Ministro de Justicia: No se necesitan cárceles costosas

El Ministro de Justicia José Miguel Villalobos abogó por la despolitización en la elección de magistrados e impulsar proyectos que reincorporen a los exprivados

El Ministro de Justicia José Miguel Villalobos abogó por la despolitización en la elección de magistrados e impulsar proyectos que reincorporen a los exprivados de libertad a la sociedad.

José Miguel Villalobos: «Muchos presos podrían estar en libertad sin aumentar la delincuencia».

«La mayoría de las personas encarceladas podrían ponerse en libertad y ni siquiera se incrementaría la delincuencia», así defendió el Ministro de Justicia, José Miguel Villalobos su posición a favor de una justicia retributiva que descongestione los centros penales y devuelva a las víctimas parte de lo perdido por la comisión de delitos.

Villalobos considera que el proyecto de concesionar la construcción de una cárcel en Pococí es poco viable por su elevado costo y que en los últimos años la sobrepoblación penal ha disminuido.

Pese a la llamada de atención del Presidente de la República, quien le sacó «tarjeta amarilla» por las críticas que hacía a la administración anterior, Villalobos sigue siendo el asesor jurídico personal de Pacheco y no teme que «autoridades políticas superiores» objeten sus pronunciamientos contra la corrupción.

Fue claro en su rechazo a una escuela policial militarizada en el país y rechazó la ingerencia del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en el nombramiento de magistrados.

El siguiente es un resumen de la entrevista realizada el 4 de octubre por los periodistas Carlos Morales, Eduardo Ramírez, Rafael Ugalde y William Vargas.


¿Cuál es la situación de violencia y hacinamiento del sistema carcelario costarricense?

-Ahora no hay hacinamiento en las cárceles, al interior de ellas se trata que las personas se les respeten sus derechos humanos, las normas constitucionales y éticas que las protegen.

El hacinamiento se da cuando hay una sobrepoblación del 20% de la capacidad fija, según las normas de la Comunidad Europea. A setiembre de este año tenemos un 9% , tasa muy similar a la de España con 6%, o Italia, 12%.

¿A qué atribuye usted que la Ministra de Justicia anterior dijera que el hacinamiento carcelario era tal que se requería la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Pococí?

-Ella sabe que no hay hacinamiento. Hay sobrepoblación y lo que desea es que disminuya a cero. Tratamos de poner en práctica la norma internacional que señala que no deben estar mezcladas personas indiciadas con sentenciadas. Por eso debe cambiarse la norma para que personas con diferentes categorías delictivas no estén mezcladas.

Tenemos 16% de indiciados y 84% de sentenciados. El porcentaje de los primeros es uno de los más bajos del mundo.

Con mil millones de colones anuales destinados a infraestructura, desarrollamos un plan que permitirá el próximo año ampliar a 180 personas la capacidad de los módulos de Puntarenas y Limón; crear 50 celdas más de máxima seguridad en La Reforma y cambios en los centros de visitas para que ellos estén más seguros y tengan mayor privacidad.

El costo de mantenimiento diario por cada interno en el país es de $12; en Francia se destinan $48 diarios por cada encarcelado, mientras que en Honduras $15 al mes por cada persona presa.

¿Qué acciones se impulsan desde el Ministerio de Justicia para promover la incorporación de los exreclusos a la sociedad?

-La cárcel es un mal necesario que no cura ni rehabilita, pero no puede desaparecer porque algunas personas requieren ser separadas de la sociedad. En mi opinión la mayoría de las personas podrían ponerse en libertad y ni siquiera se incrementaría mucho la delincuencia.

Pero las que han cometido delitos sexuales, son homicidas culposos o reincidentes en delitos contra la propiedad o las personas, deben estar presas.

La justicia restitutiva centra el problema en la víctima no como propiciador de la venganza, sino como una persona con derecho a que se le restituya su situación que tenía lo más antes posible a la comisión del delito. Esta corriente permite a la sociedad y a la víctima recibir una restitución por el delito y si eso se puede lograr sin cárcel, se debe hacer.

Si una persona en estado de ebriedad cometió un delito al conducir, lo ideal es que la víctima sea indemnizada y que se obligue al infractor a desempeñar un trabajo comunal durante el tiempo que hubiese estado en la cárcel. Este tipo de sanción incluso sale màs barato al Estado.

Rediseñaremos un proyecto de rehabilitación que ha funcionado con el nombre de «Escucha su voz», que permite a personas que salen luego de cumplir la pena, recibir un subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social para que puedan estudiar en el Instituto Nacional de Aprendizaje o terminar su bachillerato.

Sin embargo algunos piden sanciones cada vez más fuertes para los delincuentes. ¿Comparte usted esa posición?

-En algunos delitos sí, pero en otros no. Creo que la pena máxima debe mantenerse en 50 años porque si se reduce a 35, como lo plantea el Poder Judicial, se envía a la población un pésimo mensaje. La reducción solo beneficia a unas 50 personas.

