“Estado asumiría pago por daños ambientales en Crucitas”, aseguran abogados

La venta de los equipos que la empresa Industrias Infinito S.A. tenía en Costa Rica para el desarrollo del proyecto minero a cielo abierto

La venta de los equipos que la empresa Industrias Infinito S.A. tenía en Costa Rica para el desarrollo del proyecto minero a cielo abierto Las Crucitas, en Cutris de San Carlos, elimina la posibilidad real de que el Estado de Costa Rica pueda cobrarle a la empresa por los daños ambientales ocasionados en el lugar, opinaron abogados ligados al proceso.

Un comunicado  de la empresa matriz en Canadá  anunció la venta de  dichos equipos a la empresa colombiana Zandor Capital S.A.

En dicho documento se establece que Zandor Capital  adquirirá de Industrias Infinito S.A. (IISA), equipos de procesamiento de la mina, los cuales  se encuentran ya en Nicaragua, por un monto de  $4.303.000.


Actualmente el tema de Crucitas no termina de cerrar el capítulo, pues en este momento el proceso se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, la cual −según los especialistas− podría tardar unos dos años más.

“Es lamentable que la empresa pueda sacar todos los bienes que ella tiene en Costa Rica y como estamos trabados en la etapa de ejecución de sentencia, entonces el cobro iría directamente al Estado, que es solidariamente responsable con la empresa por los daños causados; recordemos que fue precisamente el Estado el que facilitó los permisos que fueron anulados”, afirmó el abogado Álvaro Sagot.

Ordenado por el Tribunal, un peritaje estableció el monto de los daños entre $6 y $10 millones, cantidad que deberá resolver la jueza en su momento y cuya acción no puede hacer porque fue recusada por la empresa. Una nueva apelación de Industrias Infinito llevó a que este recurso se tramite en la Sala Primera, sin resolverse a la fecha.

“Si lo que Industrias Infinito está haciendo es trasladando bienes, lo consideramos un asunto bastante serio, porque es alejar aún más que la empresa que generó el daño tenga que responder y está dejando todo en manos del Estado, que al final de cuentas somos todos y todas las costarricenses”, agregó Sagot.

Cabe recordar que en el 2010 el Tribunal de Apelaciones anuló los permisos para la operación del proyecto y condenó a la empresa, al Estado de Costa Rica y a la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) por el pago de los daños ambientales.

También anuló un decreto del gobierno del entonces presidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, que en el 2008 declaró de interés público y nacional el proyecto minero de Crucitas.

En el 2009, tanto Arias como Dobles, así como 6 funcionarios más de la Setena fueron acusados por la Fiscalía por este caso.

La sentencia del Tribunal Contencioso fue ratificada en el 2011 por la Sala Primera, incluso antes de que la Sala IV resolviera una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa Industrias Infinito, ante el fallo de este tribunal en el 2010. Esta acción tampoco se ha resuelto a la fecha.

GANAR TIEMPO

Bernal Gamboa, abogado y activista de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) celebró que la venta de la maquinaria por parte de Industrias Infinito “echa tierra” al proyecto de instalar la mina en Costa Rica.

Sin embargo, criticó que la misma empresa haya echado mano de “matráfulas” para atrasar el proceso de ejecución con el objetivo de “ganar tiempo” y deshacerse de todos los activos con los que pudiera responder ante el daño ambiental estipulado.

“Por ejemplo, la más evidente fue recusar a la jueza de ejecución (Lorena Montes de Oca); esa recusación no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista legal; la rechaza otra jueza (Ana Cristina Víquez), pero después apelan y como es un juez superior, la apelación va a dar a Sala Primera y por lo complejo de los asuntos que llegan aquí, eso se atrasa muchísimo. El proceso de ejecución no hace ni para adelante ni para atrás mientras eso no esté resuelto”, aclaró.

Consultada la empresa sobre el tema, respondió mediante un correo electrónico “que la decisión de la venta de los equipos es del resorte de Infinito Gold, la casa matriz”, y, por lo tanto, “no tenemos injerencia en la toma de decisiones, ni estamos autorizados para responder ninguna consulta”.

Por su parte, Edgardo Araya, representante de la Unión Norte por la Vida  (Unovida), afirmó que ante la “desaparición” de los bienes que la empresa tenía en el país, lo único que le queda al Estado es asumir el daño ocasionado.

“Cuando nosotros empezamos con la demanda tenían un montón de vehículos y un montón de cosas y ahora uno revisa y no hay nada, se están deshaciendo de todo para no tener que responder”, lamentó. Nosotros lo que logramos retenerles son los $600.000 de la garantía ambiental”, agregó Araya.

Sin fincas a su nombre y sin maquinaria en el país, solo quedan, según los  demandantes, la garantía ambiental y unos cuantos vehículos a nombre de la empresa, y esto para el abogado Sagot “no viene ni a acercársele una uña de lo que en realidad debería pagar la empresa”.

CON OTRO NOMBRE EN NICARAGUA

Para el diputado Claudio Monge, la maquinaria que la empresa tenía en Costa Rica para la extracción de oro fue sacada  del país y opera en Nicaragua con otro nombre.

“Esta empresa, sacó −como ladrones en la noche− toda la maquinaria de Costa Rica; yo fui alertado inmediatamente por vecinos y por gente que estaba ligada a la empresa. Ya esa maquinaria está en Nicaragua, porque la empresa Infinito Gold, con otro nombre, está operando allí con el apoyo del gobierno sandinista y pasó la frontera con la complicidad de las autoridades de ese país”, aseguró  Monge.

“Es un tema gravísimo, porque esta empresa aparte del daño ambiental, manosea la política, se mete en asuntos internos, convierte en criminales sociales a todos los luchadores del ambiente y defensores de la naturaleza, nos demandan en los tribunales”, criticó el legislador.


Profesor de la UCR fue absuelto por caso de Crucitas

“Para mí es un alivio y para la comunidad ecologista de este país es una nueva victoria en ese polémico expediente”, aseguró Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tras conocer el fallo.

El  Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió el lunes 4 de marzo al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, quien fue demandado por Industrias Infinito por supuesta difamación,  por sus  declaraciones en el documental  “El oro de los tontos”, de Pablo Ortega.

Durante la lectura del por tanto de la sentencia, el Tribunal también condenó a la querellante al pago de las costas, por un monto de ¢50 millones.

“Para mí es un alivio y para la comunidad ecologista de este país es una nueva victoria en ese polémico expediente”, aseguró Boeglin tras conocer el fallo.

Industrias Infinito interpuso demandas a varias personas, además de Boeglin, entre ellas el profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica Jorge Arturo Lobo, quien también fue absuelto el 19 de octubre del 2012.  En su caso, la empresa de igual manera fue condenada al pago de las costas: ¢53 millones.

Sobre él pesaba una demanda por llevar el tema de Crucitas como análisis en un curso universitario.

En opinión de Boeglin, ambos casos  representan “una victoria de la comunidad académica de este país, en particular de la UCR, que no tiene que temer ir a cuestionar públicamente al Estado o empresa, cuando lo que dicen son aseveraciones que carecen de sustento técnico o legal.

Junto a  las demandas de Boeglin y Lobo, la empresa solicitaba  el pago a cada demandante  de  ¢500 millones.

Se intentó conocer la posición de los abogados de la empresa sobre la resolución, pero al cierre de edición no fue posible obtener respuesta a las llamadas y correos enviados.


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