Alegan que la iniciativa aumentará el plazo de los procesos judiciales.
Jueces del Tribunal de Casación Penal de San José, así como exmagistrados suplentes de la Sala III y académicos de la Universidad de Costa Rica han lanzado fuertes críticas contra un proyecto de ley que pretende reestructurar las competencias de la Sala III y de los Tribunales de Casación Penal.
Su principal argumento es contra la creación de una nueva etapa que califican de “innecesaria”, a la cual los sentenciados podrían recurrir para que examinen su caso. Según los juristas, esto aumentaría el plazo de los procesos judiciales, lo cual va en detrimento de la garantía constitucional de que la justicia debe ser pronta y cumplida.
El plan se titula “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal” y entró a la Asamblea Legislativa en agosto del año pasado.
Fue redactado por los magistrados de la Sala III (que analiza asuntos penales) y fue acogido por el jefe de fracción de Liberación Nacional, Jorge Méndez. Al cierre de esta edición se encontraba en el segundo lugar de discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Méndez comentó al diario La Nación que el proyecto pretende cumplir con la sentencia condenatoria contra Costa Rica en el 2004, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Mauricio Herrera. Sin embargo, dentro de la exposición de motivos del proyecto se explica claramente que el país ya cumple con los requerimientos del fallo del órgano internacional, que ordenó al Estado otorgarles a los ciudadanos “un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”.
Los señalamientos de la Corte se corrigieron con la promulgación en el 2006 de la Ley de Apertura de Casación Penal que, entre otras cosas, suprimió formalismos que impedían el trámite de un recurso de casación.
Los juristas consultados por UNIVERSIDAD criticaron que se quiera desinformar a la población alegando una causa para instaurar el plan, la cual no tiene nada que ver con lo que se aduce en él.
No obstante, el diputado Méndez insiste en que el país aún no cumple totalmente con el fallo de la Corte Interamericana.
“Tenemos un híbrido. Ese tribunal puro de segunda instancia que pueda revisar íntegramente las sentencias penales, en su totalidad, no solo los hechos demostrados o no demostrados, sino toda la prueba que se ha llevado al expediente, a mí me parece que no sigue existiendo con la claridad que debería”, subrayó a UNIVERSIDAD.
SITUACIÓN VIGENTE Y CAMBIOS
En el país existen dos sistemas para controlar la legalidad de una sentencia penal dictada por un tribunal de juicio.
El primero es que cuando la sentencia no está firme (o sea, el proceso no se ha cerrado) se puede presentar un recurso de casación, ya sea ante la Sala III o ante los Tribunales de Casación Penal.
La segunda opción es el procedimiento de revisión. Este se presenta ante la Sala o los Tribunales de Casación cuando la sentencia está firme, si por ejemplo, surgen nuevas pruebas o testigos nuevos.
Los Tribunales de Casación Penal conocen recursos de casación y procedimientos de revisión en materia penal juvenil, delitos sexuales, narcotráfico y la mayoría de asuntos en materia penal de adultos, mientras que la Sala desempeña esa misma tarea en las demás temáticas.
La idea del plan legislativo es que los Tribunales de Casación Penal pasen a llamarse Tribunales de Apelación. Les correspondería analizar integralmente las sentencias en cualquier asunto penal cuando el afectado presente un recurso de apelación (nueva figura que se crearía) contra el fallo de un tribunal de juicio que aún no esté firme. Es decir, tendrían prácticamente las mismas funciones que poseen hoy, pero las ejercerían bajo otro nombre.
A la Sala III se le encomendaría conocer los recursos de casación que, de acuerdo con el plan, se interpondrían contra las sentencias de los Tribunales de Apelación, cuando “se alegue la existencia de precedente contradictorio con otro tribunal de sentencia o con la Sala”, o si se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa, entre otras labores.
También tendría a cargo los recursos de revisión. Dentro de las razones para presentarlos se eliminaría la posibilidad de hacerlo cuando una sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa.
