Nicaragüenses cruzan la frontera en busca de mejores oportunidades. (Foto: Ernesto Ramírez)

María Isabel Jiménez, nicaragüense  con 16 años de residir en Costa Rica,  acudió en febrero al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con el fin de matricular a dos de sus nueve hijos, en cursos de capacitación; sin embargo, la institución le negó la matrícula, pese a cumplir con los requisitos académicos,  porque los jóvenes aún menores de edad nacieron en Nicaragua y a la fecha no tienen documentos legales en el país.

Esta vecina de Tres Ríos, quien desde hace cinco años logró obtener su cédula de residencia, además tuvo a siete hijos en Costa Rica sin recibir atención médica prenatal, ya que no contaba con un seguro médico, debido a que su patrón no cotizó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Jiménez también argumenta que temía ser deportada o que el Estado le quitara a sus niños, al no poder sufragar los gastos médicos contraídos luego de su atención.

Pese a que la educación, salud y la vida son catalogados como derechos fundamentales, algunas instituciones públicas no garantizan la atención de personas migrantes que no cuentan con documentos al día.

En el INA no hay un marco regulatorio propio para definir la atención a personas migrantes indocumentadas, por lo que se apega a la legislación migratoria, que indica la necesidad de contar con un documento al día para realizar cualquier trámite.

Por su parte, una directriz de la Caja, en vigencia desde octubre del año anterior, estableció que las mujeres embarazadas que no cuenten con un seguro y además no posean estatus migratorio regular en el país, solamente serían atendidas al amparo de los artículos 61 y 74 del reglamento del Seguro Social, en donde se estipula el proceder en situaciones catalogadas como de “urgencia”,  impidiendo así la atención prenatal y posparto.

Dicha directriz no fue avalada por la dirección jurídica de la misma institución, que el 30 de abril de 2013 la dejó sin efecto al indicar: “la Caja debe otorgar el servicio de salud, tanto a mujeres embarazadas, como a menores de edad, indistintamente de su estatus en la seguridad social y condición migratoria”.

Aunque la institución dio marcha atrás a su política, la realidad que viven menores de edad y mujeres embarazadas en estatus migratorio irregular en el país, es calificada como “de continua violación a los derechos humanos”, según opinó Karina Fonseca, del Servicio Jesuita para el Migrante (SJM), organización adscrita al Consejo Nacional de Migración, donde coordina  en el  ámbito nacional el manejo de la temática migratoria en las instituciones. Ella señaló que “deben revertirse dichas violaciones”.

Fonseca asegura que aunque no haya una directriz que impida la atención de mujeres en condición de embarazo sin estatus legal, la decisión sobre si se valora o no queda a discreción de los mandos medios. Según la integrante del SJM la mayoría de negativas de atención se dan en la Gran Área Metropolitana.

Para Carlos Sandoval, investigador de la Universidad de Costa Rica, nuestro país ha suscrito convenios internacionales, que jurisdiccionalmente poseen mayor rango que la legislación interna, en donde se estipula la protección a la niñez y la mujer. Es por ello que Sandoval considera que “se irrespetan los compromisos internacionales al negar el acceso a derechos fundamentales”.

En el INA aseguran que la situación se sale de sus manos, ya que los cambios a las leyes migratorias en el país provocan que no puedan atender a la población migrante indocumentada. Roberto Mora, subgerente técnico del INA, manifestó “antes formábamos a muchos extranjeros que no contaban con su situación migratoria al día, pero muchas de estas personas llegaban a Migración a exigir su residencia por los cursos de capacitación que recibían; esto nos llevó a recibir procesos sancionatorios de continuarse, por lo que ahora nos apegamos a la ley de Migración”. Según Mora, “nosotros estamos dispuestos a recibir a personas sin ninguna distinción, pero nos tenemos que regir bajo el marco legal”.

Pese a que UNIVERSIDAD tramitó una entrevista con funcionarios de la CCSS, a la fecha del cierre de edición (martes 14 de mayo) no hubo respuesta.

SIN MATRÍCULA, NI SALUD

Los hijos mayores de María Isabel Jiménez, si bien es cierto nacieron en Nicaragua, no conocen ese país. Su mamá emigró cuando el mayor de ellos tenía dos años, con el objetivo de darles una mejor vida en nuestro país. Según Jiménez,  muchas personas le comentaron que en Costa Rica existían buenas oportunidades laborales.

