La solicitud de que Costa Rica esté “bajo la lupa” del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, para “velar por que los compromisos asumidos por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante su visita de hecho se cumplan”, fue una de las principales preocupaciones expresadas durante el foro “Procesos de consulta y autonomía indígena: el caso del Proyecto Hidroeléctrico Diquís”.

Esas palabras fueron expresadas por la líder indígena Isabel Rivera, como una petición para el relator James Anaya, durante la actividad organizada por la Escuela de Antropología de la UCR y por un proyecto interuniversitario entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), de capacitación sobre temas relacionados con los territorios indígenas.

Este foro, celebrado en el auditorio de la Facultad de Educación el 27 de abril, fue de las últimas que realizó en el país Anaya, cuya visita tuvo el fin de conocer el proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el terreno y hablar con ambas partes.

Rivera, quien proviene del territorio indígena Térraba y forma parte de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, indicó que el río General Superior, que alojaría la represa, “es parte de nuestro sistema de vida; la represa significa un daño irreparable y una violación a los derechos de los pueblos indígenas; al pueblo de Térraba se le ha negado el derecho a su autodeterminación”.

Desde un inicio el Proyecto Hidroeléctrico Diquís ha sido polémico y ha enfrentado la oposición de líderes comunales del territorio indígena de Térraba. Cabe recordar que en agosto del año pasado, la jefa de fracción del oficialismo en la Asamblea Legislativa, Viviana Martín, informó al país que el Gobierno había retirado su apoyo al proyecto de ley de autonomía indígena, porque podría significar un escollo difícil de superar para la obra hidroeléctrica.

Uno de los temas que más reclaman los indígenas y que quedó patente en el foro, es el hecho de no sentirse debidamente informados, y que no se les ha tomado en cuenta su parecer al respecto, antes de que el ICE ocupara tierras dentro de su territorio.

Durante la visita de Anaya al país, el ICE se comprometió a desalojar los terrenos en mención y a implementar una consulta más amplia. De ahí el reclamo de la dirigente Rivera, para mantener al país “bajo la lupa”. “La mayoría de la comunidad no hemos visto la buena fe; han trabajado desde el 2006 sin consultarnos”, reclamó.

Se refirió además al hecho de que en el 2008 el gobierno de Oscar Arias declaró el proyecto de interés nacional y conveniencia nacional, e indicó que este cambia las estructuras de vida que conservan, por lo que “si es de interés nacional, los 24 territorios indígenas deberían ser consultados”.

Por su parte, Franklin Ávila, director del proyecto, aclaró que el ICE ha realizado estudios etnográficos, ambientales y sobre el patrimonio cultural tangible e intangible en el sitio; además de reuniones con diferentes grupos de las comunidades; añadió que “tribunales nacionales han determinado que nuestro proceder es bueno”.

Agregó que se llevará cabo un proceso de preconsulta para definir todos los detalles, para lo cual -según dijo- la institución solicitó “el acompañamiento” de James Anaya. “La propuesta de consulta será modelo de buena fe y transparencia”, prometió (ver recuadro “Indígenas definirán plazos y agenda para consulta”).

Al responder preguntas del público, Ávila hizo ver que el espíritu de la consulta que se hará a los indígenas, “no es decir sí o no, sino llegar a acuerdos”.

EDUCACIÓN NECESARIA PARA CONSULTAS

El embalse del Proyecto Hidroeléctrico Diquís ocuparía 818 hectáreas del territorio Térraba y 97 hectáreas del territorio China Kichá, según explicó Ávila. Añadió que “de manera indirecta” afectará las localidades de Ujarrás, Salitre y Cabagra, al noreste del proyecto, por lo que el ICE pretende que sean incluidas en la consulta.

Por su parte, el relator Anaya dijo que su preocupación principal radica en el derecho a la información y educación que deben tener los pueblos indígenas, así como “monitorear las condiciones de los derechos humanos de los indígenas, recibir y solicitar información en aquellos casos donde se alegue violación de esos derechos”.

