Exdirector del CONAVI dice que siguió órdenes del más alto nivel para construcción de trocha fronteriza

Carlos Acosta: La Ruta 1856 nunca se concibió como una carretera, y por tanto nunca hubo un diseño ni planos formales de la obra

Carlos Acosta: La Ruta 1856 nunca se concibió como una carretera, y por tanto nunca hubo un diseño ni planos formales de la obra (Foto: archivo).

La carretera fronteriza “Juan Rafael Mora Porras” nunca fue un proyecto del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), sino una iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) encabezado por el entonces titular José María Tijerino y una importante participación de la Cancillería. La decisión de construirla se “nos comunicó” en una reunión de alto nivel gubernamental en Casa Presidencial.

Esto fue parte de reveladoras declaraciones que dio Carlos Acosta, exdirector ejecutivo de CONAVI, en coincidencia con lo adelantado por UNIVERSIDAD de que el cuestionado manejo de la polémica Ruta 1856 o Trocha fronteriza apuntaba a la Casa Presidencial (edición del 16 de mayo 2012).

“No hay una sola mancha en mis actuaciones en el caso que esta Comisión investiga, todas acciones que respondieron a situaciones funcionales y coyunturales, que se me hicieron saber por mis superiores y por funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la República”, sostuvo Acosta ante los diputados y diputadas.

 

Acosta se sacudió de los señalamientos que lo apuntan como un presunto responsable de las irregularidades y corrupciones en la construcción de la carretera fronteriza, la obra estrella de la administración de Laura Chinchilla, ahora bajo el lente investigador de la Fiscalía, la Contraloría General de la República (CGR) y la comisión legislativa, presidida por la libertaria Patricia Pérez.

Valga señalar que un informe de la Auditoría del CONAVI emitido el pasado 9 de julio corroboró graves inconsistencias en los pagos hechos a 42 empresas contratadas en las obras relacionadas con la ruta fronteriza, entre otras irregularidades que evidenció un análisis de los expedientes de esa entidad. (Ver recuadro: “Anomalías encontradas”). Esto motivó la redacción de una “relación de hechos” que solicitó la CGR a la Auditoría para determinar posibles responsables.

Acosta mencionó entre los jerarcas que estuvieron involucrados en el impulso del proyecto, además de Tijerino y el viceministro de Seguridad Walter Navarro, al vicepresidente Luis Liberman, el viceministro de la Presidencia y comisionado antidrogas y de Seguridad Nacional Mauricio Boraschi; al destituido ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez, y al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavidez, entre otros.

El exdirector de CONAVI contradijo a Vanessa Rosales, presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien en anterior comparecencia ante la comisión legislativa descargó toda responsabilidad de la entidad en la fiscalización de los fondos públicos empleados en la Trocha (más de ¢20.000 millones) y se la endilgó al CONAVI.

Sin embargo, Acosta afirmó que fue en la CEN donde se elaboró y aprobó el plan general de la emergencia, que incluyó la construcción de la carretera fronteriza con Nicaragua, y él no tuvo ninguna participación.

Además, sostuvo que fue la CNE y no el CONAVI, la que dispuso el traslado de fondos del Gobierno para que las obras de la carretera se hicieran vía donación.

Esta argumentación es contraria a lo que dijo Rosales a la comisión, de que fue el CONAVI el que pidió hacerse vía donación, figura que según la funcionaria deja en manos del CONAVI y no de la CNE la responsabilidad por el uso de los recursos.

“Digamos que no fue totalmente precisa en algunas de sus exposiciones”, respondió Acosta cuando la presidenta de la comisión le preguntó si Rosales mintió en lo dicho a la comisión.

Alguna gente llega a mentir a la comisión con una tranquilidad que sorprende, y eso no puede seguir, afirmó la diputada Pérez, por lo que anunció que enviará las denuncias correspondientes a la Fiscalía, “para que las personas que lleguen a declarar entiendan  que están bajo juramento y qué es lo que los costarricenses quieren saber”.

Acosta fue citado nuevamente a la comisión, luego que comparezca esta semana y la próxima el exministro Jiménez.

