José María Tijerino: “Garantizaré el derecho de protesta en todos los sentidos”

El reconocimiento de que la injusticia social es uno de los principales factores generadores de delincuencia, fue una de las principales ideas que el

Nuevo jerarca de Seguridad Pública afirma que la injusticia social es el principal generador de delincuencia.

El reconocimiento de que la injusticia social es uno de los principales factores generadores de delincuencia, fue una de las principales ideas que el nuevo titular de la cartera de Seguridad Pública, José María Tijerino, expuso durante una entrevista concedida a UNIVERSDAD.

El funcionario, quien ha sido profesor de la Escuela de Derecho de la UCR y se desempeñó como Fiscal General de la República entre 1990 y 1995, insistió en que respetará los derechos de quienes participen en manifestaciones, siempre que actúen “dentro del margen de la ley”.

Durante sus primeros días de gestión la prensa ha divulgado el mal estado de ciertas delegaciones policiales y el hecho de que los policías no salieron a la calle como usted lo ordenó. ¿Qué diagnóstico hace de la situación?

– Ambos casos revelan aspectos de un mismo problema, el deterioro del MSP, que ha sido la cenicienta en la constelación institucional de Costa Rica. Hay instalaciones insalubres, lo cual revela un presupuesto raquítico.
Hay indisciplina reconocida por los mismos mandos de la Fuerza Pública. No estoy asignando responsabilidades a quienes me han precedido, han tenido la misma institución abandonada por la sociedad costarricense. La misma ciudadanía es responsable por no saber interpretar cuán necesaria es la seguridad, y cuando el fenómeno criminal nos acomete de una manera como la actual, entonces todos ponemos el grito al cielo.

Durante la campaña, Laura Chinchilla habló de “mano firme” contra la delincuencia y de una importante inyección de recursos. Esa disposición no es tan factible si entra a competir con el aumento constitucional del presupuesto educativo. Mientras tanto la policía en las calles tiene que enfrentar problemas como el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Ha sido la Fuerza Pública rebasada por la magnitud del tráfico de drogas?

– Está luchando a brazo partido en condiciones adversas y muy desiguales.

Usted ha declarado que no cree en la “mano dura”, sino en la “firmeza”. Hay una preocupación en muchos sectores, por ejemplo con lo que sucedió el 8 de mayo: se han escuchado testimonios de que personas se infiltraron en la manifestación para incitar a la violencia. En el contexto en que usted asume también está muy reciente la entrada del OIJ a la UCR, hay un clima tenso y tendiente a la violencia. ¿Cuál debe ser el papel de la Fuerza Pública?

– Sigue pesando el factor de que la sociedad está muy dividida, aún no cicatrizan las heridas del TLC, la sociedad se polarizó. Mi posición es de respeto al derecho de protesta, pero también inflexibilidad cuando alguien trate de irrespetar un cordón policial, ahí está la mano firme.
Si alguien quiere pasarse, como me lo demuestran las tomas de La Sabana, van a encontrar la fuerza del Estado. Lo que distingue la función de policía de cualquier otra función pública, es el poder coactivo, el uso de la fuerza, que es dosificada y tuteladora de derechos, no es la fuerza militar destructiva, sino que es para hacer respetar las leyes, derechos y garantías de todos los ciudadanos.
Si, por ejemplo, esa manifestación hubiera sido agredida por grupos afines al Gobierno, la policía hubiera hecho respetar el derecho a protestar. Garantizaré el derecho de protesta en todos los sentidos. El mismo 8 de mayo estuve en constante comunicación con dos de los nuevos diputados, con autoridades judiciales y con los familiares de los detenidos, incluso con una señora que había participado en la manifestación, porque también me debo a ellos, tengo que garantizarles protección.

Después de la situación violenta que se dio en Limón a finales de abril, muchas personas sienten que hay un ensañamiento de parte de los oficiales, una tendencia a recurrir a un uso excesivo de la fuerza…

– Ese es un riesgo en todo cuerpo policial, cuando ya la sangre corre. También fui estudiante universitario y líder estudiantil, estuve en los grupos que siempre han sido pequeños.
Siempre se siente que hay brutalidad policial cuando uno está del lado de los estudiantes. La violencia no es bonita, el uso de la fuerza no es agradable. Yo quisiera una policía tan técnica que no diera manazos, por ejemplo, pero tampoco aspiro a un coro de querubines que no use el garrote, fuerza es fuerza. Si en un momento determinado se llega a dar un abuso, ahí están las instancias correspondientes, no sólo internas del MSP, sino los mismos tribunales de justicia.
 Ya he dicho que quiero policías duros, no insensibles ni abusadores.

¿Lo entienden así los policías?

