Un verdadero arsenal, sobre el que escapan los controles oficiales, deambula por el territorio nacional, según se desprende de un estudio elaborado por el viceministerio de Justicia y Paz, dado a conocer el pasado 8 de agosto.

Según el estudio, en el país hay inscritas 211.898 armas de fuego, de acuerdo con un corte realizado al 30 de junio del 2012.

Expertos en el tema, como el viceministro de Justicia y Paz, Max Loría, consideran que por cada arma registrada en el departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública circula una en forma ilegal.

El problema es más alarmante ante el crecimiento de la delincuencia, la violencia, la penetración del narcotráfico y el crimen organizado.

El tema sobre la necesidad de aplicar nuevas reglas para la tenencia de armas por parte del particulares y empresas de seguridad en Costa Rica cobró vigencia en las últimas semanas, luego de que el Poder Ejecutivo remitió, a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, un proyecto de reformas a la actual ley de control de armas, y que se encuentra bajo estudio de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el expediente 18.050.

La discusión del tema se remonta al año 2010, cuando la fracción del Movimiento Libertario diseñó una reforma -expediente 17.970-, la cual se ha mantenido empantanada en la Asamblea Legislativa.

La última propuesta enviada por el Ejecutivo busca endurecer los controles, requisitos y sanciones en el tema de las armas en manos de particulares, al tiempo que pretende, paralelamente, crear una “cultura de paz” (ver nota “Director de Armamento: Es urgente reforzar los controles”).

Loría advirtió, en declaraciones a UNIVERSIDAD, que existe evidencia de una relación entre la cantidad de armas y el aumento de la inseguridad.

“En el país hay más de 200.000 armas de fuego inscritas y sabemos que un 63% de los crímenes que se cometen son con ese tipo de armas”, dijo el Viceministro.

La propuesta oficial pretende limitar a una por persona particular la posesión de armas, sanciona con penas de uno a tres años de prisión la tenencia ilegal, exige mayor rigurosidad en los exámenes teórico-prácticos, e impide a personas con historial policial manchado o acusadas de violencia doméstica, el acceso legal a armamentos de fuego.

Igualmente, sanciona la omisión de reportar armas robadas o extraviadas, así como el contrabando y tráfico ilegal.

“Tenemos una sociedad armada, sin duda, y por eso la reforma a la ley busca reducir paulatinamente el número de armas en manos de particulares”, explicó Loría.

De acuerdo con el estudio del Viceministerio de Justicia y Paz, en un 43% de los delitos cometidos en el país en la actualidad media un arma de fuego, cifra que se eleva a 59% cuando se trata de asaltos.

Para Loría y otros expertos en la materia consultados por UNIVERSIDAD, es urgente alcanzar un gran “acuerdo y consenso” sobre el tema, que involucre la participación de diversos sectores, incluidos los importadores de armas.

“Costa Rica puede alcanzar una ley modelo”, expresó el director ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Luis Alberto Cordero.

Por su parte, el diputado Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Seguridad, también consideró necesario alcanzar un acuerdo, aunque cuestionó algunos alcances del proyecto del Ejecutivo. “No se puede partir del supuesto de que todas las armas están en malas manos”, agregó Góngora, al tiempo que se mostró en  desacuerdo en reducir en demasía el derecho a la tenencia.

“Me parece que el Poder Ejecutivo se ha empecinado en pensar en que el único proyecto es el de ellos. Tiene (el proyecto de reforma) una visión ideológica muy cerrada de erradicar todas las armas. Podría estar absolutamente de acuerdo en que los ciudadanos estén  desarmados si el Estado cumple con el mandato de otorgar seguridad”, insistió.

Criticó además la “resistencia técnica” del Ministerio de Seguridad Pública en refundir la iniciativa del Gobierno con la propuesta del Movimiento Libertario impulsada hace dos años, y observó que a su juicio existe un “divorcio” entre esta dependencia y otras instituciones, como el Poder Judicial, en el tratamiento del tema.

La politóloga Paola Solano, de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), comentó que el problema de las armas, especialmente las que circulan sin control, es muy “grave”, no sólo en Costa Rica sino en el resto de Centroamérica.

Anunció que esa organización publicará, en las próximas semanas, un estudio sobre el tema de la violencia armada en Costa Rica.

Por su parte, el diputado del Partido Liberación Nacional y miembro de la Comisión de Seguridad, Óscar Alfaro, también abogó por un acuerdo nacional para enfrentar el problema de las armas y la incidencia de la violencia en Costa Rica, que calificó de “muy grave”.

Mientras tanto, el director del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito, Elías Carranza, expuso que “lamentablemente, en el mundo está verificado que a mayor cantidad de armas de fuego hay mayor cantidad de violencia y de delitos cometidos con estos armamentos”.

Detalló que en el último quinquenio en Costa Rica el 64% de los homicidios fueron  cometidos con armas de fuego, cuando cinco años antes la relación era de 38%.

“En Costa Rica antes ocurría una situación de violencia y los problemas tal vez se resolvían a los gritos y hasta a las trompadas. Pero ahora, si el arma está sobre la mesa, el desenlace es otro”, alertó.

Director de Armamento: Es urgente reforzar los controles

El director general de Armamento, William Hidalgo, dijo a UNIVERSIDAD que es urgente revisar la actual ley sobre control de armas y aplicar mayores restricciones y sanciones para combatir el tráfico y tenencia ilegal.

¿Qué importancia y urgencia tiene el ejercer mayor control en Costa Rica sobre las armas?

-Controles existen. La idea es mejorarlos y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo viene a regular varias cosas no estipuladas en la ley anterior y a mejorar muchos de los requisitos que están en la ley actual. Busca regular el mercado a terceras personas. Pasa lo siguiente: una persona tiene un arma inscrita. Esa arma en estos momentos, si está inscrita la ley permite venderla a un tercero. En la actualidad, el arma se vende por medio de carta de venta y punto. Lo único que interesa es que el comprador sea mayor de edad y solamente se hace el descargo en la sección de armas y explosivos del ministerio de Seguridad Pública.

La ley de armas vigente no permite tener un mejor control sobre los armamentos en poder de civiles. Uno de los puntos clave de la nueva propuesta es que busca regular el mercado de terceras personas, obligando al dueño registral del arma a pedir un permiso al Departamento de Control de Armas y Explosivos si la desea vender, y la persona que la compra tiene que reunir los mismos requisitos para adquirirla que si lo hiciera en una armería.

¿Entonces obliga al que la adquiere a registrarla y obtener el permiso?

-Sí, no sólo sacar el permiso sino tener los requisitos de ley.

¿Eso permitirá dar seguimiento a esa arma?

-Exactamente. Otra de las situaciones actuales es que a mucha gente le roban armas registradas y no reportan el caso. Esas armas aparecen en el mercado negro, en crímenes, asaltos, robos, etc. Lo que pretende el proyecto es tener registros certeros y que la persona que adquiere un arma tenga una responsabilidad. La persona adquiriente tiene que estar mucho más capacitada para la portación y manejo.

Se incluye además la tenencia responsable, cómo la mantiene en la casa, cómo trasladarla, y aplica sanciones para la gente que no reporta un robo. Ahora no pasa nada.

¿Cuáles otros requisitos incluye?

-La ley exige que la persona adquiriente sea mayor de edad, cédula vigente, examen psicológico, y antecedentes judiciales. La nueva propuesta va más allá y recurre a los antecedentes policiales. Por ejemplo, si una persona tiene treinta pasadas por narcotráfico, asalto, violencia doméstica, etc.