LLUVIA DE CRÍTICAS
Jorge Arce, juez de casación penal de San José y magistrado suplente de la Sala III, indicó que de aprobarse el proyecto, la nueva fase de impugnación ante la Sala significará un atraso en las disputas penales, puesto que dentro de las violaciones al debido proceso cabría cualquier argumento.
“Esa fórmula es tan amplia que lo que uno puede ver es que cada vez que el Tribunal de Apelación dicte una sentencia, se va a plantear un recurso de casación. Toda la gente disconforme va a llenar la Sala III de recursos”. Enfatizó que la nueva fase que se quiere imponer no tiene nada que ver con la protección de los derechos que resguarda la Convención Americana de Derechos Humanos.
El juez precisó que hoy la Sala III tarda más de un año en resolver algunos casos, mientras que los Tribunales de Casación Penal duran aproximadamente tres meses.
Entre tanto, Alfredo Chirino, exmagistrado suplente de la Sala III y catedrático de la UCR, advirtió que no es razonable que se quiera extender el proceso penal.
“Esto es bastante serio respecto de la jurisprudencia de derechos humanos de la Corte Interamericana, porque agregarle un paso generará un aumento en el tiempo de prisión preventiva, lo cual crea incertidumbre. El proceso será muy largo, complejo y costoso”.
Por su parte, Javier Llobet, exmagistrado suplente de la Sala III y catedrático de la UCR, afirmó que es un secreto a voces que los letrados de la Sala III son quienes redactan los proyectos de resolución y que, dado que la Sala estará repleta de casos, aumentará el trabajo de ellos. Según Llobet, lo ideal es que sean los mismos magistrados quienes se encarguen de redactar las sentencias, como lo hacen los jueces de los Tribunales de Casación.
A pesar de los pronósticos sobre la gran cantidad de trabajo que se le acumularía a la Sala III, su presidente, José Manuel Arroyo, rechazó categóricamente que se incrementarán los plazos para resolver un asunto.
Expuso a UNIVERSIDAD que el recurso de casación se analizará con “criterios restrictivos”. (Ver entrevista “Queremos poner orden en medio de un gran desorden”)
Por otro lado, Arce y Chirino se mostraron contrarios a que para interponer un recurso de revisión se quiera eliminar la posibilidad de hacerlo alegando incumplimientos al debido proceso, ya que esta opción ha permitido que personas condenadas pudieran ser puestas en libertad.
De acuerdo con el magistrado Arroyo esta fue una salida coyuntural que se planteó en 1989 cuando el recurso de casación era cerrado, pero ahora este es abierto.
“Solo en Costa Rica las sentencias no dejan de revisarse nunca. Tenemos 5, 6, 10 revisiones de un mismo asunto. ¿Quién apechuga eso? La Sala III, porque las penas altas, donde más revisiones se imponen, es ahí que se revisan”, se quejó.
Por su parte, Rosaura Chinchilla, jueza de Casación Penal de San José, aseveró que el sistema propuesto generará más demandas contra Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La razón de ello es que las personas que fueron condenadas antes de que el proyecto entre en vigencia –si así sucediera- solamente tuvieron dos instancias ordinarias: el juicio y el recurso de casación. Entre tanto, quienes sean juzgados luego de que se le dé el visto positivo al plan, tendrán tres etapas ordinarias: el juicio, el recurso de apelación y de casación.
Si hubo un vicio en el debido proceso, quienes fueron juzgados antes de que se apruebe la iniciativa, no podrían tampoco interponer un recurso de revisión, pues se formula eliminar la revisión por ese motivo. La única forma que los condenados puedan ser escuchados sería acudir ante la Corte Interamericana y decir que fueron tratados de manera desigual.
RECUPERAR PODER
El catedrático Javier Llobet expresó que detrás de la iniciativa legislativa hay un deseo de la Sala III de “recuperar su poder”, puesto que actualmente, tanto esta como los Tribunales de Casación Penal desempeñan prácticamente las mismas funciones.
