Una continuidad en la política exterior que se heredó del gobierno anterior fue la pauta en el primer año de la administración del mandatario Luis Guillermo Solís Rivera.
En el aire han quedado hasta el momento las expectativas sobre un mayor protagonismo del país en la integración centroamericana y diversificación de nexos con las naciones suramericanas y otras áreas, que cabía esperar de declaraciones tempranas del presidente Solís, politólogo e historiador ducho en temas de política internacional.
Como presidente electo −en entrevistas con diversos medios, incluido el diario francés Le Monde− Solís creó expectativas con sus intenciones de diversificar las relaciones internacionales, abarcando el fortalecimiento de nexos con bloques comerciales y políticos de América del Sur, así como propiciar un incremento de la colaboración entre Centroamérica y Rusia, entre otros.
En un conversatorio organizado por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Investigación y Adiestramiento Político en el mes de octubre, el mandatario puntualizó sus prioridades en política exterior.
Las relaciones con Estados Unidos deben continuar siendo estables y cordiales, pues es el principal socio comercial de Costa Rica, y hay una cooperación en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, dijo.
Costa Rica además debe participar activamente del debate regional en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), estableciendo alianzas claves y marcando límites claros, e insistir en una reforma estructural que permita caminar hacia una integración política y económica real. Debe mantener el diálogo con otros bloques regionales, entre ellos Unasur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Alianza del Pacífico, puntualizó Solís.
Carlos Murillo, analista de política internacional y profesor universitario, hizo ver que en esos discursos y durante la campaña habían innovaciones y se anunciaron cambios en el estilo de la política exterior, los cuales no se dieron en mucho por los compromisos que ya estaban establecidos y porque la política exterior de un país no se cambia de un día para otro.
A su juicio, la Administración ha tenido un papel activo en el cumplimiento de los compromisos asumidos por Costa Rica como actor internacional. El primero era la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), celebrada en febrero, en la cual Costa Rica tenía la presidencia pro témpore que había asumido en la administración pasada, y por lo tanto era un proceso que debía continuar.
Otro frente importante es el litigio con Nicaragua por la isla Calero, que ya era un proceso establecido ante la Corte Internacional justicia de La Haya, en Holanda. Y un tercer eje son los compromisos en el marco del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), a los que también se les ha dado continuidad.
Debilidades
“Lo que si siento es que donde ha habido debilidades es en la parte administrativa. El canciller se ha encontrado con una serie de dificultades que le han absorbido la mayor parte del tiempo, donde aún hay embajadores y otros funcionarios sin nombrar, y eso le ha generado problemas en la gestión interna del Ministerio”, señaló Murillo.
En criterio de Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica, “no se ha visto ningún cambio en política exterior en relación con el anterior gobierno”.
Lo de la Celac o la gestión para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) −cuya principal promotora fue la anterior ministra de Comercio Exterior, Anabel González− fueron temas heredados a los que se les dio seguimiento, apuntó.
“Uno siente que en política exterior ha habido una acción por inercia”, dijo Boeglin, tras recordar que el primer viaje de Solís al exterior como presidente fue a Estados Unidos, para atraer inversiones; y la primera gira dentro del país fue a la trocha fronteriza. Con ello, el mensaje que daba era que seguía en la misma línea de la confrontación con Nicaragua, que se dirime en La Haya.
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Fue un error –consideró Boeglin− que Solís no invitara personalmente a Daniel Ortega a su toma de posesión, como sí lo hizo con el resto de mandatarios centroamericanos. El presidente perdió la oportunidad de reencauzar y “desanjuanizar” las relaciones con Nicaragua, de lo que habló en campaña cuando decía que no era provechoso para los dos países mantener la conflictividad respecto al río San Juan.
Ni siquiera ha habido cambio de embajador en Managua −como para dar una señal− y se sigue con la inercia de las demandas presentadas en La Haya. El argumento de Solís, de que no se va reunir con Ortega hasta tanto la Corte Internacional no defina el litigio, es inconsistente, porque el hecho de tener un problema en La Haya no significa que los presidentes no hablen de muchos otros asuntos que tienen los Estados, cuestionó Boeglin.
En este tema, Murillo cree, por el contrario, que es muy difícil pensar que las relaciones con Nicaragua pasen a otro nivel mientras no se resuelva el litigio en La Haya.
Para Boeglin también ha sido inconveniente la participación personal que tuvo el canciller González en la reciente audiencia final en la Corte de La Haya. No se entiende que eso lo haga González, quien es abogado y sabe bien que en las audiencias en La Haya nunca intervienen las autoridades políticas de los países contrincantes, sino que se deja a los expertos y a los 17 jueces resolver el tema en litigio, justamente porque los políticos no supieron encontrar una solución.
Además, el hecho de que González haya estado dando valoraciones a la prensa sobre lo actuado por Nicaragua en la audiencia, no se sabe cómo podría ser visto por los jueces, que se aprestan a emitir sentencia, y que monitorean y son sensibles a las declaraciones de las autoridades políticas de los Estados en litigio, advirtió Boeglin.
Se quiso obtener declaración del canciller González y su jefa de prensa, Melissa Durán, dijo que avisaría cuando el ministro podría atender la consulta, pero no concretó el ofrecimiento.
Traspiés diplomáticos
Más recientemente, el destituido viceministro de Ciencia y Tecnología, Allan Ruiz, también habló del ofrecimiento de una embajada para que dejara su cargo, por parte del ahora cesado ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
En ambos casos, el canciller González negó que él o el presidente hubieran tenido conocimiento de tales propuestas.
Mientras tanto, opinar en Facebook contra la Procuradora les costó la cabeza a los embajadores designados en Bolivia y Corea del Sur, Patricia Gómez y Roberto Zamora. Posteriormente el embajador en Venezuela, Federico Picado, también fue cesado en sus funciones −a solo dos meses de haber asumido−, tras opiniones que dio al diario La Nación, en las que contradecía versiones de sectores opositores al gobierno venezolano, sobre la situación interna de ese país.
La destitución del diplomático –adujo el canciller González− no era para congraciarse con uno u otro país; se debió a que el embajador desacató disposiciones reglamentarias del Servicio Exterior, en cuanto a la publicación de opiniones políticas inconsultas. Es señal de que el Gobierno actúa diferente a otros en el pasado, cuando este tipo de situaciones se hubieran pasado por alto con “una palmadita en la mano”, aseguró.
Sin embargo, sí pasó por alto el caso del embajador en Israel, Rodrigo Carreras, que durante los bombardeos a la población palestina en la franja de Gaza −a mediados del año pasado− defendía abiertamente el comportamiento israelí, y lejos de ser reprochado, fue nombrado en diciembre como embajador en Cuba.
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