Las agrupaciones de trabajadores y trabajadoras muestran preocupación ya que afirman que el proyecto se podría retomar más adelante.
Agrupaciones de empleados y empleadas se mantienen alerta ante nuevas estrategias para impulsar el proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, conocida como ley de Empleo Público, a pesar de que la administración de Laura Chinchilla dice que no es una prioridad.
Este proyecto fue impulsado por el anterior ministro de Planificación, Roberto Gallardo y ahora asesor de Casa Presidencial. Además, el exdiputado del Partido Liberación Nacional Jorge Méndez promovió otro texto similar, que aún se encuentra en la corriente legislativa, con el expediente 17.628.
La propuesta pretende establecer entre otros puntos, un salario único para trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso y nuevos reglamentos, los cuales según los sindicatos, afectarían la estabilidad en el campo laboral.
La actual jerarca de MIDEPLAN, Laura Alfaro, aseguró a UNIVERSIDAD que el proyecto no se encuentra en la lista de prioridades de la entidad y que no lo ha visto. Mencionó que los proyectos de ley de descentralización municipal y modernización del Estado que impulsa la seguridad ciudadana son las áreas en las que se enfocarán.
La ministra agregó que buscan cumplir con el Plan Nacional de Gobierno, acatando órdenes directas de la presidenta.
PROYECTO VIGENTE
El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, comentó que la preocupación para el sector está vigente puesto que el proyecto presentado por el exlegislador Méndez aún se encuentra en el Congreso, aunque no esté en discusión. Este fue presentado en marzo y retirado el 19 de abril para hacerle ajustes.
Señaló que esta iniciativa y la de MIDEPLAN son prácticamente una copia y tienen la misma concepción.
Sobre el segundo, comentó que busca homologar en primera instancia las relaciones laborales en el sector público nacional. Más adelante pretende igualar las del sector público y privado, para que no haya diferencias salariales de impacto. Finalmente, el objetivo final es propiciar una legislación laboral común en Centroamérica. Refutó que en los otros países de la región la sobreexplotación de la mano de obra es una “cultura institucionalizada”, lo que disminuiría los derechos de la fuerza laboral en Costa Rica y surge por un “rabioso antisindicalismo”.
“Es un proyecto destinado a golpear la representatividad de los sindicatos, porque si elimina la potestad de negociar los salarios, se reduce su papel. Se incrementa la inestabilidad laboral y se abre el camino a la precarización del empleo público”.
Vargas aseveró que cuando la ministra Alfaro afirma que la propuesta no es una prioridad, significa que en efectivo está en la agenda de MIDEPLAN, pero que evitará darle realce y esperará mejores tiempos. “Ahora dicen que no lo promoverán porque notaron un embrión de resistencia gremial muy fuerte”.
Criticó que el ministerio les haya convocado a un taller (al que declinaron participar junto con otras agrupaciones) para hablar sobre este y según sus palabras, después hacerlos “cómplices de una iniciativa que va a transformar las condiciones de empleo y salarios en la administración pública”.
Añadió que “en proyectos de este calibre no hay rendición de cuentas de cómo son incorporadas nuestras observaciones, lo que significa correr un altísimo riesgo ya que luego destacan que fue consultado a la ANEP y se tergiversa”.
Otra de las razones de su ausencia en esa actividad es que aún falta mucha información y divulgación, análisis y centros de estudio, temas a los que se están dedicando.
Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) comentó que el verdadero proyecto impulsado por la administración Arias era el de MIDEPLAN sobre el cual se les consultó la opinión a los sindicatos hasta que estaba redactado.
“Los dos proyectos son igual de nefastos, no me extrañaría que hicieran una fusión de ambos. El de MIDEPLAN tiene alcances en pro del Estado, no de los trabajadores y trabajadoras. Incluso afecta el sector privado, que no tiene ni derecho a asociación”.
Subrayó que de aprobarse este proyecto, se perderían derechos que se han ganado mediante luchas y beneficios adicionales como el efecto multiplicador del salario, el interinazgo en plazas vacantes por seis meses máximo (sin posibilidad de prórroga si no se llena la vacante) y las anualidades por el salario único para las personas de nuevo ingreso, lo que promueve la desigualdad. Además, indicó que el derecho a negociación se cercena.
