Crece llama del descontento

La convulsión social amenazaba con desatarse al cierre de edición (lunes 26 de mayo), de no llegar el Gobierno a un acuerdo con el

La convulsión social amenazaba con desatarse al cierre de edición (lunes 26 de mayo), de no llegar el Gobierno a un acuerdo con el personal del Instituto Costarricense de Electricidad y del Magisterio Nacional.

Numerosas personas del Magisterio Nacional y del estudiantado, protestaron frente a la Casa Presidencial el pasado 26 mayo.

Una huelga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de complicada e incierta solución, y un Magisterio Nacional cada vez más exacerbado por las deficiencias en el pago de sus salarios y por el atropello a sus derechos de jubilación, avivaban esta semana las llamas del descontento social y amenazaban con chamuscar la tranquilidad del país.

Al cierre de edición (lunes 26), la huelga del ICE continuaba sin que se llegara a un arreglo entre el Gobierno y el Frente Interno de los Trabajadores (FIT) de dicha entidad. A la efervescencia laboral se sumaron los empleados de agrupaciones magisteriales como el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE),y  Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), quienes decretaron paro los días viernes 23, lunes 26 y martes 27.

 

De igual manera, funcionarios del Ministerio de Hacienda también suspendieron labores el lunes 19, para protestar contra el incumplimiento de ajustes salariales e insuficientes recursos presupuestarios; mientras tanto, cerca de 3.000 empleados de las universidades estatales y del Magisterio Nacional marcharon hasta la Casa Presidencial, para exigir el pago puntual de sus sueldos, la «cabeza» de la ministra de Educación -Astrid Fischel-, y el desconocimiento de una resolución de la Procuraduría General de la República que altera las reglas para pensionarse.

Respecto al conflicto con el ICE, el coordinador del FIT -Jorge Arguedas- instó al Gobierno el lunes 26 a encontrar la voluntad política que permitiera llegar a un acuerdo satisfactorio, para garantizar un adecuado funcionamiento de la institución para los próximos meses.

Por su parte el mandatario Abel Pacheco se quejó de las exigencias de la dirigencia del ICE y alegó que esta pretende pasarle por encima a la autonomía del Banco Central, al demandar que les autorice la emisión de $100 millones en bonos y no los $40 millones que les aprobó la semana pasada.

Ante lo dicho por Pacheco el pasado viernes 23 mediante una cadena de radio y televisión, el FIT calificó su mensaje como «demagógico, manipulador y falto de verdad, con el afán de hacerse la víctima y desmovilizar el movimiento patriótico que la familia iceísta ha empezado con el apoyo de la sociedad costarricense».

 

PULSO

 

Las negociaciones realizadas en los últimos días entre el Frente Interno de los Trabajadores del ICE y autoridades del Gobierno para poner fin a la huelga iniciada el 16 de mayo, se convirtieron en un pulso infructuoso, ya que la mediación del arzobispo católico Hugo Barrantes y el defensor de los habitantes José Manuel Echandi, al lunes 26 no había arrojado ningún resultado positivo.

En una discusión que hasta cierto punto se volvió bizantina, el presidente Pacheco reclamó haber cumplido con las promesas hechas al FIT y estos lo acusaron de irrespetar acuerdos que firmó en setiembre de 2002 y febrero de 2003, en los que se comprometió a respetar y asegurar los proyectos de desarrollo que el ICE consignó en el Plan Nacional de Desarrollo firmado por él.

Por otro lado, Pacheco en forma sutil se quejó porque al jerarca del ICE -Pablo Cob- a quien a pesar de representar al Poder Ejecutivo en esa entidad, se le hacía evidente su «camiseta amarilla iceísta». La «halada de orejas» obligó a Cob a expresar su lealtad al mandatario y a anunciar que gestionaría la ilegalidad de la huelga.

Sin embargo, dos acciones de inconstitucionalidad contra dos artículos (376 y 389) del Código de Trabajo, aparentemente evitarían un pronunciamiento que la declare ilegal.

En cuanto a la posibilidad de que finalice la huelga, lejos de limarse las asperezas, las partes parecían friccionarse más al lunes 26, cuando el mandatario cuestionó las exigencias del FIT para que el Banco Central aprobara los $100 millones solicitados en bonos para financiar la institución.

Empero, el mismo lunes 26 el gerente del Banco Nacional, William Hayden, ofreció hacer una emisión de bonos por los $100 millones, de forma programada y de acuerdo con las necesidades del ICE. Mientras que Pablo Cob se mostró esperanzado con esta propuesta, el Ministro de Hacienda dijo que la estudiaría.