Creo en las penas alternativas y es un sinsentido las penas cortas de prisión. El 26% de las personas sentenciadas está condenada a menos de 5 años.

¿La pena de 50 años implica una pena perpetua, tomando en cuenta la expectativa de vida de los costarricenses?

-No, porque si una persona de 70 años de edad es condenada a 10 años de cárcel, esa pena es perpetua. La pena de 50 años no es perpetua según la Sala Constitucional, porque la pena como tal tiene un límite de tiempo.

Un estudio elaborado por el Instituto de Criminología detalla que si se baja la de 50 años a 35, y si se eliminan los beneficios contenidos en el artículo 55 del Código Penal, aumenta en 10 mil años las condenas con el número de privados de libertad en el país.

¿Qué pasaría con los delitos económicos?

– Deben agravarse las penas, pero también pensar en alternativas. Para un corrupto lo más indignante sería que fuera sancionado a pintar escuelas o cortar el césped en sitios públicos cada fin de semana durante los años que dure su sentencia. Las multas tienen el problema de convertirse en un derecho al que acceden solo los ricos.

Los delitos económicos deben sancionarse con algún tiempo en cárcel y con penas sustitutivas que muestren a la sociedad que los delitos deben pagarse.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde se discute ahora una serie de reformas al código penal, se preguntó si se podía obligar a trabajar a un privado de libertad y la respuesta es que sí, según lo establecen los documentos internacionales sobre el tema.

Debe darse una gran revolución en el sistema carcelario: descongestionar las cárceles de personas que no representen un peligro social. Las penas alternativas brindan esta opción.

¿Plantea usted una reforma en el manejo de justicia y en las sanciones por los delitos? ¿Cómo conciliar esto con la sensación de las personas de que hay mayor inseguridad?

-La inseguridad aumenta cada vez más, pero esto no obedece a la realidad. Un estudio del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unida para la Prevención del Delito (ILANUD) indica que San José es una de las capitales con menores índices de delitos en América Latina, pero la de mayor percepción de inseguridad.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el aumento de esa sensación?

-Es enorme. En los países donde hay mayor información sobre los hechos delictivos, aumenta más esa inseguridad. Las informaciones televisivas sobre un homicidio duran hasta cinco minutos y se repiten en todas las ediciones; esto genera la idea de que ese hecho está sucediendo en ese momento en todo el país.

Ante esa percepción algunos políticos venden la idea que aquí deben duplicarse el número de policías o la capacidad de las cárceles, o aumentarse las penas.

Para corregir esto debe analizarse lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. A la cárcel debe enviarse con penas muy severas a las personas realmente peligrosas.Los delitos de delincuentes juveniles han disminuido.

Pero hubo un trabajo especifico del entonces Ministro de Seguridad Luis Fishman, al respecto…

-El tema de los delincuentes juveniles estaba en auge a finales de la administración Figueres. la Ley de Justicia Penal Juvenil se aprobó en 1996 en medio de la opinión pública que pedía cárcel para los infractores jóvenes.

La ley establece penas alternativas para este tipo de delitos y en los últimos meses las denuncias de este tipo han disminuido o al menos ha desaparecido como noticia.

Ahora el 86% de estos infractores tienen penas alternativas y las reincidencias son mínimas.

Las reincidencias de quienes trabajan en las cárceles es mucho menor. El 48% de los internos en La Reforma trabaja y la reincidencia en ellos es de cero.

¿Se justifica la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Pococí a un costo tal alto como el anunciado? ¿Es esto un intento de privatizar una acción que compete al Estado?

-No. La cárcel nació con un mal diseño ideológico, porque apelar a la ley de concesiones en este caso es un sinsentido. Para su justificación se utilizaron en forma inadecuada las estadísticas. Se pensaba en 1.200 espacios y de ellos 400 serían de máxima seguridad. Ni en Irlanda Norte en la época más dura del IRA hubo jamás 400 celdas de máxima seguridad.

¿Implica esto que los datos fueros falseados para justificar la privatización?

-Decir que se necesitan 400 celdas de máxima seguridad en este país es un absurdo. No sé si eso fue utilizado para embaucar, para impulsar algún negocio o para qué.

Actualmente tenemos 48 celdas de ese tipo y creo que necesitamos llegar a 100, pero no 400.

El proyecto de Pococí cuesta $72 millones para 1.200 personas; y en Chile en mayo pasado 3 cárceles para 5 mil personas cuestan $140 en 10 años. En Chile es prohibido concesionar seguridad y vigilancia en las cárceles y desde mi perspectiva en nuestro país sería inconstitucional.  Pero eso debe decidirlo la Contraloría General de la República, aunque hay pronunciamientos al respecto de la Sala Constitucional en relación con el aeropuerto Juan Santamaría.

El costo de cada privado de libertad es de $12 diarios, pero con el consorcio que construiría la cárcel en Pococí, este subiría a $29.