“Se quiere restablecer totalmente el sistema napoleónico donde la cúpula administrativa y jurisdiccional coinciden y que había sido resquebrajado parcialmente con la existencia de los Tribunales de Casación Penal”.
En otra temática, Chinchilla, Arce y Chirino advirtieron que el proyecto no expone nada sobre materia penal juvenil, pues no se trazan reformas a la Ley de Justicia Penal Juvenil ni a la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, lo cual es necesario.
Arroyo reconoció que se equivocaron al no tomar en cuenta ese tema y dijo que los diputados ya diseñaron una moción al respecto.
José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera:
“Queremos poner orden en medio del desorden”
El jerarca aseguró que el recurso de casación no provocará un aumento en los plazos para resolver.
El presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, desmintió las críticas que alegan que el proyecto para reformar las competencias de la Sala Tercera y de los Tribunales de Casación derivará en un perjuicio para el sistema penal.
Explicó que la interposición de un recurso de casación que reclame, por violaciones al debido proceso, las sentencias de los Tribunales de Apelación (hoy Tribunales de Casación Penal) no aumentará el período para resolver un caso.
En su opinión, ellos definirán qué acogen y qué no, de acuerdo con una serie de criterios previos. Además, enfatizó que se pretende otorgar seguridad jurídica a las personas, pues muchas sentencias de los tribunales penales son contradictorias.
A continuación se ofrece un extracto de la entrevista realizada en su despacho el pasado 22 de abril.
Algunos jueces y académicos han criticado que establecer otra etapa (recurso de casación) para reclamar las sentencias de los que serían los tribunales de apelación, va a aumentar el tiempo en que se resuelven los procesos. ¿Qué opina de ello?
– No es una instancia más, tampoco estamos abriendo la posibilidad de prolongar la duración de los procesos, la casación va a ser estricta para resolver la jurisprudencia contradictoria y para controlar que no haya una violación de los derechos fundamentales en la sede de apelación. En el caso de la revisión, esta va a ser cerrada, no abierta como ahora. A la Sala Tercera le va a tocar poner orden donde hay un gran desorden en jurisprudencias del Tribunal de Casación, de la Sala, que han ocasionado mucha inseguridad jurídica, porque dependiendo de dónde le toque a una persona el asunto, habrá muchos criterios sobre un mismo tema.
Pero la crítica dice que al poder apelarse la sentencia de los tribunales de apelación, bajo el argumento de que se violó el debido proceso, por cualquier cosa interpondrían un recurso de casación.
– Nosotros veríamos si es por cualquier cosa o no.
Pero eso no está bien definido en el proyecto.
– Eso es una apreciación. Tenemos la convicción de que vamos a poder controlar. En primer lugar, yo no creo que un tribunal con la calidad de los jueces que tienen los tribunales de casación (que pasarían a ser de apelación) vayan a violar flagrantemente los derechos fundamentales a cada momento. Usted me dirá: ‘se van a alegar violaciones aunque no ocurran’. No, aquí vamos a ver con criterios restrictivos a qué le damos paso y a qué no. Entonces, no es cierto que habrá abundancia de asuntos donde se violenten derechos fundamentales en sede de apelación de sentencia, porque los jueces son jueces de derecho, de los que cabe esperar un trabajo adecuado.
Se menciona que el fondo de esta iniciativa es devolverle la última palabra a la Sala Tercera, porque los Tribunales de Casación cumplen con las mismas funciones de esta. ¿Les molesta que los de Casación sean prácticamente iguales a la Sala?