– Me esforzaré porque lo entiendan. Le tiendo la mano a los grupos disidentes, en el sentido de que garantizaré su derecho de protesta, pero dentro del margen de la ley. Si van a poner una barricada, de inmediato van a encontrar fuerza. Siempre que el derecho de protesta entre en choque con otro derecho y pasa a ser abuso, van a encontrar la reacción de la policía.
Llevo la Universidad por dentro: durante muchos años fui profesor, la quiero y tengo bien clara mi función, tengo la gran oportunidad de demostrar que soy consecuente con lo que enseñé  en la Universidad y lo que practiqué como Fiscal General, no ha cambiado mi visión del Estado de Derecho.

Muchos sectores, incluso el Fiscal General, han señalado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) del Ministerio de la Presidencia, como una “policía política”. ¿Cómo valora la existencia de ese cuerpo?

– En una sociedad democrática no debe haber una policía política. Otra cosa es una oficina de inteligencia e información. “Inteligencia” tiene una connotación siniestra, sobre todo para los estudiantes universitarios, pero es algo que hace el policía de la calle con solo ver quién vende drogas.
Así que no hablo en el sentido siniestro de agentes secretos, sino de información que necesita el Gobierno. En el MSP no toleraré una policía política, ni desviaciones políticas, ni persecución a grupos disidentes.

En la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional y el Movimiento Libertario sellaron un pacto político, cuya agenda incluye temas de seguridad y uno de los planteamientos libertarios es ampliar las penas que se castigan con cárcel, incluidos delitos menores. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa?

– Habría que estudiar cada propuesta. No tengo reparo en acercarme y dialogar con quien quiera contribuir con este enorme problema de seguridad, pero eso no quiere decir que siempre habrá consenso en todo.
No soy partidario de entrar en un estado de paranoia, hay que ser prudentes. El programa de gobierno de doña Laura era firmeza pero sensatez, rigor técnico, escuchar a los especialistas y si aconsejan endurecer una pena, yo apoyaría esa tesis. Pero no tengo una visión tan simplista de decir que hay que endurecerlas todas, porque la escala penal responde a condiciones criminológicas sobre las cuales no se pueden hacer disparates.

 ¿Qué principios deben regir el trabajo del comité consultivo que generará la política nacional de seguridad?

– Prudencia, sensatez y el apoyo de la ciencia, para no dar palos de ciego.
Hay que entender el sentir de los sectores empresariales, pero también el de los sectores asalariados. Una política criminal debe responder a los intereses de todos los sectores de la sociedad, no puede ser excluyente. Ese consejo deberá ser una esponja que absorba las inquietudes de los diversos estratos de la sociedad.

En marzo UNIVERSIDAD publicó una encuesta en la que el 54% de las personas consideraba que la inseguridad era el principal problema nacional; 23% dijo que se solucionaría con “mano dura” y un 29% con “más policías”; sin embargo el 47% opinó que con una mejor distribución de la riqueza. Así, la policía enfrenta las consecuencias de la mala distribución de riqueza y un crecimiento en el poder del crimen organizado. ¿Hasta qué punto está la policía atada de manos para solucionar esto?

– Esos porcentajes minoritarios son de posiciones simplistas, “mano dura” y aumento de policías. Concuerdo plenamente con ese 47% que dice que la injustica social es criminógena, es el principal factor.
El narcotráfico es un fenómeno sobre el que la policía no tiene todos los medios de control, concierne a toda la sociedad, pues tiene que ver con los valores que se reciben en el hogar y en la educación formal.
La situación de la policía es muchas veces incómoda, a la Fuerza Pública no le agrada entrar y arrojar gases en un precario, sabiendo que hay niños; los policías son seres humanos, son padres y pueden ver en esos niños a sus propios hijos.
Desde antes de asumir el cargo, hablé con los compañeros ministros y con los diputados de mi concepto amplio de seguridad, que no se puede concebir solo como un ejercicio de la fuerza de la policía, sino de prevención de los factores que generan el crimen, entre ellos la desigualdad. Si entra la policía en La Carpio, quisiera que a la par entren los doctores del Ministerio de Salud, los programas sociales, es lo que aprendí en la Universidad y sigo siendo leal a ese ideario.
 
La ayuda que brinda Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es amplia, pero en algunos casos se ha criticado como una forma de intervención, como el Plan Colombia. ¿En qué aspectos colabora la Embajada de Estados Unidos en el área de seguridad?

– Costa Rica es muy diferente a Colombia, lo que los colombianos aceptan como normal, para la mayoría de los costarricenses sería inadmisible y el Gobierno está muy consciente de esa diferencia.
Nosotros recibimos colaboración sin menoscabo de la soberanía y sería absurdo no contar con ese apoyo. Siempre fui muy celoso de los intereses de la república, como Fiscal General muchas veces le dije “no” a la Agencia de Administración de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

 

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