La creciente desigualdad entre los más ricos y los más pobres del país, sumada al difícil momento que viven las finanzas públicas, apuntan hacia la necesidad urgente de implementar una reforma fiscal que grave los crecientes ingresos de los grupos económicos más poderosos del país.

Este es uno de los principales llamados que hace el decimoséptimo informe Estado de la Nación, que analiza lo acontecido durante el 2010  en los ámbitos político, económico, ambiental y social de Costa Rica.

Dicho informe muestra que el país tuvo el año anterior una frágil recuperación económica tras la crisis del 2009, un aumento en la apatía hacia el sistema político de partidos y se hicieron evidentes algunos problemas en el desarrollo humano.

MAYOR DESIGUALDAD

El Informe Estado de la Nación llama la atención sobre el estancamiento de la pobreza, que en el 2010 afectó al 21.3% de la población (6% de pobreza extrema), y llama la atención sobre el hecho de que otro 13.4% se encuentra en condición de “vulnerabilidad”.

La investigadora Natalia Morales explicó que al medirse la pobreza con un monto de ingreso mensual, hay muy poca diferencia entre la población considerada “pobre” y la “vulnerable”, por lo que se puede decir que uno de cada tres costarricenses es pobre.

En esta ocasión, también se realizó una modificación en la metodología de cálculo del Coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad, lo que resultó en una mayor brecha entre el ingreso de los más ricos.

En el 2009, el Coeficiente de Gini había registrado un valor de 0.437, mientras que con la nueva metodología fue calculado en 0.508, lo que representa un incremento muy significativo en la desigualdad.

En materia de gasto social, Morales aseguró que hubo un crecimiento del 0,8% en el  2010, pese a las restricciones financieras del Gobierno, aunque no es para nada cercano al crecimiento del 7% que se mostraba en años anteriores.

Las tasas de escolaridad muestran tendencias positivas desde el 2007, pues en el caso de la educación primaria se considera que existe una cobertura casi universal, pero aún hay retos importantes en el ciclo Interactivo II de preescolar (4 y 5 años), donde la cobertura es de 56.9%.

La desescolarización o exclusión del sistema educativo en secundaria, tuvo su tasa más baja de la década con un 10.2%, pero hay diferencias importantes entre los colegios diurnos (8.3%) y los nocturnos (24%).

El mayor abandono se mantiene en el primer año de colegio, aunque  este mostró una reducción de 20.7% en el 2005, a 16.5% en el 2010.

También se mantiene el problema con el ciclo diversificado (cuarto y quinto año del colegio), en el que la cobertura es del 46.3%, mientras que se calcula que un 12.3% de los jóvenes entre 12 y 24 años ni estudian ni trabajan, para un total de 140.686 personas.

El informe también realizó un análisis sobre las fuentes de ingreso de los hogares, y registró que en promedio un 20% del ingreso de los hogares proviene de fuentes no laborales, lo cual cambia según cada clase social.

Para los más pobres, las transferencias que reciben del Estado son las que más complementan sus ingresos, mientras que los alquileres, intereses y dividendos tienen un peso significativo para las clases altas, medianos empresarios y expertos.

El Estado de la Nación también expresa preocupación por la condición de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual tuvo en el 2010 un déficit de ¢94.931 millones, lo que representa un faltante del 7.2% del presupuesto total.

REFORMA NECESARIA

En el ámbito económico, para el 2010 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país fue de 4.2%, el cual es calificado por el Estado de la Nación como “moderado y frágil”, si se considera que en el resto de América Latina el promedio de crecimiento fue del 6%.

El crecimiento se vio impulsado por la actividad exportadora, que tuvo un crecimiento del 6.8%, mientras que la inversión pasó de un decrecimiento del 9.2% en el 2009, a un aumento del 2.6% en el 2010.

Respecto al tipo de cambio, este se mantuvo cerca de la banda inferior definida por el Banco Central (BCCR), lo que significó una apreciación del 8.3% en el valor del colón; mientras que la inflación creció 1.8% con respecto al 2009, pero se mantuvo muy por debajo del promedio de la última década (10.6%).

El déficit fiscal pasó de un 3.4% del PIB en el 2009, a un 5.4% el año pasado, lo que -según el Estado de la Nación- se debe a una lenta recuperación de la recaudación después de la crisis (7%), sumado a un incremento del 26.8% en los gastos.

Morales explicó que los actuales niveles de déficit son ya mayores a los que se registraban al inicio de la administración de Abel Pacheco (2002-2006), cuando también se generó inquietud sobre la necesidad de una reforma fiscal, pero con la diferencia de que ahora hay menos flexibilidad para reducir el gasto.

Esta menor flexibilidad se debe a que los gastos del Gobierno crecieron principalmente en salarios y nuevas contrataciones, así como un incremento de las transferencias desde el Gobierno Central.

También el estudio hizo un análisis de la carga tributaria en países con un ingreso per cápita similar al de Costa Rica, en el que se muestra que los ciudadanos de las naciones evaluadas pagaron en impuestos durante el 2007 (antes de la crisis) un promedio de $1.868 por persona, en tanto que los costarricenses pagaron $1.529.

