Finqueros cavan tumba para la cultura térraba

No indígenas ocupan propiedades en territorio térraba, sacan provecho sin pagar impuestos y cuestionan la existencia del pueblo térraba y su territorio.

No indígenas ocupan tierras de la reserva, sacan provecho sin pagar impuestos y cuestionan la existencia del pueblo térraba y su territorio

Fotografías por David Bolaños

Genaro Gutiérrez vive en la cima de una colina solitaria, silenciosa y casi desnuda, dispuesta para el reposo del ganado. A su modesta casa la rodean algunos cultivos, y sus animales. La vida es más fácil cuando se está lejos del barullo del pueblo, explica este señor de piel bruñida y semblante curtido, mientras su esposa sirve un vaso con limonada. A sus pies yace la reserva indígena de Térraba: una comunidad que él administró durante doce años, y que presume conocer como la palma de su mano.

Supe de Genaro cuando conversé con el bartender del Flaco’s Bar, que está justo en el centro de Térraba. El muchacho −ni tan flaco− ha sido el administrador del local desde hace un par de años. Mientras yo esperaba que escampara, él me explicaba los problemas que tiene para renovar los permisos de salud del bar.

Y pienso que, claro, Flaco’s de verdad debe tener problemas para renovar sus documentos. En primer lugar, la cantina ni siquiera debería existir: estamos dentro de una reserva indígena y aquí la ley prohíbe vender licor.

El territorio fue declarado reserva en 1977, pero poco a poco y mediante diversos mecanismos los no-indígenas comenzaron a ocupar tierras ilegalmente, muchos se convirtieron en empleadores de los indígenas, sacan provecho de tierras que no pagan impuestos y ahora no solo cuestionan las costumbres ancestrales sino también la existencia misma de la reserva. Los conflictos y brotes de violencia comienzan a brotar teñidos de racismo.

En 1977, la Ley 6172, o “Ley Indígena”, significó una garantía. Se establecieron reservas territoriales para que los pueblos tuvieran potestad exclusiva en ellas. Esta legislación también anuló la concesión de patentes de licores dentro de las reservas.

Sin embargo, en los 12 años como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba, Genaro emitió certificaciones para que algunos comercios sirvieran alcohol. 

DE REFUGIO A TIERRA DE NADIE

Acaba de escampar. Salgo de la taberna y camino sobre la calle de piedras redondeadas, indiferentes ante cualquier neumático, que serpentea a lo largo de las 9.350 hectáreas de la reserva indígena de Térraba. Camino durante diez minutos, con potreros en ambos lados y, ocasionalmente, alguna casa.

Continúo hasta divisar un pequeño rancho con gruesas vigas de bambú. Dos ancianos esperan dentro. Uno de ellos se presenta como Enrique Rivera; el otro permanece en silencio, recostado en una hamaca.

Para que los aborígenes fueran los únicos dueños de las reservaciones, el Gobierno se comprometió a reubicar a las personas no indígenas que habitaban las zonas demarcadas, y a desalojar a cualquier invasor. Palabras fantasma; una gran mayoría de finqueros continuaron en los territorios. El Estado dejó a medias sus obligaciones y promesas.

Enrique ha sufrido desde que era un joven las represalias por defender la autonomía de los aborígenes y el retiro de quienes ocupan ilegalmente el territorio. Para él no es novedad si alguien le grita desde la calle que lo van a matar.

El señor Rivera forma parte del Consejo de Mayores, un grupo constituido por las personas más longevas de la comunidad, que poco a poco ha tratado de restaurar la gobernabilidad indígena en la reserva. “Nosotros defendemos nuestros intereses como pueblo; los que creemos en eso”.

Los esfuerzos no son infundados: en 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) contabilizó que, de los 2.084 habitantes de Térraba, 817 eran no indígenas. Sin embargo, estos ejercen una fuerte influencia sobre el resto de la población. Enrique mira con preocupación el desinterés de algunos de sus vecinos, los cuales “pueden ser muy indígenas, pero no constituyen su derecho”.

Por temor a perder sus trabajos, una porción de la comunidad no reclama su patrimonio. Con la progresiva ocupación de la reserva, el indígena se ha resignado a ser peón de los finqueros y ganaderos de Buenos Aires de Puntarenas.

Cuando se revisan los estudios de catastro y registro, y se nota que los no indígenas ocupaban el 88% del territorio en el año 2007, la conclusión es ineludible: los térrabas están arrinconados en su propia casa.

Los finqueros se jactan de haber obtenido la tierra por medio de compras legítimas, valga resaltar, a indígenas. Por lo tanto, según ellos, el pueblo térraba y el Estado tienen la culpa.