Por otra parte y en respuesta al cuestionamiento de Pacheco a las exigencias de la FIT, los sindicatos del ICE aseguraron en un comunicado de prensa, que «los costarricenses están cansados de las mentiras del Presidente y su equipo económico, que firman acuerdos y no los cumplen, generando inseguridad en la ciudadanía, a la cual el gobierno no le dice toda la verdad y pone en riesgo la seguridad social del país».

 

AMENAZA MAGISTERIAL

 

Mientras la huelga del ICE se mantenía firme tras once días, esa «chispa» amenaza con una hoguera mayor, al sumarse al movimiento huelguístico nuevos focos de presión para el Gobierno, constituidos por los sectores que integran el Magisterio Nacional.

Entre ellos el malestar es muy grande por los atrasos sufridos en el pago de sus salarios durante los últimos meses y por la intención del Gobierno de hacer cumplir un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que en criterio de los trabajadores de la educación violenta el Convenio 102 firmado por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fallos de la Sala Constitucional.

Este convenio contempla en su artículo 29 las condiciones laborales que dan derecho a las personas trabajadoras a jubilarse al cumplir al menos 20 años de cotización en el régimen de seguridad social respectivo. De ser aplicado como lo exige la PGR, los trabajadores tendrían que prestar servicios por más tiempo para jubilarse (ver «Alarma por peligro en  pensiones», en edición anterior de UNIVERSIDAD).

Organizaciones magisteriales ya encendieron la luz roja de alarma y alegan que los convenios internacionales (como el 102), al igual que las resoluciones de la Sala Constitucional tienen rango superior a un dictamen de la Procuraduría, por lo que exigen al Gobierno desistir de la decisión.

Minor Solís, secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), puntualizó que a partir de la recomendación del la PGR, ya la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo ha rechazado 255 solicitudes de jubilación.

Por esta razón en la concentración que llevaron a cabo el lunes 26 frente a la Casa Presidencial grupos de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), SINDEU, y del Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), pidieron desechar ese dictamen.

Pero este es solo uno de los puntos expuestos durante el mitin. Federico López, dirigente sindical de la Universidad Nacional en Heredia, dijo que esta es una lucha sin color político, por una sociedad más justa y para preservar las conquistas sociales alcanzadas por el país.

Por su parte, la presidenta de la APSE -Gilda González- pidió a la ministra Fischel detener el atropello contra el Magisterio Nacional, y la secretaria general de esa organización -Rosibel Castro- increpó a los dirigentes de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), por la actitud desmovilizadora ante el movimiento magisterial, al no sumarse con prontitud al llamado de huelga.

Sin duda, esta semana sería determinante para los grupos en conflicto y para el Gobierno, ya que la llama de la inestabilidad social podría propagarse con facilidad si las partes no llegan a un acuerdo.

 

De última hora

Luego del cierre de esta edición se anunció la renuncia de Jorge Walter Bolaños como Ministro de Hacienda y la sustitución de Rina Contreras  como Ministra de la Presidencia. Asimismo, pendía el cargo de Astrid Fischel como titular de la cartera de Educación.

Las mediaciones de monseñor Hugo Barrantes, arzobispo de San José y José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes, no lograron que el Gobierno y los sindicatos del ICE flexibilizaran su posición, pero realizan esfuerzos para que el Banco Central apruebe la emisión de $100 millones a favor del ICE.

Al mediodía del miércoles 27 de mayo, los garantes se reunieron con Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central para pedir la autorización de los bonos presentándole además la posibilidad de que el Banco Nacional los coloque en el extranjero.

William Hayden, gerente del Banco Nacional, expresó la anuencia de esta institución de colocar la emisión de títulos en el exterior y desmintió que dicha emisión afectaría las tasas de interés en el mercado local. Sin embargo, horas después la junta directiva del Banco rechazó la propuesta.

Extraoficialmente se supo que el presidente del ICE, Pablo Cob podría ser relevado de su cargo y en su lugar se nombraría a Roberto Dobles, quien fue presidente de RECOPE y expresidente del ICE durante la administración Figueres.

Estos cambios de jerarcas en ministerios e instituciones públicas ocurren en medio de un llamado a una huelga general, convocado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, lo cual podría complicar aún más el panorama al Gobierno de Abel Pacheco.

 

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