Bufete Pacheco Coto niega conflicto de intereses por abogado que asesoró a empresa Digicel, interesada en telefonía celular.
Por considerar que un abogado de otro bufete vinculado a la empresa Digicel –interesada en una concesión para operar telefonía celular- brinda asesoría también a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), siete diputados ampliaron la denuncia por conflicto de intereses contra esta entidad, interpuesta a finales de enero pasado ante la Contraloría (CGR) y Procuraduría General de la República (PGR).
Los seis legisladores firmantes del Partido Acción Ciudadana (PAC) -entre ellos Elizabeth Fonseca, Alberto Salom, Ronald Solís y Sergio Alfaro- y del Frente Amplio –José Merino- ampliaron el 3 de febrero su denuncia inicial contra la SUTEL, tendiente a suspender el proceso de sacar a licitación pública el cartel de concesiones de frecuencias para teléfonos celulares.
Cabe recordar que la entrega de bandas del espectro radioeléctrico para telefonía, forma parte del proceso de apertura al sector privado de los servicios de telecomunicaciones, exigido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La acusación inicial de los diputados se centró en el supuesto conflicto de interés generado por la SUTEL, al contratar a la firma BLP Abogados como asesora en la elaboración del mencionado cartel de licitación, al tiempo que dicho bufete tenía como cliente a la compañía Digicel.
Representantes de BLP han negado cualquier conflicto de interés, pues afirmaron que no han asesorado en materia de telecomunicaciones a Digicel y tan solo le tramitó la inscripción de algunas marcas, a solicitud de un bufete para el que le brinda servicios.
Por su parte, el presidente de la SUTEL, George Miley también rechazó un eventual conflicto de intereses y aseguró que la relación de BLP Abogados con la confección del cartel, ocurrió mucho después de la inscripción de marcas para Digicel.
Mientras tanto, la nueva denuncia de los diputados apunta a un abogado del Bufete Pacheco Coto, el cual negó de manera tajante a este Semanario, cualquier conflicto de interés con la SUTEL.
A raíz de los cuestionamientos de los legisladores, la SUTEL prorrogó la presentación del cartel prevista para el 5 de febrero, “con el fin de cooperar con la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, que se encuentran analizando aspectos relacionados con el concurso de frecuencias para el servicio de telefonía móvil”, explicó el ente en un comunicado de prensa.
Ya el candidato del PAC, Ottón Solís, le había solicitado al mandatario Óscar Arias mediante una carta con fecha del 29 de enero, suspender el proceso licitatorio, en vista de que había recibido financiamiento de sectores interesados en la privatización durante su campaña electoral.
“Creemos que no es conveniente que su gobierno, que en campaña recibió el mencionado financiamiento, y que promovió la apertura del mercado de las telecomunicaciones, ahora acelere el proceso para que llegue a ser el que adjudique las frecuencias”, le indicó.
SIN CONFLICTOS
De acuerdo con los legisladores denunciantes, Jorge Brealey es un abogado que como miembro del Bufete Pacheco Coto prestó asesoría a la SUTEL y luego fue separado de la firma el 29 de enero, “presumiblemente a partir de nuestra denuncia ante la CGR presentada ese mismo día”.
Al ser consultado Alejandro Antillón, socio y gerente de Pacheco Coto, dijo que ese bufete definitivamente “no enfrenta ningún conflicto de interés en este caso”.
El abogado aseveró que en la actualidad Brealey no tiene ningún ligamen con ese bufete, ya que renunció desde el 28 de enero pasado.
“Como abogado asociado de Pacheco Coto el señor Brealey tenía dedicación exclusiva con la firma y nunca asesoró legalmente a la SUTEL (…). Digicel es un cliente de Pacheco Coto, no del señor Brealey. Ahora bien, como abogado Asociado de Pacheco Coto en materia de derecho administrativo, el señor Brealey dio asesoría legal a varios de nuestros clientes, entre ellos Digicel”, agregó Antillón.
En su queja ante la PGR y la CGR, los diputados preguntan: “Será pura casualidad que dos firmas que representan a Digicel en Costa Rica estén participando, directamente, de las discusiones tendentes al armado del cartel de licitación en el que Digicel ha reiterado en estos días su interés directo?”.
Ellos reclamaron a los órganos de control, que “la obligación inmediata es suspender hasta tanto no se imponga la transparencia y se garantice la integridad del proceso licitatorio que, de otro modo, podría resultar absolutamente nulo a los ojos del más cauto de los jueces de la República”.