La diferencia es mayor si se compara con la situación de países con altos índices de desarrollo humano, que en promedio pagaron en un año $2.310 dólares en impuestos. Para que el país se ponga en línea con los promedios internacionales, tendría que subir su carga tributaria a un 18.2% del PIB, sostiene el informe.

Para los investigadores del Estado de la Nación, si se considera la situación de las finanzas públicas, es evidente la necesidad de una reforma tributaria, sin que eso signifique que el estudio respalde el proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.

“No es un tema que solo aborde el Estado de la Nación. Muchos otros estudios hablan de la necesidad de una reforma, pero el asunto es definir bajo qué canales y condiciones se establece”, comentó el investigador Steffan Gómez.

Para los investigadores, el hecho de que haya una creciente desigualdad, hace que la necesidad de una reforma apunte a buscar mecanismos para gravar esa riqueza que se está concentrando en grupos cada vez más reducidos.

“Tenemos pequeños grupos de ganadores, y grandes perdedores en nuestra economía. Los ganadores aprovechan bien los recursos y tributan poco. Es un pequeño grupo que recibe los beneficios y no los regresa”, criticó Gómez.

Respecto a la propuesta del Gobierno para una reforma fiscal, el Estado de la Nación menciona debilidades en la primera edición del proyecto (actualmente se discute la tercera), principalmente en el proceso de negociación y consulta a los distintos sectores.

El coordinador del estudio, Leonardo Merino, aseguró que el país ha hecho una apuesta por  las empresas de la llamada “nueva economía” (zonas francas, exportadores), sin que aún sean estos los que aportan la mayor cantidad de empleos a la economía.

En contraste, los sectores tradicionales, como el comercio y la agricultura, fueron simplemente abandonados por el Estado, pese a que todavía llevan sobre sus espaldas el peso del empleo.

A pesar de que se les cuenta entre los grupos que reciben cierta atención del Estado, las pequeñas y medianas empresas exportadoras muestran problemas para permanecer más de tres años exportando.

La falta de recursos para invertir, las limitadas opciones de crédito y su baja capacidad para satisfacer la demanda en mercados internacionales de alto volumen, son parte de los problemas que enfrentan.

Meta de neutralidad en carbono cada vez más lejos

La meta que propuso el gobierno anterior de convertir a Costa Rica en la primera economía “carbono neutral” para el año 2021, cada vez parece más lejos de alcanzar, según los datos del Informe Estado de la Nación.

El coordinador de la parte ambiental del estudio, Leonardo Merino, aseguró que el país continúa deteriorando su “huella ecológica” y actualmente cada ciudadano necesita un 13.4% más del territorio que hay disponible, para satisfacer su necesidad de recursos.

Las emisiones de carbono continúan en aumento y vienen principalmente del sector transporte, del cual Merino considera que si no hay un cambio significativo, la meta de ser carbono neutral no se alcanzará.

“No se han tomado medidas significativas. El sector transporte consume el 60% de la energía del país. Es una meta que ha promovido algunos esfuerzos individuales solamente. Durante la crisis tuvimos una baja en el consumo de hidrocarburos, pero con la recuperación vuelve a aumentar”, comentó Merino.

Otro récord negativo para Costa Rica el 2010 fue la importación de 14 millones de toneladas de plaguicidas para la agricultura, según datos suministrados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET).

Merino atribuyó el incremento principalmente a la expansión de cultivos intensivos en el uso de agroquímicos, como es el caso de la piña, la cual continúa su expansión hacia áreas del país en los que no tenía presencia, como es el caso del Pacífico Central y Norte.

En contraste, la agricultura orgánica registró un aumento de 3000 hectáreas en comparación con el 2009, pero sigue representando un área mínima 2.3%, en comparación con la agricultura que utiliza químicos.

ALGUNOS AVANCES

Entre los logros que tuvo el país en el 2010 en materia ambiental, se registró a Costa Rica como el primer lugar en América Latina con acceso de agua potable para la población, aunque resalta la necesidad de impulsar una mayor cultura del ahorro.

Un análisis en la ciudad de Cartago mostró que el 66% de los usuarios del servicio de agua no tienen medidor, mientras que quienes sí lo tienen reportan un promedio diario de consumo de 422 litros, cuando en ciudades como Zaragoza, España, el consumo es de apenas 96 litros.

Otro logro positivo en materia ambiental fue la creación de la primera área de manejo de montes submarinos, con un área protegida de 9.640 kilómetros cuadrados.

Esta nueva zona protegida hace que por primera vez el país tenga una mayor superficie de áreas protegidas en el mar, en comparación con las que existen en tierra firme, lo que para Merino debe continuar, ya que el área marítima es mucho más grande.

Pese a estos avances, el 2010 registró la cifra más alta de acciones colectivas presentadas por asuntos ambientales, donde el Estado sigue como el principal señalado,  al no cumplir con la protección de los recursos naturales.

En este periodo destaca la sentencia que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo en el caso del proyecto minero Las Crucitas, el cual aún hoy genera discusión por las debilidades que mostró el Estado en el análisis y control del proyecto.

