Las advertencias y estudios científicos sobre graves riesgos de derrumbes e inundaciones en 31 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), y particularmente en zonas como los cerros de Escazú, Aserrí, Santa Ana y Desamparados no han sido suficientes para que las entidades y autoridades encargadas adopten medidas de planificación, prevención y planificación en resguardo de las vidas y haciendas de los pobladores.

Veintitrés personas murieron la semana pasada en San Antonio de Escazú por una avalancha originada por un derrumbe en el cerro Pico Blanco a causa de fuertes lluvias que azotaron el país como efecto indirecto del huracán Tomas, y que dejaron al menos dos muertos más en otras localidades, cerca de 3.000 damnificados y numerosas comunidades aisladas por destrucción de caminos, falta de agua potable y electricidad.

Allan Astorga, geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que la tragedia de Escazú se pudo haber previsto, ya que en estudios técnicos que se hicieron para el Plan Regulador Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) se identificaron las zonas en 31 cantones, donde hay mayor riesgo de deslizamientos y lo que sucedería en caso de que estos se produjeran.

El especialista insistió en que toda esta información se entregó a las municipalidades y estuvo al alcance de las autoridades para la toma de decisiones (ver recuadro “Cantones de alto riesgo”).

Todos esos estudios se hicieron a escala detallada en Escazú y los otros 30 cantones de la GAM.  La quebrada Lajas -donde ocurrió la tragedia la semana pasada- se identificó como una quebrada que tenía condición de riesgo para la movilización de avalancha y ahí se marcó el cauce que tendría en ese caso la quebrada,  y coincide mucho con lo que pasó, señaló Astorga.

“Con el deslizamiento en la parte de arriba lo que se produce es una avalancha de piedras y lodo que se encauza en el riachuelo y que baja de la ladera; nosotros identificamos cuál era el ancho que cubre una avalancha de ese tipo, y en el caso de Escazú se identificó cuáles eran los ríos que iban a tener esa condición”, añadió.

Los estudios se hicieron para la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con el fin de cumplir la variable ambiental en el plan regulador e incluyen mapas de geología, morfología y de amenazas naturales, deslizamientos, fallas geológicas, sitios vulnerables a sismos e inundaciones.

En noviembre pasado, la SETENA aprobó toda esa información técnica, el problema es que el Instituto Nacional de Vivienda (INVU) no aprobó el PRUGAM, en abril, y toda esa información quedó como en el limbo. Los municipios no la usan porque no han aprobado los planes reguladores, y a veces no saben que esa información tiene utilidad para otras cosas, no solo para el plan regulador, apuntó Astorga.

Al no aprobarse PRUGAM se ha retrasado el que los planes reguladores incorporen esa información, lo cual genera toda una cadena de consecuencias negativas, indicó.

En el caso de Escazú había estudios del 2003-2004, que se retomaron con estudios más detallados del PRUGAM en el 2007-2008. La municipalidad de Escazú ya tenía un plan regulador que actualizó pero aún no tenía esta información,  por lo que no la incorporó, y es una lástima porque podría haberse hecho planes de emergencia, comentó el especialista.

Según Rafael Arce, director de maestría, y William Zúñiga, profesor de la Escuela de Geografía de la UCR, un gran número de sitios alrededor de los cerros de Escazú están en condición de gran inestabilidad, propensos a que ocurran derrumbes y avalanchas, y gran cantidad de ríos y quebradas  son una amenaza para poblaciones asentadas en abanicos aluviales formados por los ríos a través de cientos o miles de años, donde se asientan poblaciones de lugares como Escazú, Santa Ana y Río Oro, entre otros.

En los sectores de Alajuelita, Aserrrí, Vuelta de Jorco, las pendientes son muy fuertes, los terrenos inestables y hay muchas quebradas, con cuencas por las que pueden bajar avalanchas en caso de deslizamientos de rocas y árboles que al romper originen avalanchas. Es una condición que se da en todo el sistema de los cerros de Escazú, que forman una sola unidad geológica y geomorfológica en elevación, altamente inestable, en medio de cuatro fallas geológicas que la rodean por norte, sur, este y oeste.