NO ES UNA OBRA DE CONAVI

Acosta sostuvo que la Ruta 1856 (160 km a lo largo de la frontera con Nicaragua) es un proyecto que se ha realizado bajo una condición atípica, que el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino, definió como “un estado de necesidad y situación de emergencia nacional”, y es absolutamente falso (como han afirmado otros jerarcas) que sea una obra ordinaria del CONAVI.

La obra no se concibió como un proyecto ordinario dentro de los proyectos del CONAVI; “a nosotros simplemente nos dijeron: hay que hacer un camino por el que pueda transitar nuestra policía para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacional, que debe ir a cincuenta metros del río y a cinco metros de la línea Mojones”, relató Acosta.

Dijo que en días previos a la Navidad 2010 fue convocado de emergencia a Casa Presidencial, a una reunión sostenida en uno de los despachos de la Presidencia, en la que según recuerda, participaron entre otros Tijerino, Francisco Jiménez, Walter Navarro y Mauricio Boraschi.

Allí “se nos ordena la urgente habilitación de vías de acceso al puesto fronterizo Delta Costa Rica, ya que la única posibilidad de acceso existente en ese momento era por vía pluvial a través del río San Juan, y los efectivos policiacos nuestros no tenían posibilidad de evacuación, ante la inminencia de una confrontación armada con el ejército nicaragüense”.

“En ese momento no estábamos hablando ni de defenderse, estábamos hablando de darles una posibilidad de salir corriendo” a los policías, recordó.

Es importante indicar que se habló de habilitar urgentemente accesos a los puestos fronterizos, y no de construir carreteras, por una situación de emergencia en la seguridad nacional.

En esta primera reunión, liderada por Tijerino, se informó adicionalmente sobre la necesidad de construir una barrera física en el cauce del río Colorado, que imposibilitara el acceso de las milicias nicaragüenses a través de ese río, y que habilitara una puerta para posibilitar el flujo de embarcaciones, y que esto no podía ser tratado como “secreto de Estado”, pero sí que se manejara con absoluta confidencialidad.

Así entonces, frente a la gravedad de la situación, se dispuso el inicio de las obras de acceso a los puestos fronterizos, como una respuesta nacional a las actuaciones de las autoridades nicaragüenses.  Estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Pública definir cuáles eran las prioridades existentes, por tratarse de un asunto concerniente a la seguridad nacional y sobre esa base fue que se dio inicio a los trabajos.

Particularmente, quien definía las prioridades de acción y su detalle, era el coronel Walter Navarro.

Acosta añadió que él salió a vacaciones que debía tomar, y al regresar a trabajar el 3 de enero de 2011 fue informado, sin que pueda precisar por quién, que las obras se habían iniciado en la última semana de diciembre de 2010, y que había maquinaria que había sido contratada y que ya estaba trabajando.

Siguiendo las instrucciones vertidas por el entonces Ministro del MOPT, Francisco Jiménez, y ante la urgencia del caso, se había utilizado la modalidad de contratación de equipo, con la instrucción, además, de que se contratara el equipo disponible en las zonas aledañas a las obras y así fue como efectivamente se procedió.

Desde el inicio de la participación del CONAVI en la atención de la emergencia nacional, es decir, el 23 de diciembre de 2010, ya había asumido la dirección y ejecución de las actividades el ingeniero Manuel Serrano, en su condición de Director Regional del CONAVI de esta zona, y por su experiencia, además, en la atención de proyectos en situaciones de emergencia y en coordinación con la CNE.

Acosta hizo tres giras de inspección a la zona, la tercera junto con Liberman, Boraschi y Celso Gamboa, viceministro de Seguridad. Ninguna de estas giras fueron de carácter técnico, se trataba de giras de alto nivel para informarse del estado de las obras, afirmó, quien insistió en que su participación en este asunto ha sido de índole administrativa.

Las obras se iniciaron en la última semana de diciembre de  2010 y transcurrieron en  enero y febrero. No se había pagado nada y no salía el decreto de emergencia que había prometido el Gobierno, con lo que se podría aprobar el uso de fondos en el proyecto, y entonces ordenó paralizar los trabajos.

