La tercerización de servicios brindados por la empresa estatal Racsa provocó que las finanzas de la institución sufrieran un golpe. (Foto: Katya Alvarado)
Pese a que los responsables del desequilibrio financiero de la empresa estatal Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa) son señalados por la Contraloría General de la República (CGR) en el oficio PA-11-2014 de marzo anterior, el órgano contralor decidió archivar la investigación que mantenía, tras considerar que emitir un criterio sobre el tema sería riesgoso para la institución.
La Procuraduría General de la República también archivó una investigación acerca de Racsa con el argumento de que el tema debía ser conocido por la Contraloría, mientras que la Fiscalía sí mantiene abierto el caso.
La Contraloría determinó que los integrantes de la junta directiva de Racsa y del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad entre el 2006 y 2010, actuaron omisamente ante el descalabro económico de la empresa estatal, que a la postre deparó pérdidas de hasta ¢15.000 millones y la fuga de más de 100.000 clientes.
Es así como, según el órgano contralor, se le atribuyen responsabilidades a Pedro Pablo Quirós, expresidente de Racsa, Mario Hidalgo, Antonio Calderón, Gonzalo Delgado, Roberto Sasso, Félix Delgado y Bernardo Kooper, como integrantes del Consejo Directivo del ICE; adicionalmente se mencionan a Luis Paulino Arias y Mayid Halabí, quienes eran miembros la junta directiva de Radiográfica.
Pedro Pablo Quirós presidió Racsa entre el 2006 y el 2008, y al conversar con UNIVERSIDAD alegó que la empresa arrastraba problemas históricos (véase: “Racsa era un cascarón porque todo lo tercerizaba”).
El oficio de la CGR concluye que pese a las alertas emitidas desde el 2006, no hubo acciones para blindar a la empresa ante la inminente apertura del mercado de las telecomunicaciones.
La falta de planes a futuro provocó que los estados financieros del ICE muestren que en el 2009 los ingresos de Racsa ascendían a ¢38.000 millones por concepto de telecomunicaciones. Pero, a partir de ese momento, año con año decrecieron al punto que en el 2012 registraba ganancias de apenas ¢23.000 millones. Al 2013 hubo un crecimiento de ¢1000 millones, que totaliza ¢24.000 millones.
La CGR archivó la mencionada investigación, luego de considerar que disposiciones emitidas en el informe DFOE-11-2011 se tuvieron por parte del Área de Seguimiento del órgano contralor como razonablemente cumplidas, y aunque hay responsabilidades administrativas por las decisiones que adoptaron en la administración de RACSA para el período 2006-2010, era riesgoso para la institución emitir un criterio.
CLAVO EN LA TUMBA
En el 2011, este Semanario publicó una nota titulada “Crisis de RACSA favorece a empresas nacionales y extranjeras” (Edición 1918), en la que reproducía parte de los hallazgos hechos en una investigación por el exdiputado de la Unidad Social Cristiana, Luis Fishman.
En el “Manual para destruir una empresa pública” (como denominó a su investigación), Fishman señaló que los antiguos aliados estratégicos −las cableras como Amnet y Cabletica− que arrendaban su infraestructura para que Racsa llegara a sus clientes con servicios de Internet, al estar habilitados como operadores competían con la empresa estatal.
Dichas empresas ofrecían a los clientes −además del servicio de Internet de banda ancha− aquellos servicios denominados “triple play” −voz, datos e imagen−, dejando por lo tanto sin capacidad de competir a Radiográfica, ya que en la actualidad no cuenta con la infraestructura necesaria.
En este sentido, Pedro Pablo Quirós lamentó que la tercerización afectara las finanzas de la institución.
MONUMENTO A LA IMPUNIDAD
No solamente la Contraloría investigaba la ruina de la empresa estatal. Tanto la Procuraduría General de la República y la Fiscalía estaban al tanto de lo denunciado. Pero, ahora solamente el Ministerio Público mantiene abierta la causa, al menos hasta mayo anterior, cuando contestaron una consulta del legislador del Frente Amplio, Jorge Arguedas.