Zúñiga comentó que en cualquiera de los puntos alrededor del sistema de los cerros se encuentran deslizamientos que han venido ocurriendo a lo largo de las décadas y siglos, porque geológicamente esto es lo que se conoce como un batolito, una burbuja de magma que se levantó por las cuatro fallas principales que rodean los cerros, y se sigue levantando producto del levantamiento general de todo el país.

Estos cerros tienen un rol muy importante para el sostenimiento de al menos seis catones: Escazú, Santa Ana, Mora, Aserrí, Alajuelita y Acosta, que obtienen allí sus recursos, principalmente, y cultivos agrícolas. El problema es que cada una de las municipalidades ha gestionado la zona que le corresponde a su manera, y otorga los permisos de construcción y de uso de la tierra sin pensar en este tipo de situaciones.

El investigador plantea la tesis de que todas estas municipalidades tendrían que formar parte de la planificación y la gestión del conjunto de los cerros de Escazú, para evitar acciones unilaterales que causen mayor  desequilibrio.

El problema es que hay resistencia a tomar medidas porque hay muchos intereses; el concepto de desarrollo que prima está centrado en el aspecto económico y las municipalidades están interesadas en percibir los ingresos con los permisos que dan.

Es una zona apetecida por su atractivo paisajístico, que en algunos sitios como Escazú tiene un crecimiento urbanístico aceleradísimo, donde no solo hay casas humildes sino también gran número de residencias de alto valor.

Es una tendencia que va a seguir a menos que se tomen medidas que alguien debería tomar porque si no las tragedias no solo se van a repetir sino que se van a agravar, consideró.

Recordó que esta es un área que está declarada como zona protectora, pero ello no imposibilita una serie de desarrollos porque sigue siendo propiedad privada. Habría que crear un parque nacional o alguna otra figura legal para no permitir más construcciones y dar posibilidad al sistema de regenerar la vegetación.
Pero “si las municipalidades no toman cartas en el asunto y si no hay un ente rector a nivel central que ordene y planifique, si no se crea una figura más fuerte que la zona protectora, la tendencia es que llegue a poblarse eso, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, que al final termina todo lleno de casas con consecuencias lamentables para los pobladores”, comentó.

ESTUDIOS

Arce dijo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) conoce la mayor parte de las zonas de riesgo, y tiene un mapa de esto, pero no llega al nivel de detalle que se necesita y es inadecuado para la planificación urbana.

El detalle lo conocen las municipalidades, pues son las que dan los permisos y saben donde se está metiendo a vivir la gente, de ahí su responsabilidad.

Dijo que ellos (Escuela de Geografía) han llevado a gente de la CNE a sitios donde detectan riesgo, y mencionó por ejemplo un estudio presentado en el 2009 de un sitio de San Gabriel de Aserrí, donde se muestran fotos de agrietamientos del suelo y en las casas a consecuencia del corrimiento del terreno.

A raíz del estudio, la municipalidad de Aserrí emitió un memorando diciendo que la gente debía desalojar el lugar, pero el problema es que no hay una solución para que los pobladores tengan adonde trasladarse a vivir.

En el 2002 un equipo interdisciplinario de la UCR integrado por Arce, el geólogo Guillermo Alvarado y arqueólogo José Martín Sánchez advirtió que existían potenciales riesgos por la eventual caída de grandes bloques del cerro Pico Blanco, en San Antonio de Escazú, justamente donde se produjo la avalancha la semana pasada.

 En el informe preparado para el  VII Seminario de Geotecnia advirtieron sobre otros peligros en elevaciones cercanas a Escazú, Alajuelita, Santa Ana y Río Oro, poblaciones que están asentadas sobre abanicos aluviales formados por múltiples ríos como el Agres, Cruz y Chiquero, y quebradas como Lajas, donde ocurrió la tragedia más reciente.