Al fin se logró que el 10 de marzo del 2011 se publicara el Decreto de Emergencia, y que posteriormente se diera inicio a la preparación y aprobación por parte de la CNE del denominado Plan General de la Emergencia para la realización y reanudación de estas obras.

El Decreto de Emergencia, más el acuerdo adoptado en la sesión Nº813-2011, del CONAVI, de fecha 15 de marzo del 2011, en la que se emite la declaratoria de rutas nacionales de los caminos intervenidos en esta emergencia, es lo que faculta a CONAVI a invertir recursos propios en la atención de estas rutas, detalló entre otros extremos Acosta.

 


 

Anomalías detectadas

Entre las anomalías que encontró la Auditoría en los expedientes analizados está que en el CONAVI se estableció una unidad que tuviera bajo su responsabilidad la atención del trabajo para cumplir con el decreto ejecutivo que dispuso la reconstrucción y mejora de las rutas de acceso a la zona de Calero (invadida por tropas nicaragüenses). Sin embargo, no se registran acciones tendientes a definir dentro de la estructura del CONAVI la ubicación y alcance de dicha unidad para establecer roles y responsabilidades.

-No se ubicaron documentos en los expedientes que refieran los criterios de selección de los proveedores en particular, ni el mecanismo de control para resguardar que cumplieran con requisitos de idoneidad técnica, financiera y legal.

-Se detectaron empresas de reciente constitución que no estaban inscritas en el Colegio Federado de Ingenieros y de  Arquitectos y que realizaron en apariencia actividades constructivas, y al no poseer maquinaria, algunas utilizaron las figuras de arrendamiento y subcontratación del 100% del equipo.

-En la adquisición de alcantarillas y contenedores (utilizados como puentes) los expedientes revisados no contienen información que permita determinar si se razonó las cantidades y precios,  ni cómo se contactó de previo al proveedor seleccionado.

-En las labores de inspección en campo de los trabajos realizados se detectaron firmas de personas de las que no se pudo constatar su relación con el CONAVI o con el MOPT. No se sabe si contaban con los requisitos básicos que los facultaran para actuar como inspectores, y se desconoce cómo se retribuía la actividad que llevaban a cabo de forma diaria y por varios meses.

-Hay falta de controles de trabajo de campo de los equipos alquilados, al encontrarse traslapes de reportes diarios de un equipo en diferentes facturas en una misma fecha.

-En las facturas de cobro hay omisiones de una numeración predeterminada y consecutiva, tachaduras, borrones, errores de sumatoria y similitudes en la escritura con la que se elaboraron facturas de diferentes empresas.

No medió un bosquejo de las obras que se trata de realizar para tratar de delimitar su alcance, ni se contó con un sistema de información financiero congruente entre lo registrado en el CONAVI y lo desglosado en los planes de inversión de la CNE, debilitándose así la posibilidad de tomar decisiones correctivas ante la presencia de desviaciones.

-Ausencia de controles efectivos en las actividades de campo como fueron cobros presentados sin el respaldo documental completo de trabajo diario, las firmas de inspectores de los que se desconoce su condición laboral y competencia técnica, la falta de exactitud y concordancia en los datos de los informes diarios, las hojas de control de trabajo diario y estimaciones descriptivas que se reflejaban en las respectivas facturas.

 


 

Comisión de alto nivel decidió

Para el diputado socialcristiano Walter Céspedes, miembro de la comisión de Control y Gasto Público, de las palabras de Acosta queda claro que había una comisión de alto nivel que tomó todas las decisiones sobre lo que se iba a hacer en la Trocha. “Aquí Boraschi y el Ministro de Seguridad (Mario Zamora) dijeron que no era cierto. Eso quiero que conste en actas, porque mintieron, porque dijeron que no, que las reuniones eran solamente para ver problemas con el hermano país de Nicaragua, que ahí nunca se tomó ninguna decisión. Cosa que hoy usted (Acosta) ha afirmado que ahí fue donde se tomaron las decisiones, y que yo siempre lo tenía claro, porque tengo las actas de la CNE donde muchos manifestaban que eso lo tenían que llevar a la comisión de alto nivel”, dijo Céspedes.


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