que se ha mencionado en la prensa, para hacer un muelle de menor costo, sin los silos y las fajas transportadoras previstos en el proyecto original, el empresario aclaró que no ha sido una propuesta de la empresa, sino que la hizo la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA), que son los clientes de los granos. Éstos creen que pueden asumir la construcción de los silos y que entonces se haga un muelle de unos 28 o $30 millones, y evitar así una inversión del Gobierno que obligue a aumentar las tarifas.
Añadió: “Eso fue lo se le dijo al Gobierno: aquí hay una propuesta de los señores de CACIGRA ¿les interesa?”
“Lo que sí le estamos diciendo al Gobierno es que hay un desequilibrio y hay tres salidas: que el Gobierno ponga la plata, como lo hizo con la carretera a Caldera; que suba tarifas o que alargue el plazo. O bien, puede ser una solución mixta.”
La decisión deberá tomar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como ente rector, y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, como entre administrador del puerto.
SE SACUDE
En vista de que son los únicos empresarios colombianos con inversiones en puertos conocidas en Costa Rica, UNIVERSIDAD quiso conocer la opinión de Isaza en cuanto a lo dicho por la senadora colombiana Piedad Córdoba. En una reciente visita al país ella dijo a este semanario que los paramilitares colombianos (vinculados en su país con el narcotráfico y violaciones de los derechos humanos) tienen inversiones en Costa Rica desde hace diez años y están interesados en tierras para el cultivo de banano y en puertos.
Isaza dijo que habría que preguntarle a la senadora, ya que ella debe saber los nombres. “Le faltó decir que a los paramilitares el 99% los tienen en la cárcel (…) Somos 49 millones de colombianos y no significa que todos seamos paramilitares (…) no somos los únicos interesados en invertir”, manifestó.