“Hay que aprender a convivir con los demás; sin problemas, ni con el nosotros-tenemos-una-ley. Porque las leyes de Dios son las bien hechas; las de los hombres, no”, dice Genaro Gutiérrez. Para el exlíder comunal es una injusticia arrebatar el esfuerzo de las personas que adquirieron las tierras.

El problema es que sí, es posible que compraran las tierras, pero las adquisiciones no poseen escrituras; el único título para el manejo del territorio como un todo lo posee la Asociación de Desarrollo Integral. Por tanto, el negocio no tendría validez si fue realizado después de 1977.

 PARAÍSO FISCAL

Si usted desea obtener tierras, las reservas indígenas parecerán un ganso que pone huevos de oro. Térraba no paga impuestos, tal como las otras 23 reservas indígenas del país.

Libres de todo derecho de registro y exentos de toda carga impositiva, los finqueros y ganaderos que han ocupado Térraba exprimen cada centavo de ese suelo, y todo pasa a sus bolsillos.

Minor Mora, regidor de la Municipalidad de Buenos Aires, considera que en realidad estos ocupantes se han encargado de “sostener la tierra”, y por ello el Estado les debería entregar incentivos, como los Pagos de Servicios Ambientales que otorga el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

La Asociación Integral de Desarrollo, en lugar de sanar las heridas de la comunidad indígena, dedicó años para avivar el fuego que alimenta la ocupación de la reserva. Para don Enrique Rivera, y para todos los activistas con los que logré hablar, Genaro Gutiérrez ayudó a crear la desigualdad territorial en Térraba.

Genaro, como director de la ADI tiene una trayectoria digna de elogios según empresarios y residentes no indígenas del pueblo, mientras la comunidad que defiende a los indígenas la cuestiona. Lo cierto es que la firma de Genaro sirvió durante más de una década como portillo para la ocupación de Térraba.

Una de las funciones de la Asociación de Desarrollo es la certificación de la identidad aborigen a quienes soliciten un Bono Familiar de Vivienda en la reserva. Sin embargo, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) descubrió que únicamente 35% de las familias que recibieron dicho beneficio antes de diciembre de 2010 eran indígenas térrabas.

Genaro considera inaudito pensar en el desalojo sin indemnización de ese 65% de no indígenas, y señala que sería un acto de discriminación: “(En Térraba) hay mucha envidia, mucho egoísmo, mucho racismo”.

DE CULTURA A MITO

“La cultura se fue perdiendo y perdiendo… hasta que se perdió”. Para Genaro Gutiérrez no hay fundamento para dividir a la comunidad, porque en su opinión la cultura indígena solo es una mentira que ciertas personas, como Enrique Rivera, emplean para sacar beneficio personal.

Eso puede explicar por qué la Asociación de Desarrollo Integral afiliaba a su padrón, de manera arbitraria, a cualquier persona.

Acá la cuestión: sólo los indígenas pueden administrar y tomar decisiones sobre la reserva. Para garantizar este principio, a un consejo de ancianos le corresponde determinar si los miembros de la ADI son indígenas. Aún así, ese requerimiento no entró en función; todo lo contrario: se afiliaron personas no indígenas que vivían dentro y fuera del territorio. Finalmente, en 2012, dichos desacatos a la independencia aborigen le costaron a la Asociación su propia cédula jurídica, y hasta la fecha no se ha renovado.

“¿Qué ley le dice que usted es indígena o no? Ni yo le puedo decir a usted, ni usted puede a mí.” El regidor Mora mete a la Ley Indígena bajo la alfombra y se lanza entre los argumentos del mestizaje para demostrar que en Térraba no hay base para mantener en pie el título de reserva.

Cierto. Es difícil encontrar un pueblo aborigen en Costa Rica que no haya experimentado las secuelas de la Colonia. Además, cada pueblo indígena presenta rasgos diferenciados entre sí. Estas circunstancias hacen que la definición pase más allá de las líneas de sangre; para que una persona realmente se identifique como indígena  también se debe asimilar y honrar la cultura de la cual proviene.

Sin tapujos, el regidor Minor Mora confirma que maneja una finca de 50 hectáreas dentro de la reserva de Térraba. ¿Para qué esconderlo, si todo el pueblo lo sabe?

Mora forma parte de la “Asociación de Agricultores y Poseedores de Buenos Aires de Puntarenas”, donde se organizó junto a cientos de personas que ocupan actualmente los territorios indígenas del cantón, para reclamar sus derechos de propiedad.

“Se hizo una comisión que está representando, diay, mejor dicho a la mayoría de… −el regidor hace una pausa para recalibrar lo que dirá− … Es una comisión de indígenas y no indígenas que está llevando las negociaciones con el Gobierno sobre unas invasiones que han pasado en la zona”.

