La sexualidad en el centro de la pobreza

Una vez más, la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realiza anualmente, mostró que la pobreza en Costa Rica está asociada con el mandato sexual que la sociedad impone a las mujeres.

Entre los datos revelados por esta encuesta en el año 2015, se encuentra la persistencia del estancamiento de la pobreza alrededor del 22% de los hogares. Pero también el hecho de que la pobreza extrema no para de crecer desde el año 2010, cuando registró el 5,8% de los hogares, pues hoy alcanzó al 7,2% de ellos (ver más en La Enaho en síntesis).

Lo anterior ocurre en parte porque, como explica Juan Diego Trejos, subdirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, a pesar de que los subsidios y apoyos estatales se encuentran al alza, estos no llegan a los verdaderamente pobres.

Tampoco les ayudan los ingresos salariales del sector público (ver 72% de los salarios públicos llega a los hogares más ricos).

Pero los datos también ratificaron el perfil característico de los hogares que se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema: en la mayoría, las únicas responsables de sostenerlo son mujeres, que deben hacerse cargo tanto de una mayor cantidad de niños y niñas de cinco años o menos, como de una mayor cantidad de adolescentes y/o de personas adultas mayores dependientes.

En los hogares pobres hay 221 personas dependientes económicamente por cada 100 personas pobres en capacidad de trabajar, frente a 94 personas económicamente dependientes por cada 100 personas de la fuerza de trabajo para la población no pobre.

A pesar de esto, en los hogares en condición de pobreza la tasa de desempleo abierto es 4,8 veces más alta que en los no pobres (25,4% frente a 5,3%), y el 77,3% de las personas en situación de pobreza que trabajan tiene un empleo informal, mientras que entre los no pobres la informalidad baja al 36,6%.

Además, entre las personas pobres de 13 a 17 años, la asistencia a la educación regular es 5 puntos porcentuales más baja que entre las no pobres, y el rezago escolar de las que tienen entre 7 y 17 años de edad es 11,7 puntos porcentuales más alta que entre las no pobres.

La escolaridad promedio de las personas de 15 años y más en condición de pobreza es solo la primaria completa (6,4 años), mientras que para las no pobres es de tres años más, pues incluye el III ciclo de la Educación General Básica (9,2 años), entre otros datos (ver el cuadro Perfiles de pobreza de los hogares y de las personas por nivel de pobreza).

“Libertad de elegir”

El estudio Hogares monoparentales encabezados por mujeres y pobreza en Costa Rica realizado por T.H. Gindling, de la Universidad de Maryland, y por Luis Oviedo, del IICE, plantea que el estancamiento de la pobreza en Costa Rica, desde los años 90 del siglo XX, se debe a los cambios que se produjeron en la estructura familiar y el mercado de trabajo en relación con las mujeres.

Los autores sostienen que desde los años 70 y hasta comienzos de la década de los 90, la pobreza en el país se reducía en períodos de crecimiento económico y crecía en los tiempos de contracción de la economía. Sin embargo, entre 1996 y 2003, a pesar de que el ingreso real medio de las familias aumentó, la pobreza se estancó.

Esto lo atribuyen a que “el incremento de hogares monoparentales encabezados por mujeres elevó el número de mujeres con hijos que se incorporaron a la fuerza laboral, muchas de ellas por primera vez.”

Estos hogares monoparentales son aquellos en los que la familia -hijos, abuelos, nietos- depende económicamente de solo de uno de los progenitores, que usualmente es una mujer.

Estas no pudieron o no quisieron encontrar trabajos de jornada completa en el sector formal, donde las remuneraciones son más altas, y terminaron desempleadas o trabajando a jornada parcial por cuenta propia. Así, las condiciones del mercado de trabajo contribuyeron a los bajos ingresos de los hogares vulnerables, en especial aquellos monoparentales encabezados por mujeres”.

El hallazgo de este estudio se suma a otros realizadas por investigadoras feministas en los que se encuentra que el país sigue sin construir las condiciones para que las mujeres puedan, por un lado, controlar las decisiones que se toman con respecto a sus sexualidades.

Así, mediante la naturalización de la maternidad como destino, del abuso y la violación sexual de niñas, muchas veces se “justifican” los embarazos infantiles y de adolescentes, y finalmente esto se traduce en un gran número de mujeres que, por una designación social arbitraria, deben hacerse cargo de un promedio de cuatro o más niños y niñas.

Este constituye el primer peldaño seguro de una pobreza que se reproduce generacionalmente para esa infancia.

Consultada al respecto por UNIVERSIDAD, la Ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Alejandra Mora, afirmó que “las prácticas patriarcales como el incesto y el abuso sexual en la infancia y adolescencia, junto con las condiciones de hacinamiento y violencia, son causas de los más de 20.000 embarazos adolescentes y el creciente número de embarazo infantil en el país cada año.

Esta realidad es congruente con lo establecido a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, cuando plantea que al menos un 20% de las mujeres en el mundo son víctimas de abuso sexual en la infancia”.

Mora agregó que “muchas de estas niñas y adolescentes-madres forman parte de estos hogares ya empobrecidos, jefeados por mujeres, lo que las condena a una vida de pobreza al ser muchas de ellas excluidas de los procesos educativos y obligadas a generar ingresos e insertarse en el mercado laboral sin herramientas.

Las múltiples expresiones de la discriminación social de las mujeres (social, étnica, de condición migratoria, etc.) se manifiestan en mayores niveles de exclusión educativa, laboral y económica y explican su creciente presencia entre las personas pobres y pobres extremas”.

Adicionalmente a esto, el país todavía no asume como debería la responsabilidad del cuidado de la infancia, de las personas adultas mayores y de aquellas en condición de discapacidad, que se sigue recargando principalmente en las mujeres, lo que las limita, sobre todo a aquellas en condición de pobreza, tanto para aumentar su escolaridad como para poder buscar trabajos formales y de tiempo completo, que mejoren sus ingresos.

A propósito de los programas públicos que se desarrollan bajo la presente administración, Mora afirmó que en el período 2014-2015 “más de 5 mil mujeres han participado en los procesos de formación humana y en los procesos de coordinación del programa “Puente al Desarrollo”, logrando que al menos un 90% retomarán sus proyectos educativos (primaria, secundaria y hasta universitaria), un 50% definirá un proyecto productivo y, al menos un 40% se insertará a la formación técnica”.

Sin embargo, la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus sexualidades como factor central de la pobreza, sigue siendo una dimensión cultural que no se aborda de manera sistemática, en parte debido a la condición confesional del Estado, que cobija así las posiciones conservadoras promovidas por el catolicismo.