Las poblaciones de San Antonio de Escazú, Santa Ana y Río Oro han pasado de ser un sector rural a complejos residenciales y en continuo desarrollo. En dicha área son bien conocidos los peligros potenciales debido a los deslizamientos activos (en lugares como cerro Tapezco, Alto de las Palomas), pero son menos conocidos los peligros generados por posibles avenidas tempestuosas aluviales (material que desciende por los ríos), indicaron los expertos.

Arce comentó que el abanico aluvial que está montado entre Salitral y Santa Ana lo construyó el río Uruca cientos o miles de años atrás, y hace 15 años él hizo un estudio sobre esa cuenca, donde se mostraba que hay unos 90 sitios de material en condición muy inestable. De modo que  el riesgo de desprendimientos no proviene solo del cerro Chitaría, donde una avalancha bajó el pasado 30 de setiembre por el río Canoas, afluente del Uruca.

Algunos de esos sitios presentaban deslizamientos antiguos más pequeños y otros más grandes. En condiciones anormales de clima, como puede ser un huracán o varios días de intensa lluvia podría producirse una avalancha y podría llegar a Santa Ana, explicó.

Hay montañas donde no se puede urbanizar

El ingeniero Jaime Brenes, especialista en planificación territorial, dijo que es preocupante que haya ciudades levantadas sobre fallas geológicas, como la que va desde Orosi hasta Puriscal, y que se estén haciendo grandes desarrollos habitacionales del Gobierno en laderas peligrosas, o gran cantidad de casas que se construyen en los lechos de los ríos. Un ejemplo, dijo, es la iglesia de Orosi que se construye dentro del cauce del río.

Otro grave problema es que a raíz de una reciente ley que le quitó parte del urbanismo al INVU se están segregando gran cantidad de parcelas agrícolas que no califican como tales y se está construyendo gran número de casas en montañas donde antes no se podía urbanizar.

Desde los años 90 hemos creado un montón de asentamientos que están reventando por todo lado, y esas segregaciones en la montaña, la construcción de casas y de caminos, la falta de entubados y alcantarillas causan que el agua arrastre sedimentaciones a las partes bajas y así no hay costanera que aguante, dijo en alusión a las inundaciones que han cubierto carreteras y poblaciones en los últimos días en varias partes del país.

Otro problema es que el ICE está subcontratando empresas que ponen postes eléctricos en cualquier camino,  con lo que se legalizan urbanizaciones ilegales.

Brenes recordó que la ley de construcciones Nº 833 dice que las municipalidades son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones. Esto sigue vigente, pero en las municipalidades no hay conciencia y a todo le dan permiso.

Preocupa por ello que alcaldes que han estado cuatro años sin hacer nada ahora se están postulando a la reelección.
Brenes abogó también por que se respete la ley de uso y manejo y conservación de suelos de 1998 (ley 7779), que es una ley integral del agro y de la montaña, pero le están pasando por encima, afirmó.

Rafael Arce, por su parte, señaló que si los estudios no se toman en cuenta por las autoridades responsables no solo se van a seguir viendo tragedias sino que se van a agravar. “Recuérdese que estamos en un proceso de cambio climático, lo cual significa tormentas más severas y más frecuentes debido a las temperaturas crecientes, y si además la población está aumentando, tenemos la condición idónea para que la condición se agrave.”

En este campo “tiene que haber una línea de control central, sistemático y nacional, porque si no, vamos a seguir con parchecitos y haciendo advertencias para nada”, enfatizó.

Cantones con alto riesgo

Los cantones son:
1.       Atenas
2.       Poás
3.       Alajuela
4.       Mora
5.       Santa Ana
6.       Escazú
7.       Alajuelita
8.       Aserrí
9.       Desamparados
10.   La Unión
11.   Curridabat
12.   Montes de Oca
13.   Goicoechea
14.   Tibás
15.   Coronado
16.   Moravia
17.   Santa Bárbara
18.   Barva
19.   San Rafael
20.   San Isidro
21.   San José
22.   Flores
23.   El Guarco
24.   Heredia
25.   Oreamuno
26.   San Pablo
27.   Belén
28.   Santo Domingo
29.   Paraíso
30.   Cartago
31.   Alvarado