Elevación de número de cuotas para jubilarse y envejecimiento de la población son algunos factores que ponen en jaque al actual sistema
Los actuales jubilados gozan de exiguas pensiones que les dan para vivir el día a día, pero no les aseguran el premio que merecen: una completa calidad de vida que les permita entretenerse.
Los cambios son urgentes si se toma en cuenta que en el país existen 800.000 trabajadores que no están asegurados directa o indirectamente, lo cual representa un 19% de la Población Económicamente Activa (PEA).
Si no se hacen las reformas que se encuentran en debate en una Comisión Social destinada específicamente para este caso desde hace ocho meses, el régimen de la Caja comenzaría a colapsar dentro de 10 años según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta entidad es una cercana colaboradora del proceso que mantienen abierto los denominados sectores para darles un apoyo técnico.
Las proyecciones estiman que de hacerse las reformas planteadas por las partes una vez que se pongan de acuerdo, volverían sostenible el régimen del IVM durante 60 años más. En la actualidad el sistema tiene la misma edad que esa cantidad.
HACER LAS COSAS EN SERIO
Lo anterior es fundamental no solo con respecto al IVM sino también sobre otros regímenes como el del Magisterio Nacional que requiere de decisiones puramente técnicas y no políticas como ha ocurrido hasta ahora.
Esto ha hecho que la sostenibilidad de los regímenes se lesione seriamente, que se haya mal administrado y legislado injustamente tomando en cuenta los esfuerzos efectuados por los trabajadores que han sostenido dichos sistemas.
Así lo considera la Comisión Institucional de Pensiones de la Universidad de Costa Rica (UCR) la cual considera que existe una falta absoluta de decisiones técnicas sobre los regímenes, una inexistencia sobre el monto exacto que define el desequilibrio actuarial y todas las decisiones serias que a partir de este hecho se puedan tomar.
Algunas de ellas implican, fundamentalmente, aumentar el número de cotizaciones de 240 como es en la actualidad para hombres y mujeres, a 300 cuotas. La edad de jubilación se mantendría invariable: de 65 años para los varones y mujeres, aunque tienen derecho a un adelanto que implica otras edades, como 61 años y 11 meses para las varones y 59 años y 11 meses para las féminas.
Pero para que esto no se convierta en un calvario para los potenciales pensionados se debe valorar un punto de partida: la propuesta que hace la Gerencia de Pensiones de la CCSS.
Ésta propone que en forma progresiva se aumente cada año, desde el 2010 hasta el 2035 un 0,5% de aporte del trabajador a cada cuota hasta llegar a un total de 10,5%. En la actualidad el porcentaje total de aporte de los empleados asciende al 7,5%.
Con solo ese cambio el sistema se haría sostenible y podría encontrar un complemento significativo con el ahorro que cada trabajador debe hacer con las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) que rige desde que se creó, en 1995, según la Ley de Protección al Trabajador.
APURAR EL PASO
Tanto la parte gubernamental, como patronal y sindical reconocen que la reforma al régimen de la CCSS y de los regímenes especiales como el del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial debe ser lo más pronto posible. De lo contrario, se corre el riesgo de que el tema se vaya para el próximo gobierno y quede en nada. Incluso, la ANEP pidió una prórroga de seis meses para que este asunto se trate con la mayor exhaustividad posible.
El tema es crucial para las personas que tienen 45 años que, sin darse aún cuenta, llevarán la responsabilidad de sostener a la gran población adulta mayor que se pensionará en las próximas décadas.
Otros temas que resultan igualmente controversiales, pero urgentes de resolución, serán la morosidad, la cobertura de pensión, la evasión del pago de cuotas y la eficiencia administrativa en el pago de las mismas.
Aunque las intenciones de la CCSS son recaudar aún más dinero con las reformas planteadas según reconoció su gerente de pensiones, Juan Luis Delgado, para las organizaciones sindicales como la ANEP o la Comisión Institucional de Pensiones de la UCR este punto no es tan simple.
En este sentido, Miguel Gutiérrez, director del Informe del Estado de La Nación que se publica desde hace 10 años, aseguró que la situación actual es grave tomando en cuenta que en el último dato disponible de la Encuesta de Hogares del 2003 existía en el país poco más de 328.000 personas con más de 60 años, de las cuales solo 118.080 recibe una pensión contributiva (la que usualmente paga cualquier trabajador(.