Tras enfatizar que el tema de la consulta es “central”, detalló que ancianos indígenas de todo el mundo destacan la importancia de la educación, tanto en el conocimiento tradicional de sus pueblos como en el de la “sociedad mayor”. “No se puede hablar de consulta mientras no haya una educación en áreas pendientes, como el derecho o la ingeniería”, sentenció.

A partir de allí ocupó su tiempo en hablar de las bondades de un programa de educación indígena que desarrolla la Universidad de Arizona, donde trabaja.

Mientras tanto, Hugo Lázaro, representante de la Mesa Nacional Indígena y dirigente comunal del territorio indígena de Rey Curré, se quejó de la baja tenencia de la tierra en manos indígenas; “si no hay garantías jurídicas sobre la libre determinación, no hay bases para la negociación entre indígenas y Estado”, reprochó.

Lázaro también criticó el hecho de que la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos son firmados por el país de inmediato, “pero hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace; en la realidad no se aplican los derechos que allí se consagran. El Proyecto Hidroeléctrico Diquís no va a transformar el mundo, pero sentará las bases para la discusión que vendrá sobre los recursos naturales en los territorios indígenas”.

“Indígenas definirán plazos y agenda para consulta”

Luego del mencionado foro realizado en la UCR, Franklin Ávila, director del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, atendió en conjunto a equipos periodísticos de UNIVERSIDAD y del programa Era Verde, de Canal 15 y se refirió a las condiciones del proceso de consulta que debe realizar el ICE.

¿A qué plazo proyecta el ICE realizar la consulta a las comunidades afectadas?

-El mismo relator ha dicho que el espíritu de la consulta es llegar a acuerdos y vamos hacia un consentimiento. Tomamos de James Anaya el concepto de una consulta de la consulta, una propuesta que haremos llegar a los grupos representativos y ellos definirán plazos y agenda, lógicamente con los estudios que hemos hecho.

¿Por qué se habla de una consulta ahora y no se realizó en las primeras etapas del proyecto?

-Se trata de un gran proceso, como lo dijo Hugo Lázaro, de ver cómo llegamos a acuerdos y requerirá muchas reuniones. En su momento nosotros queríamos hacer un estudio para articular toda esta información.

Inicialmente los técnicos pensaron que lo único necesario a consultar eran los impactos del proyecto y su mitigación. Ahora se trata de llevar  el tema al seno de las organizaciones indígenas y que digan qué  es lo que quieren preguntarle a la gente, qué otros temas consideran relevantes.

El Relator de la ONU ha manifestado que tiene gran esperanza en que el proceso sea exitoso, pues visualiza que se puede llegar a acuerdos al ver una gran apertura de parte nuestra.

¿Qué pesa más en un diferendo de este tipo: el respeto a la integridad cultural territorial o la oferta de beneficios económicos para la comunidad?

-Tiene que haber transparencia y respeto tal y como mandan las normas internacionales. Entregamos al señor Anaya un borrador de propuesta de consulta, para que nos haga comentarios. Quizás hay que aclarar que las 800 hectáreas en Térraba registralmente son de Térraba, pero no están en manos de indígenas. Es algo que vemos como una oportunidad y algunos indígenas también lo ven así: el Proyecto Diquís ayudando a recuperar tierras.

El Estado tendrá que decidir junto con los territorios indígenas- si hay que buscar un plan B al Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que significa 650 megawats. Muchos de quienes se oponen, ¿qué soluciones plantean? Todos queremos electricidad, pero no se quiere sacar de parques nacionales ni de territorios indígenas. ¿Tendremos que recurrir al carbón o a la energía atómica? La institución,  por mandato de ley, tiene que buscar soluciones al sistema eléctrico nacional, tiene que pensar y plantearle al Gobierno opciones si hay algún problema con el proyecto Diquís.