Grupo considera necesario que se vuelva a discutir la pertinencia de contar con un Estado laico.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tuvo poco control sobre la jerarquía de la Iglesia Católica en los pasados comicios presidenciales, lo que provocó que se mezclara la religión con la política y se menoscabara la esencia cívica del sufragio, concluyó un informe de la Auditoría Electoral Ciudadana, iniciativa de control conformada en el 2009 por integrantes de la sociedad civil.
El documento denominado “Sufragio como derecho cívico y laico” es el primero de ocho avances que además analizarán otros temas electorales como financiamiento de los partidos políticos, papel de los medios de comunicación y participación de las mujeres.
De acuerdo con dicho informe, el accionar de la religión católica en las elecciones interfirió en la libre determinación de las personas votantes. El TSE, al ser la institución rectora del área, debe tomar en cuenta que vela por los derechos de una ciudadanía plural y diversa en materia religiosa y otros campos, y si las estructuras religiosas se entrelazan con el poder político y además con este mismo organismo, surgen discrepancias para defender ese carácter cívico del sufragio, detalló el análisis.
INTERFERENCIA
La relación estrecha entre la religión y política puede darse, según el documento, aunque las agrupaciones políticas no difundan propaganda explícita que invoque motivos religiosos. En las votaciones de febrero, se denotaron otras prácticas de la jerarquía de la Iglesia Católica, en las que se involucró a los candidatos y candidatas a la presidencia y al mismo TSE.
Estos comportamientos se evidenciaban antes del proceso electoral; por ejemplo, al concluir el referendo para aprobar o rechazar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el 7 de octubre del 2007, el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado afirmó en un discurso que se encontraban “congregados ante el altar de las urnas; hemos sido partícipes, en la eucaristía del voto, de un acto de fe en la democracia”. En este combinó términos eminentemente religiosos con ese hecho político.
El politólogo Gerardo Hernández, encargado de la elaboración del trabajo base de este documento, aseguró a UNIVERSIDAD que el control por parte del TSE se da de manera explícita solo en la sentencia en la que ordenó a Francisco Ulloa, obispo de Cartago, a abstenerse de hacer llamados a no votar por candidatos o candidatas que a su juicio no compartieran los valores de la fe católica (que se dio al declarar con lugar un recurso de amparo electoral). Empero, se criticó que esta resolución no se hizo con prontitud, sino después de las elecciones, a pesar de las claras evidencias.
Tampoco hubo control frente a los constantes posicionamientos electorales de la Conferencia Episcopal, que reflejaban las mismas posiciones de Ulloa y la presión hacia quienes aspiraban a la presidencia.
“El tribunal debió hacer mínimo un llamado. Pero lo difícil es cuando el mismo TSE es promotor de cierta presencia religiosa, porque es un espacio público y no solo para las personas que siguen la religión católica”, aseguró Hernández, quien citó como ejemplo la misa realizada en el arranque de las elecciones en esa misma institución.
Añadió que es responsabilidad de ese organismo educar a la ciudadanía en materia del sufragio y que le haga saber que es un derecho meramente cívico y apartado de la religión, así como dar a conocer los límites de los clérigos, ya que ha puesto más énfasis en la organización de comicios que a la vigilancia.
Por otra parte, Mario Céspedes, miembro de la Auditoría, mencionó que en los comicios de febrero, al TSE le faltó protagonismo en la protección de los derechos de la población. Así, permitió que la iglesia fuera más allá de la fe y utilizara su poder como presión y coerción hacia la ciudadanía y los partidos políticos.
Incluso responsabilizó al presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, por ser uno de los promotores del referendo para consultar el proyecto de ley que regulaba las uniones homosexuales, el cual no se efectuó por un fallo de la Sala Constitucional.
“La actitud de los partidos en general, es acudir a la campana de la iglesia y estar prestos a escucharla; es una actitud acrítica y subordinada que no contribuye”, reprochó.
La Auditoría destacó que en la normativa electoral se prohíbe el uso de motivos y creencias religiosas en la propaganda política, así como la participación de sacerdotes en dichas prácticas.
Otras actividades como la marcha “Por la vida y la familia” -efectuada en noviembre del 2009 y liderada por integrantes de la cúpula católica, donde se repudiaba la homosexualidad y el aborto, y en las que asistieron los entonces postulantes a la presidencia Óscar López (hoy candidato a la alcaldía por San José) y Laura Chinchilla-, fueron maneras de intervenir en la campaña electoral y de que se utilizara esa manifestación religiosa y conservadora para hacer proselitismo electoral.