También hay un importante señalamiento en el informe sobre los serios problemas que tiene Costa Rica en materia de ordenamiento territorial, y el fracaso que tuvo el Estado en aplicar el Plan de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM) implementado en 1982.

Los mapas que se realizaron durante el proyecto PRUGAM, muestran que existen 102 kilómetros cuadrados de construcción ubicados fuera de los límites establecidos por el Plan GAM, lo que incluye zonas de riesgo por deslizamiento, inundación, fallas geológicas, o que afectan zonas de recarga acuífera.

Ciudadanía se aleja de los partidos políticos

En el análisis político que hace el Informe Estado de la Nación durante el año 2010, se muestra una profundización en el rechazo que manifiesta la ciudadanía hacia los partidos políticos, lo que crea un mayor abstencionismo.

Durante las elecciones presidenciales del 2010, el abstencionismo en las urnas tuvo un leve retroceso con respecto al 2006 y se ubicó en un 31%; mientras que en las elecciones municipales, el abstencionismo alcanzó un 78%.

Al sistema de partidos parece haberles “resentido” el dejar atrás el bipartidismo, que por mucho tiempo mantuvieron las agrupaciones Unidad Social Cristiana (PUSC) y  Liberación Nacional (PLN).

En 1993, estos dos grupos captaban el 99% de las preferencias electorales, lo que bajó para el 2001 a un 62%, cuando apareció el Partido Acción Ciudadana (PAC) y se adueñó del 13%.

Actualmente el grupo más importante es el de los electores que dicen no sentir simpatía por ninguna agrupación política, entre las cuales el PLN se mantiene como la de mayor base electoral con un 30%.

Las elecciones del 2010 dejaron al PLN más fortalecido con respecto a elecciones anteriores, mientras que el PAC dejó ir la ocasión de consolidarse como la segunda principal fuerza política del país, al reducir considerablemente la cantidad de votantes con respecto al 2006.

En las elecciones municipales, el PLN se adueñó de 59 de las 81 alcaldías (73%), pero muchas de ellas se encuentran con un Concejo Municipal muy fragmentado, lo que dificulta en algunos casos la toma de decisiones.

Respecto al trabajo legislativo, la mayor parte de la legislación promulgada durante el 2010, corresponde a proyectos abiertos durante el periodo 2006-2010 (78%), mientras que un 6% es del gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), y un 1% quedó de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

El coordinador de la parte política de este estudio, Steffan Gómez, señaló que la Asamblea Legislativa costarricense se toma hasta dos años y medio para aprobar legislación que se considera relevante para el país, lo que considera una seria limitante para un gobierno que solo tiene cuatro años para ejercer el poder.

También encuentra una diferencia importante entre los proyectos que la ciudadanía considera importantes de aprobar, y los que finalmente se aprueban en el plenario legislativo.

De un total de 60 proyectos de ley considerados como importantes por diversos sectores de la sociedad en el periodo 2010-2011, solo 14 han sido aprobados, lo que significa que un 77% de los temas prioritarios para el país siguen a la espera.

Gómez llamó la atención sobre la diferencia que existe en la agenda de los diversos grupos sociales, y la que manejan los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, lo que lleva a concluir que los políticos no están canalizando adecuadamente las demandas de la población.

En temas de política exterior, el Estado de la Nación considera que hay un bajo perfil internacional de la administración Chinchilla, mientras que la agenda en este rubro estuvo dominada por el conflicto con Nicaragua por la invasión a isla Calero.

Para este informe también se reporta una importante mejoría en el porcentaje de cumplimiento de las sentencias promulgadas por la Sala Constitucional, donde destacan los esfuerzos hechos por el Ministerio de Educación y la Caja Costarricense de Seguro Social, los cuales elevaron su cumplimento al 81% y 90%, respectivamente.

Steffan Gómez comentó que mucho de este incremento se debe a las mejoras que implementó la Sala en sus sistemas de seguimiento, mientras que también el Ministerio de Educación tomó medidas como centralizar el cumplimiento de las sentencias por medio de su dirección jurídica.

Sicariato representa el 40% de los asesinatos en el país

Los niveles de violencia que muestra el país siguen en aumento, y están estrechamente relacionados con la actividad del crimen organizado, según detalla el decimosexto informe Estado de la Nación.

El documento reporta que durante 2010 se registraron 235.195 delitos, los cuales representan un 1.7% más en comparación con el 2009; mientras tanto, la tasa de homicidios se mantiene en 11.5 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, la cantidad de asesinatos ha crecido en un 46.3% en el periodo 2008-2011, si se compara con el 2005-2007, con incrementos en la violencia hacia mujeres, infantes y adolescentes.

Según el informe, el 40% de los asesinatos que se registraron en el país durante el 2010 están relacionados con la contratación de sicarios por parte del crimen organizado, principalmente para cobrar deudas por droga y otros conflictos entre los propios delincuentes.

A mediados de la década de 1990, la actividad del sicariato solo representaba un 15% de los asesinatos en el país.

Durante 2010 se reportaron 1.825 casos de delitos contra la propiedad por cada 100.000   habitantes, la tasa más alta que ha registrado Costa Rica en las últimas décadas.