“Es muy difícil establecerse. Cuando uno viene no piensa en eso, al llegar a  uno lo tratan como si no fuera una persona”, opinó Jiménez.

La mujer llegó al país embarazada de su tercer hijo, a quien no llevó a atención prenatal porque algunos vecinos le advirtieron  −falsamente− que se lo podrían arrebatar debido a su situación irregular. Con el mismo temor nacieron los seis restantes niños que conforman la familia.

“Yo solo iba al centro médico cuando iban a nacer, cuando me daba dolor de parto, antes no”, explicó la vecina de Tres Ríos, quien inmediatamente añadió: “gracias a Dios ninguno nació con problemas”.

El principal obstáculo para acceder a la cédula de residencia es el elevado costo económico que esta significa, además que este trámite obliga a las personas a  perder días enteros en filas en instituciones en nuestro país, además de desplazarse hasta su país de origen.

Derechos irrenunciables

El porcentaje de extranjeros  que viven en Costa Rica, según el censo realizado en el año 2011, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) corresponde a un nueve por ciento del total de la población, lo que equivale a cerca de 400  mil personas. Este dato solo contabilizó los que poseen sus documentos al día.

La Dirección de Migración y Extranjería no cuenta con una cifra exacta para la población en estatus irregular, ya que esta es muy fluctuante, según la época del año y la actividad económica que se esté desarrollando.

Pero independientemente de la cantidad de inmigrantes indocumentados, el investigador Sandoval, de la UCR, aseguró que derechos como la salud no pueden negarse, ya que se “estaría poniendo en riesgo la vida de las personas”. Indicó, además, que “la salud no se puede tutelar en términos migratorios, los funcionarios médicos no son guardianes de documentos migratorios”.

Legalmente la CCSS no puede realizar, ni tramitar deportaciones a personas que reciban atención médica. Incluso está en la obligación de brindar servicio a personas no aseguradas, según el reglamento del Seguro Social, en su artículo 61, en donde se establece que en casos de urgencias, se brindará el servicio y posteriormente deberá cancelar los gastos ocasionados al centro hospitalario. En cambio si la situación no es urgente, se le cobrará antes de ser atendido.

Ante esto, Karina Fonseca del SJM cuestionó: “¿Qué es una urgencia?,  ¿Una mujer desangrándose en una situación crítica? Y además ¿Privarla de la protección adecuada durante todo el embarazo? Es un retroceso muy significativo”.

Contradictoriamente, la nueva ley de migración, vigente desde el año 2010, establece como requisito para regular el estatus migratorio en el país, contar con un seguro médico.

El subgerente técnico del INA, Roberto Mora, considera que el INA no viola los derechos de la población migrante al no brindar el acceso a personas indocumentadas para recibir capacitación en la institución, “no lo vemos de esa manera, la institución nace para atender a la población trabajadora”.

Alta proporción de nicaragüenses en regla con la CCSS

Los datos del censo 2011 revelan que el 37% de la población migrante nicaragüense cuenta con seguro directo, mientras que el porcentaje de costarricenses con ese aseguramiento es de 31%.

Además, el aporte financiero a la Caja por parte de los migrantes nicaragüenses crece año con año. Por ejemplo, según los datos aportados por el investigador Carlos Sandoval, para el 2008 los extranjeros aportaron en cuotas obrero-patronales a la CCSS  $90,7 millones (45.350 millones de colones), mientras que el costo de la atención en salud que recibieron fue de $84,7 millones 42.350 millones de colones).

Es por esto que, según Sandoval, la tesis de que las finanzas de la Caja están siendo afectadas por el aumento de la población migrante, no se sostiene. Sandoval calificó como “irresponsables” declaraciones otorgadas por  la Ministra de Salud, Daisy Corrales, quien en agosto del año 2011, con tan solo una semana frente de la cartera, aseguró a los medios que la crisis de la institución era producto de la falta de recursos financieros para darle soporte a lo que catalogó como un “sistema abierto”, tendiente a cambios migratorios.

Karina Fonseca del SJM agregó “que la CCSS más que poner el lente sobre este grupo tan específico, debería buscar otras alternativas de recaudación y financiamiento”.

Pese a que la Caja echó marcha atrás a su directriz en la que excluía de atención mujeres embarazadas sin seguro o documentación regulatoria, el acceso a los derechos fundamentales de las personas migrantes es uno de los grandes retos en nuestro país, ya que muchos prejuicios alejan a poblaciones vulnerables de gozar sus garantías, ante el temor de las recriminaciones que puedan sufrir por su condición.