Las embarcaciones desprenden las aletas de los tiburones en altamar, arrojando el resto del cuerpo. (Foto: Pretoma)
La posibilidad de aplicar temporalmente una veda parcial o total a la pesca de tiburón es descartada por la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
La solicitud planteada por la Defensoría de los Habitantes la semana anterior, al parecer no tendrá apoyo de las autoridades del sector, al considerar que dicha iniciativa carece de un fundamento técnico, y científico.
La Defensoría solicita establecer un freno a la pesca de tiburón, hasta que no se cuenten con datos claros sobre las poblaciones de las diferentes especies de tiburón presentes en aguas nacionales. No obstante, de aplicarse la medida, los mayores perjudicados serían los pescadores, aduce el Incopesca.
Luis Dobles, presidente de la junta directiva del Incopesca, calificó la solicitud como “poco factible, e improcedente”, dado que “una medida de este tipo tendría serias implicaciones de carácter económico y social”.
A su parecer, una decisión de ese tipo no debe ser tomada unilateralmente por el país, ya que así no tendría ningún efecto. “Una medida de tal naturaleza, tomada en forma aislada por nuestro país, no beneficiaría en nada a la conservación de la especie, si no se toman acuerdos con otros países, como mínimo en la región Centroamericana”, argumentó.
Mientras tanto, para el defensor adjunto de los habitantes, Luis Fallas, la situación adquiere un grado de complejidad ante la negativa del Incopesca, ya que esta institución es la que debe adoptar medidas para la preservación de especies marinas, e incluso señaló que algunas variedades de tiburón están amenazadas con desaparecer, por lo que es urgente alguna medida.
En caso contrario, Fallas advirtió que se deberá “señalar con el dedo los responsables de una situación que atenta contra esta especie. El Estado tiene que tomar una decisión, estamos ante una situación que podría atentar contra su supervivencia, y si ya no tenemos estas especies, ¿de qué va a vivir la gente?”, preguntó.
Considera que aún hay oportunidad para tomar una decisión oportuna y por eso anunció que batallarán para que la propuesta tenga eco en las altas autoridades del Ejecutivo y la decisión sea aplicada.
INTENTOS FRUSTRADOS
Si bien en el año 2005 la legislación nacional estableció que los pescadores están obligados a descargar en los muelles las aletas adheridas al cuerpo del tiburón, no fue sino hasta en el 2010 que las autoridades ordenaron hacerlo únicamente en muelles públicos, con vigilancia de sus inspectores.
Ya en octubre del 2012, el aleteo fue prohibido mediante un decreto ejecutivo, que impide la importación de los productos sujeto a esta práctica. En su momento, la mandataria Laura Chinchilla afirmó que el decreto obedece a criterios ambientales, económicos y sociales, y que “es una práctica que Costa Rica no acepta, y queremos enviar una señal clara de nuestro repudio a este tipo de actividades”.
Sin embargo, los esfuerzos solo han sido eso, dado que en el 2011 en aguas costarricenses murieron entre 350.000 y 400.000 tiburones, según lo cuantificó el ministro de Ambiente y Energía, René Castro.
Como parte de las iniciativas en contra de la corta de las aletas de los tiburones, el Programa de Restauración de Tortugas Marina (Pretoma), propone la campaña “Más tiburones vivos”, que entre otras cosas también impulsa la promulgación de la veda a la pesca de tiburón.
Mariano Castro, de esa organización, explicó que si bien los esfuerzos para prohibir la práctica han sido innumerables, “la pesca de tiburón continúa”. Los datos que maneja el Pretoma revelan que en algunos casos las reducciones en especies llegan hasta en un 90 % y 95 %, advirtió.
Las aletas de tiburón son compradas a buenos precios, principalmente en los mercados asiáticos. Dicha actividad consiste en atrapar al tiburón con la única intención de cortarle sus aletas y arrojar el cuerpo al mar nuevamente.