La causa se tramita bajo el expediente 11-000022-033-PE y se llevaba en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. UNIVERSIDAD consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público, pero al cierre de esta edición no detallaron el estado de la investigación.
Mientras esto sucede en la Fiscalía, en la Procuraduría de la Ética Pública también archivaron la acusación desde el 2011 y bajo el argumento de que lo denunciado, al tratarse de uso y administración de fondos públicos, debía ser conocido por la CGR, y el Ministerio Público.
“El Órgano Contralor realizaba una investigación que versaba sobre los mismos hechos denunciados en esta sede, por lo que la Procuraduría de la Ética debió abstenerse de emitir un criterio sobre el particular, a efectos de no invadir competencias de la Contraloría General de la República”, señaló la responsable de prensa de la institución, Vivian Burban.
El legislador del Frente Amplio, Jorge Arguedas, elevó una nota a la CGR donde pide explicaciones por el cierre de la investigación. Dicho acto del ente contralor, lo calificó como un “monumento a la impunidad”.
“Pedimos que se reabra el caso; no puede ser posible que la quiebra de una empresa vaya a quedar completamente sin castigo; nuevamente doña Marta Acosta le queda debiendo al país”, reprochó Arguedas.
La CGR rehusó referirse al caso, hasta que no respondan al diputado Jorge Arguedas, según su oficina de prensa.
Pedro Pablo Quirós, expresidente de la directiva de Racsa:
“Racsa era un cascarón porque todo lo tercerizaba”
Pedro Pablo Quirós presidió la junta directiva de Racsa durante la transición hacia la apertura en el mercado de telecomunicaciones. (Foto: archivo)
¿Racsa definió algún rol para afrontar el proceso de apertura?
−En ese momento más bien lo que nos planteábamos era cómo sobrevivía Racsa, con o sin apertura, porque había atrasos en el país para poner plataformas modernas. La institución no estaba a la altura de la modernidad que existía y los clientes se angustiaban por las velocidades muy bajas.
¿Quién decidía sobre el proceso de modernización?
−Las decisiones eran muy dirigidas por la gerencia general. Pero hay que ver dos cosas: la toma de decisiones y la ejecución de las mismas. Los miembros de una junta directiva se reúnen tres o cuatro veces al mes y no es la que implementa las cosas; se toma casi por un hecho que lo que se decide se ejecuta; hay que visualizar la directriz de las empresas a través de sus gerentes.
¿Entonces que pasó en Racsa?
−Racsa estaba tan atrasada que había que ponerla al día, para ver qué hacíamos con la apertura.
Pero ni siquiera se pudo eso. ¿Qué falló?
−Hubo un fallo en ejecución. Es que se hacen planes, pero no se ejecutan luego de tres o cuatro años, y si eso no pasa, ya quedará en la rendición de cuentas de los ingenieros o gerente de la institución.
¿Se pospusieron decisiones?
−No creo, pero es que Racsa cuando yo entré tenía una erosión de clientes por la velocidad tan baja. Tenía un problema para mantener su base de clientes.
¿También hubo mucha tercerización de los servicios?
−Eso lo lamento yo muchísimo. Entonces uno lo veía como un cascarón que no tenía justificación, porque todo lo tercerizaba.
¿No hubo ejecución de planes?
−Eso hay que preguntárselo a los exgerentes de Racsa.
En cuatro años Racsa perdió ¢15.000 millones. ¿La fuga de ingresos no se tapó?
−Se quería poner plataformas de alta velocidad para frenar la salida de clientes, pero la erosión no se logró por los cambios en la gerencia general; en los últimos años ha habido hasta cinco gerentes; eso provoca atrasos en la ejecución.
¿Se descuidó?
−Los acontecimientos de Racsa hay que verlos a futuro; es que ahora todo el mundo ve para atrás, para echarle la culpa a media humanidad. Pero hay que pensar si la institución tiene futuro; criticando el pasado no se edifica camino al futuro.
Empresas que eran contratadas por Racsa para el soporte de redes ahora son sólidas competidoras en el mercado…
−Uno podría pensar ¿por qué no Racsa?