Este ganadero de cepa se refiere a las medidas que tomó recientemente la comunidad de Salitre, vecina de Térraba, ante cuatro hacendados que ocupaban supuestas tierras comunales. Los indígenas tomaron por la fuerza las propiedades, y fueron contestados de manera violenta a principios de enero. El Estado debió intervenir y acordó que las fincas se desalojaran completamente hasta que se estudie su situación legal.

“Lo que está pasando en el cantón de Buenos Aires es muy peligroso. Estos son focos de… una posible guerra”, comentó Mora, subrayando la presencia en Térraba de grupos que tratan de volcar al pueblo en contra de los finqueros, en un movimiento casi guerrillero.

El 20 de febrero de 2012 fueron decenas de no indígenas quienes dejaron caer una ola de piedras y garrotes sobre aborígenes que reclamaban mejoras en el sistema educativo del Liceo de Térraba, para que este fuese acorde a su cosmovisión. En el tropel que avanzó contra la manifestación −cuya mayoría eran mujeres− habrían estado empresarios y finqueros con negocios en la reserva.

¿Por qué un empresario o un finquero se interesaría en la educación que da un colegio? La cultura indígena tiene un arraigo muy profundo con su tierra y los seres que viven en ella. Promover la educación térraba significa un obstáculo para obtener y conservar terrenos en la reserva; para un hacendado, la cosmovisión del aborigen es una piedra en el zapato.

“No se hable con los líderes de la zona; háblese con el indígena común y corriente”. Para el regidor Mora, el pueblo de Térraba desea la presencia de ellos, los finqueros y ganaderos no indígenas, porque de otra manera se hundirían en la pobreza.

FIN A LA RESERVA

Lo que propone Minor Mora para la paz, armonía y beneficio de toda la población es la eliminación del título de reserva indígena, y que se giren escrituras para cada propiedad.

Aunque Mora reconoce la situación crítica en la que se encuentra la cultura de los térrabas, él considera que eso es señal para dejarla morir, en lugar de buscar su rescate. Además, con un título de propiedad, el indígena podría presumir que “tiene algo”, dice él.

Por medio de la Asociación de Agricultores y Poseedores se quiere demostrar el poder de mayoría que tienen en la reserva, pues según sus miembros, de esa manera el Estado tiene que considerar la derogación de las reservas. Sino “¿dónde metemos quince mil personas?”,  pregunta el regidor con tono alarmado, a la hora de hablar sobre los no indígenas que habitan en el territorio.

En realidad, el número de ocupantes de Térraba no supera los 900. Sin embargo, este sector acapara la porción más grande de territorio: se estima que los no indígenas poseen un promedio de 10,07 hectáreas cada uno, mientras que los residentes nativos apenas 0,88 hectáreas. Si llega a eliminarse la reserva de Térraba, puede verse para quién está hecho el negocio.

Para el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Jorge Angulo, en Térraba falta “poner en orden” a los propietarios, para que estos comiencen a declarar impuestos; buscar quién ha tenido fincas de manera ilegal y tratar de desalojarlo es “llorar por la leche derramada”. Angulo ha participado en las reuniones de los poseedores de tierras, aunque señala que fue para acompañar a su colega de fracción, Luis Alberto Rojas.

Alfio Piva, vicepresidente de la República, visitó el pueblo durante mi estadía para inaugurar el nuevo edificio del Liceo de Térraba; un proyecto que se concretó gracias al trabajo del Consejo de Mayores, y sin la necesidad de una Asociación de Desarrollo Integral.

En los pasillos del colegio, Piva, luego de lamentar el rezago que supone la ausencia de la ADI, sostiene que el Gobierno mantiene un compromiso total para resolver el problema de tenencia de tierras en el pueblo. Sin embargo, el vicepresidente afirmó, “bateando”, que en Térraba apenas un 30% del territorio está ocupado ilegalmente, y que recuperarlo tomará más de 20 años.

Minor Mora me advierte que no debo dejarme confundir por las artimañas de los defensores de ese fulano “derecho indígena”: “la mayoría de dirigentes indígenas no viven en reservaciones; viven en chozonas en San José, con carros de último modelo. ¿Por qué ellos tienen derecho de estar allá con todas esas garantías, y el pobrecito de acá no las tiene?”

Ese mismo día trato de encontrar algún miembro del Consejo de Mayores que tenga carro de último modelo. Cae la noche, y debo dormir bajo el techo de don Enrique Rivera; una casa humilde, sin cielo raso, y con apenas una cortina que cubre mi ventana. Continúo mi búsqueda a la mañana siguiente, sin resultado alguno.

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