Las recientes resoluciones de la Sala Constitucional (IV) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) sobre el acueducto en Sardinal de Guanacaste, dieron la razón a la lucha que en los últimos tres años desarrollaron los vecinos de aquel distrito del cantón de Carrillo.
Así quedó evidenciado en el foro “Implicaciones del proyecto de ampliación del acueducto de Sardinal”, realizado el pasado 20 de mayo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad fue organizada por el Consejo Universitario y contó con la participación de Mario Arias, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la UCR; Juan Félix Castro, dirigente del Comité Pro Defensa del Agua de Sardinal; Álvaro Sagot, especialista en derecho ambiental y docente de la UCR y la Universidad Nacional; y Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario. Como moderador estuvo Oldemar Rodríguez, director del Consejo Universitario.
Al recordar la ardua lucha –que incluyó enfrentamientos de los vecinos de Sardinal con la policía- contra el acueducto que promueve un grupo de 22 empresarios hoteleros y de bienes raíces, Juan Félix Castro criticó las instancias estatales que se pusieron del lado de los inversionistas, y el perfil mostrado por los profesionales en hidrología, por ser acríticos y afines al modelo de desarrollo que se quiere imponer en esa provincia.
En su opinión, estos técnicos nunca tomaron en cuenta el parecer de la comunidad, ni su conocimiento tradicional, basado –por ejemplo- en la observación del clima.
Cabe indicar que si bien desde el 14 de enero del 2009 la Sala IV había declarado con lugar un recurso de amparo que había presentado contra el acueducto la agrupación ambientalista Confraternidad Guanacasteca, no fue sino hasta el pasado 3 de mayo (15 meses después) que entregó el texto de su resolución.
El abogado Álvaro Sagot aseguró a este Semanario que “cuando se trata de derechos humanos, las respuestas se suponen que deben ser rápidas, y más cuando ya existía el “por tanto” desde hacía muchos meses. Entonces no veo la justificación, salvo negligencia”.
A su parecer, todo este tiempo que se ha perdido por el retraso de la Sala IV, lo pudo haber aprovechado la comunidad de Sardinal para solicitar la apertura de procedimientos administrativos contra todos los funcionarios que participaron en el otorgamiento de permisos, en vista de que ya la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes habían dicho que eran nulos y abusivos. Asimismo, se debe exigir procesos de lesividad para anular todos los permisos.
En vista de que la resolución del pasado 20 de mayo anuló la viabilidad ambiental del acueducto, pero dejó abierta la posibilidad de que los empresarios presenten un Estudio de Impacto Ambiental y así reactivar el proyecto, Sagot considera que la lucha de la comunidad de Sardinal debe intensificarse, pues los interesados cuentan ahora con un 85% de la información necesaria para lograr su aprobación.