– (Ríe) Existe molestia en ellos, más bien. El tema de poder puede ser un problema real. Para una Sala de la Corte Suprema de Justicia lo lógico es que pueda decir la última palabra. Pero ese no es el punto. El tema es que, por tener un sistema acusatorio distinto al que prevalece en América Latina, hemos tenido que convencer a la comunidad internacional de que nuestro recurso de casación es uno que asegura el derecho que la normativa internacional exige. Es decir, que por el hecho de no llamarse de apelación, eso no significa que incumple con los requerimientos de la revisión integral de la sentencia. Históricamente cometimos errores, como no darle recurso a las condenatorias de seis meses o menos de prisión, que se trató de corregir creando los Tribunales de Casación, porque si la Sala hubiera tenido que asumir esas condenatorias, aquí sí hubiera habido un colapso. Esa fue una medida táctica. Con el tiempo la reforma incluyó hasta cinco años. La instancia ha crecido con más capacidades, la última fue darles competencias en delitos sexuales y narcotráfico. Pero los criterios son cada vez más diversos. Entonces, en ese desorden hay que poner orden y se requiere, no tanto cuestionar el contenido del recurso, pues este asegura la revisión integral. Lo que se cuestiona es el ordenamiento de competencias para tener un diseño más adecuado que nos permita superar la jurisprudencia contradictoria.
Los jueces están incómodos porque ya no se van a llamar jueces de casación, porque si se llegan a llamar de apelación se les degrada, cosa que es falsa, porque más bien se les está dando más responsabilidades.
Rosaura Chinchilla, jueza de Casación Penal de San José:
“El proyecto se ha manejado con hermetismo”
La jueza reprochó a los magistrados de la Sala III no tener la disposición para discutir la iniciativa legislativa.
De aprobarse el proyecto sobre la creación de los Tribunales de Apelación tal y como está, ¿cuáles serían las consecuencias para el sistema penal?
– Tendríamos procesos más largos, más costosos y excesiva duración de la prisión preventiva, porque se introducen etapas adicionales y todo tendría que ser conocido por la Sala Tercera, que actualmente tiene cargas inmensas de trabajo.
El magistrado José Manuel Arroyo dijo que los recursos de casación ante la Sala Tercera -por violaciones al debido proceso- tendrán criterios restrictivos, ¿qué opina?
– En el proyecto simplemente se habla de debido proceso. El voto 1739-92 de la Sala Constitucional enumera como 100 temas que son objeto de debido proceso. No me explico cómo van a ser restrictivos cuando dentro del debido proceso cabe prácticamente todo. En ese voto la Sala indica que cualquier violación a la legalidad ordinaria afecta el debido proceso.
El diputado Jorge Méndez insiste en que el país aún no cumple “cabalmente” con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Mauricio Herrera.
– Los motivos que se han esbozado para decir que el proyecto urge no son ciertos. En la comparecencia de una hora del magistrado Arroyo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si acaso se le dedicó un minuto al proyecto. Él enfatizó que se proponía por cuestiones de reorganización judicial. Si el proyecto no tiene nada que ver con la Corte Interamericana, ¿por qué la urgencia?, ¿por qué nos negamos a debatir sobre el tema? ¿Por qué se le está apretando el acelerador bajo un argumento falso? Don Jorge es contradictorio porque él firma y acoge el proyecto, pero en la misma exposición de motivos del proyecto se afirma que el país sí cumple con los criterios de la Corte.
El magistrado Arroyo plantea que a los jueces de casación penal les incomoda que se vayan a llamar de apelación, lo cual es un ‘título’ menor que el que ostentan hoy.
– En lo personal me tiene sin cuidado, mientras cumpla mi función, que en realidad sería la misma. He dicho reiteradamente que si se nos dan todas las competencias de la Sala Tercera vamos a tener una mejor calidad de justicia porque va a ser más rápida, directa, más barata. Le hemos expresado a él y a quienes han tratando de eliminar los argumentos jurídicos que estamos dando, descalificándonos en lo personal, que esas no son las formas de discutir, no nos están discutiendo los argumentos que estamos dando.
Llámennos como quieran, pero díganle al pueblo la verdadera razón por la que este proyecto, primero, está pasando de esta forma, por qué se ha manejado con hermetismo y por qué no se quiere discutir.