Céspedes comentó que la llegada al poder de Chinchilla -nombrada hija predilecta de la Virgen de los Ángeles al día siguiente de vencer en las elecciones-, confirmó y consolidó el vínculo entre la agenda política de la clase gobernante y la jerarquía católica, que es uno de sus principales soportes.
Destacó que para futuros procesos, como la elección de alcaldes el próximo 5 de diciembre, se pretende impulsar un proceso de revisión del Código Electoral, en el que se analizaría la parte de la injerencia de grupos religiosos y su adecuado control.
La Auditoría concluyó que la Iglesia Católica debe tomar distancia de los procesos electorales, lo que no quiere decir que renuncie o limite su derecho a pronunciarse sobre distintos temas. Resaltó que el país debe reabrir la discusión sobre la pertinencia de contar con un Estado laico.
Intervenciones de Iglesia podrían repetirse
Jeudy Blanco, presidente de la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares y una de las personas que interpusieron el recurso de amparo electoral denunciando las declaraciones del obispo Francisco Ulloa, comentó que el peligro de la intervención de la Iglesia Católica es que sus opiniones son tomadas prácticamente como mandatos.
Citó la opinión del exdiputado y designado embajador de Costa Rica en El Vaticano, Fernando Sánchez, quien expresó que sus votos irían de acuerdo con lo que la jerarquía católica dictaminara.
“Vivimos en una sociedad plural y culturalmente diversa, y no es conveniente que las posiciones ideológicas de un credo en particular se impongan a toda la sociedad”, reclamó Blanco.
Sobre el fallo del TSE, mencionó que es un precedente importante, al trazar una línea que no se debe cruzar y demostrar que las autoridades religiosas no están por encima de las civiles.
Consideró que se podrían repetir estas intervenciones de la Iglesia en futuras elecciones como las de alcaldes, aunque de una manera más disimulada. Citó el ejemplo de Montes de Oca, cantón donde el Movimiento Libertario se unió con partidos cristianos y formaron la “Alianza por la Decencia”.
“La intervención sigue y para que esto cambie lo primero que debe haber es un cambio cultural, en donde la gente entienda que sus creencias religiosas son respetables, pero que no se pueden imponer”, subrayó.
Aspirantes a alcaldes:
Poco interés del gobierno central por descentralización
Nathalia Rojas Zúñiga
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Partidos que lucharán por las alcaldías el próximo 5 de diciembre, concuerdan en que una mayor descentralización del poder es fundamental para lograr los planes en las municipalidades.
Esta conclusión surgió en el conversatorio “Partidos Políticos con miras a las elecciones municipales”, efectuado el 29 de setiembre durante la Semana Nacional de la Ciencia Política 2010.
Víctor Morales, candidato a alcalde de Aserrí por el Partido Acción Ciudadana, reprochó que el poder central siempre se resiste a trasladar competencias a los gobiernos locales, y consideró que brindar recursos a cada cantón es esencial para el desarrollo.
Reconoció que los comicios de cada localidad son un proceso frío, con la novedad este año de que se contará con deuda política, pero hasta después de las elecciones, por lo que cada partido se las debe ingeniar para conseguir financiamiento para sus campañas.
Ángel López, actual alcalde de Alvarado por el Partido Liberación Nacional (PLN), y aspirante al mismo puesto por el Partido Unión Agrícola Cartaginés, expresó que la descentralización es un reto, porque hay intereses desde el poder central para que no lleguen recursos a las municipalidades, pese a que es el gobierno que está más cerca del pueblo.
Entretanto, Edgar Mora, alcalde de Curridabat y postulante a la reelección por el partido Curridabat Siglo XXI, aseveró que la deuda política da un respiro económico que garantiza una vida a futuro, pues el Código Electoral anterior hacía una diferenciación “injusta” entre elecciones nacionales y cantonales.
Declaró que el ideario local de los partidos nacionales, sigue la misma estructuración de los gobiernos a escala nacional, que es sectorial; sin embargo, esta agrupación aspira a una política integral para administrar el territorio.
A su vez, el candidato a vicealcalde de Alajuela por el PLN, Dennis Espinoza, se refirió a que la vida política debe ir de la mano con el desarrollo comunal. Mencionó que la descentralización es muy importante y que las municipalidades deben ser parte de este proceso, pero con responsabilidad, debido a que un gobierno local que no esté preparado, puede tener problemas, ya que serían demasiadas las funciones que se le transferirían.