Aún más grave es tomar en cuenta que el 55% de las personas de más de 60 años no están pensionadas ni cotizan, lo que las hace altamente vulnerables a empobrecerse (un 10% trabaja y el restante 45% está inactivo).
Y para empeorar la situación el 42% de los ocupados no cotiza en ningún régimen obligatorio. De hecho, según dijo Gutiérrez, el 90% de la población mundial no está amparado a algún régimen de pensión que les asegure una pensión para vivir una vejez digna.
El especialista fue enfático en que entre más pobre sea la persona o tenga más bajo nivel educativo, más probabilidades existen de que reciba una pensión baja o no la llegue a tener del todo.
En la actualidad muchos de los pensionados que lograron pensiones relativamente dignas de la CCSS les alcanza apenas para el diario vivir, pero el entretenimiento, que se traduce en salud mental y disfrutar plenamente de los últimos «años dorados» de la vida, se ve totalmente limitado o es inexistente como sucede con la gran mayoría de la clase media. (Ver notas aparte: «Vivimos bien, pero con limitaciones»).
GRANDES VACÍOS
Geovanny Ramírez, directivo nacional de la ANEP y representante en la Comisión Social dijo que no existe un dato sobre la magnitud del desequilibrio actuarial de la CCSS, por lo que es difícil llegar a propuestas que sean totalmente realistas.
Existen grandes contradicciones en todos los temas entre el sector de la Gerencia de Pensiones de la Caja, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y el solidarismo con respecto a la visión del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Defensoría de los Habitantes. (Ver informaciones adjuntas).
Por ejemplo, para la citada gerencia y la empresa privada un estudio que hizo la OIT es válido, mientras que para los sindicatos, el INAMU y la Defensoría de los Habitantes no se respetan ciertas disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Trabajador.
Para Juliana Martínez, asesora de la ANEP, las propuestas de la CCSS, de los empresarios y el sindicalismo implican tácitamente que cada empleado debe laborar 10 años más para obtener el mismo monto de pensión que se tiene actualmente. (Nota adjunta: «Clase media y pobres pagan platos rotos»).
Martínez asegura que es muy importante tomar en cuenta ciertas condiciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres en lo cual insiste el INAMU para que esta realidad se considere como un capítulo especial que debe ser negociado con mucho énfasis.
Por ejemplo, se asegura que existe una pensión de viudez pero le es negada a cualquier mujer aunque ella haya cotizado de su propio dinero, lo cual la ANEP considera muy injusto. Para dicha organización cada fémina debe recibir las dos pensiones porque adquiere todo el derecho.
Entre algunas de las soluciones para que el Régimen de la CCSS no quiebre dentro de la próxima década se encuentra el colocar los dineros de la entidad destinados a inversión en la Bolsa Nacional de Valores (BNV), lo cual no se podía hacer, pues solo es permitido invertir en el sistema bancario estatal.
También considera que debe existir una pensión universal y no solo la del IVM.
Atacar la morosidad es otro aspecto importante que en la actualidad llega al 40% (es decir ¢7.000 millones, equivalente a lo que la Caja paga en pensiones por un mes). La cifra global de reservas por este concepto asciende a ¢500.000 millones.
La evasión, según todas las partes negociadoras, será difícil de atacar, pero no imposible. La mayoría de los profesionales liberales subcotizan o no lo hacen del todo. Sin embargo, ocho años antes de pensionarse cotizan con altos montos y se retiran con una jugosa pensión.
Otro de los aspectos cuestionables es que en los últimos 5 años no se ha hecho mayor cosa por castigar la morosidad y mejorar la administración de los regímenes, como indica la Ley de Protección al Trabajador.
El actual gerente de pensiones de la CCSS tiene cuatro años en el puesto y el problema no ha sido resuelto.
Principalmente los sindicatos solicitan que se integre un representante de la Iglesia y otro de la Comisión Nacional de Rectores (CONARE) para asegurar la vigilancia y el cumplimiento de las propuestas en general así como de las últimas planteadas por el INAMU.
