IMAS continúa indagaciones

Mientras el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúa las auditorías iniciadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que

Mientras el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúa las auditorías iniciadas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que sus consultores y consultoras son objeto de «persecución política».

En proyectos para combatir la pobreza el IMAS gastó ¢1.520 millones, provenientes de los recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

A pesar de la renuencia expresada por el PNUD para divulgar los nombres de las personas que, durante la administración anterior, desarrollaron proyectos para combatir la pobreza por un monto de ¢1.520 millones ($4.6 millones), provenientes de los recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Auditoría Interna de esta institución pública continúa con su labor de buscar toda la información requerida.

Silvia Lara Povedano, presidenta ejecutiva del Instituto confirmó a UNIVERSIDAD que el proceso encargado por la Junta Directiva continúa su curso, y que espera poder brindar la información al país en un plazo razonable.

Como es de conocimiento público, por orden de la Sala Constitucional, a raíz de una solicitud del entonces diputado José Merino del Río, la actual administración del IMAS inició una investigación sobre la contratación de servicios del PNUD realizada por IMAS durante los años 2000, 2001 y hasta mayo del 2002, para desarrollar 17 proyectos. Sin embargo, hasta el momento la nueva administración del Instituto no ha podido obtener, del PNUD, el detalle de cómo se invirtieron esos fondos y quiénes fueron las personas contratadas para ese fin.

Posteriormente a la gestión de Merino, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Contraloría General de la República investigar la transferencia de fondos que el IMAS realizó al PNUD. También el diputado Carlos Benavides y la Defensoría de los Habitantes se sumaron a esta indagatoria.


En respuesta a una carta de Albino Vargas, secretario general de ANEP, fechada el pasado 23 de mayo, el gerente general del IMAS, Fabián Trejos Cascante, explicó que, bajo la administración Rodríguez Echeverría, «la oficina de Naciones Unidas en Costa Rica atravesaba por una situación presupuestaria difícil y se estaba valorando la opción de cerrar su oficina en Costa Rica, situación que se consideraba inconveniente para los intereses nacionales, dado el importante aporte que este Organismo Internacional podía ofrecer al Gobierno de la República.»

Por esta razón -agregó- «se definió que el IMAS era la Institución idónea para canalizar los recursos necesarios para financiar estos proyectos», dado que su Ley Constitutiva le permitía «procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y extranjeras.»

Y en su última comunicación sobre el tema a la presidenta Ejecutiva del Instituto, el pasado 12 de setiembre, la Representante Residente del PNUD, Ligia Elizondo de Montenegro, afirma que «la colaboración con el IMAS se inició en el año 2000 por una decisión estratégica del entonces Presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, para impulsar programas de combate a la pobreza, teniendo en cuenta que este es uno de los temas de especialización del PNUD.»

Además, Elizondo reitera que «el PNUD ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de todos los productos para los cuales se solicitó nuestra participación. Estos productos y su correspondiente documentación han sido debida y formalmente recibidos por el IMAS y para su elaboración se acataron a cabalidad todas las normas y procedimientos sancionados por el país.»

No obstante, el IMAS sostiene que la información dejada en la sede de la institución por la administración anterior no está completa y, por ello, la Junta Directiva encargó a su Auditoría Interna completarla.

Así, el 3 de setiembre pasado la Presidenta Ejecutiva del IMAS envió una carta a Elizondo en la cual le comunica los nombres de las funcionarias y funcionarios de la Auditoría Interna que irían a las oficinas del PNUD a fotocopiar la información.

Según una nota de prensa del IMAS, este proceso tiene el propósito de «determinar si las cartas de entendimiento de los proyectos cumplen con los fines institucionales, si lo ejecutado corresponde a lo pactado en las cartas de entendimiento y, en general, conocer el uso de fondos.»

Además, en una entrevista con UNIVERSIDAD el 3 de setiembre, Lara Povedano expresó su preocupación porque los montos por los cuales se contrataron las consultorías son elevados y no queda claro quién tomaba la decisión sobre las personas a contratar. La auditoría también permitirá saber si lo pagado al PNUD por cada producto desarrollado es un precio justo.

«PERSECUCIÓN POLÍTICA»

No obstante, en su comunicación a la Presidenta Ejecutiva del IMAS, del pasado 12 de setiembre, la representante del PNUD afirma su decisión de resistirse a colaborar en lo que considera «una persecución política» a sus consultores y consultoras.

«Si existiera algún caso específico en que se considerara que no se han aplicado las normas y procedimientos acordados, estamos en la mejor disposición para analizarlo conjuntamente y determinar si existe o no una falla. También estamos anuentes a recibir cualquier reclamo específico que existiera con la calidad de los productos entregados al IMAS y a realizar las adecuaciones que en ese caso fuesen necesarias. A lo que nos encontramos renuentes es a sujetar a nuestros consultores a una suerte de persecución muy poco transparente, donde parecieran prevalecer intereses específicos y políticos, en vez de un espíritu constructivo en aras del bien nacional», dice Elizondo.

Agrega que «en vista de que he observado un sesgo claramente político en algunos comentarios que he leído a las contrataciones del PNUD,

quisiera ratificar que el Sistema de Naciones Unidas no discrimina ni por raza, ni por religión, ni por ideología, afiliación política o cualquier otro concepto. En las contrataciones aplicamos principios universalmente aceptados, como son la calificación académica y las competencias profesionales.»

Además, la representante del PNUD afirma que este organismo internacional contrató a las personas que el IMAS le solicitó: «También quisiera recalcar que estos productos son el resultado del trabajo realizado por un conjunto de especialistas, algunos de muy alto nivel, contratados para esos fines por el PNUD, a solicitud del IMAS, en congruencia con los procedimientos de ejecución nacional.»

No obstante, en la entrevista con Lara Povedano, publicada en la edición 1494 de UNIVERSIDAD, a la pregunta de si el Gobierno pudo recomendar al PNUD que contratara a determinadas personas de su interés político o partidario para realizar los proyectos, la funcionaria del IMAS respondió que «el mecanismo se puede prestar para eso.»

Todo indicaría, pues, que, tanto para el PNUD como para el IMAS, lo más sano sería dar a conocer los nombres de las personas contratadas para desarrollar los proyectos, pues fueron escogidas por su idoneidad y no por favoritismo político. Es de esperar que las auditorías del IMAS hagan pública esta información.


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