El Tribunal Contencioso Administrativo definirá el poder que la Contraloría General de la República y el Gobierno tienen sobre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Así se desprende de la demanda que el ICE presentó el pasado 12 de agosto y que se encuentra en trámite desde el 26 del mismo mes.
El caso tiene su origen en una serie de observaciones que el ente contralor realizó sobre el manejo de Radiográfica Costarricense (RACSA), subsidiaria del ICE.
Para el Consejo Directivo del ICE, las medidas planteadas por la Contraloría –de acatamiento obligatorio– eran de carácter administrativo y no de control, lo que choca con sus funciones.
Mediante un comunicado de prensa el ICE reconoció la importancia del papel fiscalizador de la Contraloría General pero advirtió que a su parecer el ente contralor habría intervenido en la parte administrativa de la institución, generando una invasión de competencias.
Dentro del mismo proceso, el ICE ha cuestionado la rendición de cuentas a la que debe someterse ante el Consejo de Gobierno.
Con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, se ordena al ICE, único oferente público de estos servicios, a presentar semestralmente informes e indicadores tanto de sus operaciones centrales como de las empresas subsidiarias.
Según la institución, los artículos 36 y 37 de dicha Ley ampliaron excesivamente la rendición de cuentas, por lo que ahora aspiran a la derogación del Decreto Nº 36984-MINAET, regulador de dicha norma.
La institución insiste en que la aspiración principal del proceso no tiene que ver con transparencia o rendición de cuentas, sino con la definición del marco jurídico que somete al ICE.
Esta demanda coincide con otra presentada por el mismo ICE semanas atrás contra la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), órgano supervisor de sus operaciones, por no actualizar sus estudios desde el año 2009.
Los datos que utiliza la SUTEL tienen ya tienen seis años de atraso y por ello ya no reflejarían la realidad de las telecomunicaciones en el país, el ICE es el único operador de telecomunicaciones declarado “importante”, lo que representa obligaciones técnicas y administrativas que no tienen sus competidores.
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