La Corte Suprema de Justicia exigirá conocer antes los programas de capacitación, para enviar a sus funcionarios a los cursos de la escuela policial.
En vista de que las disposiciones del proyecto que crearía una escuela policial impulsada por el gobierno de Estados Unidos «sí inciden en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial», los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pidieron conocer de previo los programas que esta impartirá.
Dicha decisión la tomó la Corte Plena el pasado 14 de julio, tras considerar que el proyecto establece la participación de jueces, fiscales y otros funcionarios del Poder Judicial. Si bien concluyeron en que el plan no lesiona sus intereses, ese órgano se reservará el derecho de participar y por eso exigirán con anterioridad el detalle de los cursos.
Esta condición acordada por la Corte la dio a conocer el 5 de agosto la diputada Marta Zamora -del Bloque Patriótico-, durante la sesión en la cual la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa aprobaría este proyecto, y que no llegó a votarse.
Minutos antes de leer Zamora el acuerdo de la Corte Plena, el legislador y presidente de esa comisión -Rolando Laclé- aseguró que el organismo judicial aún no había respondido una consulta que él había planteada semanas antes.
Aunque se esperaba que el expediente 15.215, denominado «Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Costa Rica sobre una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley» fue aprobado en la citada comisión el 12 de agosto, el rechazo que enfrenta hace que su futuro sea incierto.
A los diversos sectores que se oponen a esta escuela policial, se sumó el Colegio de Abogados de Costa Rica, cuya junta directiva estima que lesiona la soberanía y los valores costarricenses, según un comunicado publicado el pasado día 10.
MÁS OPOSICIÓN
Ante la excitativa de algunos diputados para discutir más a fondo los alcances de la creación de la escuela policial, en la sesión del 5 de agosto algunos incluso -como Juan José Vargas, del Bloque Patriótico- advirtieron que podrían reconsiderar su decisión de apoyarlo.
Para la reunión del martes 12 de agosto se esperaba la continuación de varios diputados en el uso de la palabra y era incierta la aprobación del proyecto en esa comisión, requisito indispensable para ser discutido posteriormente en el plenario legislativo.
Respecto al rechazo planteado por el Colegio de Abogados, este cuestionó que los planes de estudio, designación de directores, profesores y estudiantes, no esté en manos de costarricenses.
De igual manera, se pronunciaron en contra de otorgarle a los funcionarios estadounidenses que participen en la academia, el rango de diplomáticos y exención de impuestos.
Asimismo, para el Colegio de Abogados «son inadmisibles acuerdos bilaterales con impacto regional, en momentos en que el mundo procura el fortalecimiento de la institucionalidad y legalidad internacionales».
Por otro lado, el jerarca de la Defensoría de los Habitantes -José Manuel Echandi- recomendó que el enfoque de la academia se centre en «el reconocimiento y respeto de los derechos consagrados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, y en los instrumentos específicos de protección y cooperación jurídica internacional en materia de delitos transnacionales».
