Leyes afectan costumbres indígenas malekus

Geyner Blanco, dirigente indígena maleku: “Solo queremos practicar nuestra  cultura de forma pacífica, sin alterar a la madre naturaleza”.Los indígenas son procesados sin tomar

Geyner Blanco, dirigente indígena maleku: “Solo queremos practicar nuestra  cultura de forma pacífica, sin alterar a la madre naturaleza”.

Los indígenas son procesados sin tomar en cuenta sus raíces, se les abren procesos penales y se les decomisa sus productos, según la tesis «La culpabilidad del imputado indígena Maleku en Costa Rica», presentada recientemente por Joselyn Morales y Josua Zamora.

Morales y Zamora elaboraron el mencionado estudio, para obtener su licenciatura en derecho en la Sede de Occidente (San Ramón de Alajuela) de la Universidad de Costa Rica UCR).

Los procesos contra los indígenas se dan a pesar del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a salvaguardar las costumbres de los pueblos indígenas y tribales en los países independientes.

En el inciso 1 del artículo 4 de este convenio se establece: “Deberán adoptarse medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la culturas y el medio  ambientes de los pueblos interesados”.

Tristeza, es la palabra con la que Geyner Blanco, dirigente indígena maleku, describe lo que su comunidad siente ante la presión que ejerce sobre ellos las autoridades y leyes ambientales.

Desde hace más de 10 años, el pueblo maleku de la zona norte considera violentada su ancestral costumbre de pesca en sitios como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. Esto, debido a que las leyes de biodiversidad, de vida silvestre y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, prohíben la extracción de especies de este lugar.
“Están cercenando nuestro derecho a tener una espiritualidad activa; los principales sitios sagrados malekus están fuera de las 2994 hectáreas que el Estado nos otorgó”, lamentó  Blanco.
Para esta comunidad, pescar no es solo un factor nutritivo y de subsistencia, es también su acercamiento con «Toku», principal deidad de la sociedad maleku. “Nosotros solo comemos peces y tortugas de agua dulce, ya que ellos están bendecidos por Toku”, explicó Blanco.

De acuerdo con la coordinadora del consultorio ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR, Marianela Mora, la situación descrita no es un problema de las leyes, sino  de su aplicación.

“En principio nadie puede sustraer especies de estos sitios, a no ser que haya una sobrepoblación de dicha especie o que sea para subsistencia. Me parece que este problema es por el desconocimiento de las leyes, por parte de las autoridades y por su mala aplicación”, opinó Mora.

Por su parte, la abogada Joselyn Morales recordó que «la mayoría de jueces que consultamos dicen que no se les debería aplicar la ley de forma distinta. Los jueces no comprenden que para ellos las leyes les son impuestas y no sienten como propia la norma. Es un asunto complicado, debido a que la mayoría de su cultura es transmitida por vía oral y no hay pruebas escritas de todas sus tradiciones”

LEYES DE LA DISCORDIA

Paolo Nájera, estudiante de antropología e indígena Térraba, sostiene que el convenio 169 nunca es respetado y que las poblaciones indígenas tienen que variar sus prácticas ancestrales por “capricho” de los funcionarios públicos. “Es una total violación de los derechos humanos fundamentales”, acotó.

Cabe mencionar que el artículo 339 del Código Procesal Penal estipula que “…cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de referencia, el tribunal podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos fases y, de ser necesario, trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad en que ocurrió el hecho, para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de la prueba…”.

El abogado Josuá Zamora hizo ver que “este recurso no es para todos, por el costo y el tiempo que conlleva”.

“Nosotros lo que queremos es acercar al funcionario público a nuestra comunidad; que él se dé cuenta de que las compañías industriales son las que generan la problemática ambiental. Nosotros solo queremos practicar nuestra  cultura de forma pacífica, sin alterar a la madre naturaleza”, aseveró Geyner Blanco.

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