“Los derechos adquiridos se pierden, no solo el salario, este proyecto no es protrabajador. Son las exigencias del TLC”.
Respecto de las declaraciones de la ministra Alfaro, la dirigente solicitó por escrito la decisión de que la propuesta no se impulsará en este periodo.
BÚSQUEDA DE CONSULTA
El exministro de Planificación Roberto Gallardo, quien promovió la iniciativa, explicó que la intención fue consultarlo con asociaciones y sindicatos antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa. Cuando el exdiputado Jorge Méndez envió su texto generó controversia y confusión al creer que MIDEPLAN no cumplió con su promesa.
“La idea fue consultarlo para evitar que se dejaran portillos abiertos. La intención nunca fue generar un texto en detrimento de los derechos de los trabajadores”.
Gallardo lamentó la renuencia de los dirigentes sindicales a participar en el taller del 5 de mayo, pues según él, era el espacio donde se podrían aclarar dudas. “Cierta dirigencia sindical prefiere atizar el conflicto que tratar de aclarar preguntas, ese mismo día se acordó cambiar en el artículo 69 el término “pago doble mensual en diciembre de cada año” por aguinaldo.
Destacó que uno de los temas más polémicos de la iniciativa, el de salario único, más bien puede beneficiar a quienes se le aplicaría, que son los funcionarios y funcionarias de primer ingreso y al equipo de trabajo actual si está de acuerdo, por lo que no se le da potestad irrestricta al patrono. Comentó que el salario único tiende a ser más alto el pago normal cuando se ingresa a una institución o empresa pública.
En reacción a lo dicho por la ministra, el exjerarca aseveró que cada administración tiene la potestad de establecer prioridades y que habrá momentos en los que se pueda discutir el tema.
Ministerio de Trabajo sin información oficial sobre proyecto
UNIVERSIDAD consultó a la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, sobre su posición respecto del proyecto de Ley de la Relación Pública de Servicio, a lo que respondió que la información oficial con la que cuentan a la fecha es que el anteproyecto de MIDEPLAN se encuentra en fase de estudio y consulta.
Añadió que el Ministerio de Trabajo no tuvo participación en esa propuesta en la pasada administración y desconocen cuál es la definición del actual Gobierno. “Ante tal circunstancia hemos iniciado la coordinación correspondiente para conocer con detalle las propuestas que se hacen en el documento”, señaló.
“Nuestra posición será de defensa de los derechos de los trabajadores en estricto apego a lo establecido en el Código de Trabajo”.
Diputado Villalta impulsa otro proyecto
Las decisiones del nuevo Poder Legislativo a dos semanas de tomar el poder, han sido en su mayoría criticadas por la población en general y la fuerza laboral en particular.
La iniciativa de algunas bancadas para aumentar el salario para los diputados y diputadas de ¢2,5 millones a cerca de 4 millones ha generado gran descontento en la ciudadanía debido a que se ha colocado como prioridad en el plenario. Las reacciones en contra llegaron a las redes sociales como Facebook, donde se crearon grupos como “No señores Diputados: No se van a aumentar el salario”, “No al aumento de los diputados en Costa Rica y “No al aumento salarial de los diputados en Costa Rica” (a este último se han unido más de 12.000 personas). Incluso, desde la plataforma virtual se convocó a una marcha para el 24 de mayo en la Asamblea Legislativa a partir de las 2 de la tarde.
En contraposición, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, promueve un proyecto de ley de salario mínimo que pretende introducir reformas al Código de Trabajo y la Ley de Salarios Mínimos, para establecer que el sueldo mínimo mensual sea al menos equivalente al mínimo vital; según señala un artículo publicado en el sitio Web del partido. Para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de casi cuatro personas se debe gastar 60% del salario mínimo vigente, que se traduce en poco más de ¢117.000.
“El salario mínimo es marcadamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio, por lo que hace falta esta ley”, aseguró el congresista en la publicación.
Villalta es uno de los opositores al aumento de salario para los diputados y diputadas. También se opone el Partido Acción Ciudadana.
