Las agrupaciones políticas en general sufrirán ahora y en las próximas elecciones nacionales del 2006, las consecuencias de los hechos de aparente corrupción que han trascendido a la ciudadanía del país en los últimos meses.
«Con lo que acontece nadie gana y pierden todos», aseguran dirigentes políticos y quienes analizan los acontecimientos más recientes sobre corrupción, los cuales han conmocionado a la población y han asestado un golpe más a la alicaída credibilidad de la clase política costarricense.
Víctor Morales -precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)-, Antonio Álvarez Desanti -precandidato de Liberación Nacional (PLN)-, y Francisco Barahona Riera -politólogo-, coincidieron en que el destape de negocios de dudosa legalidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la vinculación a ellos de reconocidas figuras políticas del PUSC, repercutirán sobre todos los grupos políticos en el próximo proceso electoral nacional.
Discrepó de esta opinión Ottón Solís -líder del Partido Acción Ciudadana (PAC)-, tras considerar que tampoco subirá el abstencionismo «si la gente se percata de que la corrupción no es un problema general, de que hay gente y partidos decentes en la política».
Cabe recordar que los medios de comunicación divulgaron informaciones que revelaron la participación del exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier en el recibimiento de pagos por más de $400.000 relacionados con el crédito recibido de Finlandia por la CCSS y del cual empresas de la Corporación Fischel canalizaron la entrega de comisiones por $8 millones.
De estas transacciones aún no aclaradas se habría beneficiado el expresidente ejecutivo de la Caja -Eliseo Vargas-, exdirectivos de esa institución y otras personas. La investigación del entramado de este préstamo es investigado por el Ministerio Público y no se descarta que otros exfuncionarios públicos resulten implicados.
GOLPE PARA TODOS
Respecto a los hechos referidos, la mayoría de entrevistados expresó algún tipo de pesar, ya sea porque involucra a personas queridas -como lo manifestó el socialcristiano Víctor Morales- o por las implicaciones para la democracia y el sistema electoral -como lo hizo ver Ottón Solís-.
Entre ellos impera el criterio de que el impacto político de los últimos acontecimientos afectará tanto a los dos partidos mayoritarios: PLN y PUSC, como a los minoritarios, establecidos o por crear en los próximos comicios.
El precandidato del PUSC -Morales- reconoció que su partido sufrirá un impacto directo, aunque extendió el remezón general al resto de agrupaciones, en vista de que enfrentarán como una primera secuela, «un incremento en la incredulidad, apatía y desesperanza de los ciudadanos hacia los partidos y el liderazgo político».
«Sin embargo -agregó-, pienso que estas circunstancias también tienen que ser capitalizadas para convertirlas en oportunidades de replanteamiento de las cosas hechas y para aprovecharlas para un relanzamiento de las acciones que en el caso particular del PUSC se pueden estar realizando».
Morales dijo que los hechos recientes requieren de parte del PUSC una respuesta acorde con el sentir de los socialcristianos y del país. «Ellos reclaman apertura y transparencia. Si en el PUSC no tomamos este camino, nos exponemos a un desencanto político y electoral de dimensiones inimaginables, que incluso pueden poner en peligro su misma existencia. Entonces, el partido debe decirle a los costarricenses muy claramente, que está dispuesto a revisar de manera profunda, transparente y hasta sus últimas consecuencias, todas las actuaciones políticas y éticas de sus órganos y dirigentes, relacionados con los hechos referidos».
Por su parte, el precandidato del PLN -Antonio Álvarez- comentó que se da un repudio de la sociedad hacia todos los grupos políticos, dado que la gente ve que se están cometiendo actos corruptos y que un sector político inescrupuloso obtiene beneficios personales de empresas estatales.
No descartó que pudieran aparecer involucrados del PLN en la corrupción vinculada con la CCSS; «si los hay ojalá que salgan rápido, para poder tomar acciones concretas en contra de ellos», expresó.
Mientras tanto, el líder del PAC -Ottón Solís- cree que en el país había una política tradicional que se había llenado de esos actos de corrupción.
Respecto a las consecuencias, afirmó que «depende mucho de lo que la prensa haga, pues aquí ha habido una tendencia a generalizar todo, y esto le ha servido mucho a los políticos tradicionales; esto se vio en el tema de las finanzas de los partidos y recientemente no me atacan porque no tienen nada con qué hacerlo, pero crean la sensación de que todos los políticos son iguales».
Según Solís, en todo esto nadie gana o pierde. «Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que se proceda correctamente en los juicios y que la institucionalidad del país no se afecte, ni la fe en la democracia», puntualizó.
UN MAL VIEJO
Para el politólogo Francisco Barahona «ya tenemos años de estar percibiendo cómo la crisis de la clase política -independientemente de si sucede un caso concreto en un partido o en otro- afecta en general la percepción ciudadana sobre la dirigencia política. Por eso, no me cabe la menor duda de que esto va afectar a todos los partidos políticos».
«Lo que pareciera más lógico en una perspectiva es la renovación integral de los partidos políticos -incluyendo los tradicionales- con nuevas personas, que den garantía de ética, de no estar mezclados en negocios privados y dispuestos a aprovechar los negocios públicos».
En su criterio, solo así la ciudadanía podrá volver a retomar un poco esa confianza que está perdiendo cada vez con mayor celeridad y se evitaría además una especie de cólera latente, que es sumamente peligrosa si se le suma una distribución de la riqueza cada vez más concentrada en pocas manos.
Barahona Riera estima que los últimos hechos de corrupción, «ponen en evidencia que la crisis política del sistema tiene varias décadas, y que los políticos y las dirigencias – quienes deberían interpretar las preocupaciones ciudadanas y remozar el sistema político- han tomado la decisión de no hacer nada, de posponer los cambios; lo que enfrentamos ahora como testigos, es la reacción a no remozar los partidos políticos, la ley de financiamiento, las leyes que tutelan el Tribunal Supremo de Elecciones, de no adoptar leyes anticorrupción».
De acuerdo con el politólogo, cuando existe una crisis y también una salida a ella, se da una disminución de la tensión que esta genera. «Pero, lo que tenemos es una crisis en aumento y sin soluciones. Esto provoca desesperanza, decepción y aumenta la posibilidad de reacciones violentas del sistema social».
Afirmó no tener dudas de que en las próximas elecciones se verán la consecuencias de la coyuntura que vive el país en este momento.
En este sentido, añadió que «la gente está decepcionada, porque pareciera que trabajar en política es trabajar en contumacia con la no ética. Es bastante lógico que haya primero una respuesta de no participar ni interesarse en la política. Pero, esto es peligroso porque se reduce la participación ciudadana, aumenta la tensión y aquí podemos tener salidas peligrosas desde el punto de vista democrático».
Barahona aseveró que la corrupción tiene años de ocurrir y posiblemente décadas. La divulgación de estos hechos es quizás lo único positivo de esta coyuntura, indicó.
Ante el impacto que esto tendrá sobre los partidos políticos y en las próximas elecciones, no descartó una segunda ronda electoral.