El costo total de la cárcel tomando en cuenta la administración, es de $2 millones por mes, o sea ¢8.100 millones al año, la mitad de todo el presupuesto del Ministerio.

¿Han investigado por qué la insistencia en ese compromiso tan alto?

-Me reuní con el Consejo Nacional de Concesiones y dijeron que  nunca sacaron a licitación un diseño y por eso escogieron la oferta más barata que se presentó. Se me dijo que el Consejo pensó que en los próximos años habría un aumento en la delincuencia y que por eso pensaron en un número tal alto de espacios de máxima seguridad.

La licitación está en firme y desconocerla sería exponernos a una demanda por indemnización. Sin embargo, se está renegociando una disminución sustancial de los costos.

Se reducirá el número de celdas de máxima a 100 y los costos de administración también. No es posible que el director médico del centro penal vaya a ganar $3.500 mensuales y el director del centro casi $8 mil.

Me sorprendieron las palabras del representante legal del consorcio, quien pidió firmar primero el contrato y luego negociar las modificaciones.

Creo que la Contraloría General de la República no va a refrendarlo.

¿Se abrirá un expediente al respecto, habrá sanciones?

-Se abrirá en caso de que la Contraloría no refrende el contrato. Podría abrirse si la Sala Constitucional también se pronuncia luego de fallar un recurso de inconstitucionalidad que presentarían la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y la Defensoría de los Habitantes en relación con la concesión de seguridad y vigilancia.

¿Por qué la insistencia de las antiguas autoridades de construir una obra tan cara?

– No sé, pero algún día nos daremos cuenta qué había detrás de esto. Eso se investigará en su momento.

No creo en cárceles grandes y con $10 millones podríamos construir 5 módulos para 300 personas cada uno. Los riesgos de motines se reducen en centros pequeños y lejos de los centros urbanos.

¿Se justifica una escuela internacional de policía en el país?

-Es necesaria la formación de los policías. Me preocupan los costos económicos que debe asumir el país en el convenio firmado.

El documento puede enmendarse en aspectos de formación, pero hay problemas como la compra de terrenos y el pago de la mitad de los salarios de los instructores que vengan.

Tal como está planteado no me gusta el convenio. Creo que debe reforzarse la formación civilista de los policías, si eliminamos el ejército como institución permanente no tenemos por qué formarnos en lo militar.

El presidente Abel Pacheco dijo al Semanario hace dos semanas que el gobierno no tenía un centavo para esa escuela.

-Así es y en ese sentido las palabras del presidente son muy claras.  Requerimos capacitación, pero para eso hay muchos convenios firmados con otras instituciones y países, sin necesidad de crear una escuela acá. Podemos acudir a los gobiernos de Alemania, Italia, o España para capacitar a nuestras autoridades.

¿Sigue siendo usted el asesor jurídico personal del Presidente Abel Pacheco?

-Sí, seguimos teniendo una relación de confianza y me sigue preguntando algunas cosas.

¿Teme usted que de la tarjeta amarilla se pase a una roja?

-Los ministros, aún los amigos estamos sujetos a los vaivenes de las decisiones políticas. En diversos gobiernos, ministros se han marchado…

¿Por presiones de autoridades políticas superiores?

-En esta administración la posibilidad de que esas autoridades políticas superiores interfieran son mucho menores. Sin embargo, ningún ministro es destituido, se les acepta su renuncia porque cada uno tiene su carta de renuncia presentada y firmada desde el momento en que se le nombra.

El vendaval en mi contra ha pasado momentáneamente y podría volver, pero hay que tener la tranquilidad de conciencia, el aguante y la convicción de que se está haciendo lo correcto.

Nunca nadie que lucha por convicciones se queda solo, siempre tiene a su conciencia a la par.

En la entrevista con el Presidente Pacheco, él dijo que había autoridades superiores que lo presionaban a él. ¿Son las mismas en su caso?

-Me honraría que fueran las mismas, pero no lo sé.

Esas autoridades son peligrosas…

-Sí, el riesgo siempre tiene algo de placer erótico.

¿Cuál es su relación con las cúpulas del Partido Unidad Socialcristiana?

-Yo actúo en la vida sin pensar si mis actuaciones generan roces o aplausos. Soy una rara avis. Si he generado roces en las cúpulas no me interesa mucho porque no tengo cálculo político. Actúo de la manera que pueblo quiere que actuemos. En febrero y abril de este año, se pidió un rumbo, un estilo y resultados diferentes y si no somos capaces de actuar conforme a eso, no deberíamos estar en estos puestos.

¿Ha recibido amenazas?

-Algunas, pero puede que sean bromas.

¿Continuará en su posición de denuncia, pese a las amenazas?

-Seguiré en la lucha inclaudicable contra la corrupción y como decían los radicales argentinos, «antes quebrado que doblado».

¿Cuáles son las relaciones entre la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia?

– Cuando asumí mi cargo, yo almorzaba con Farid Beirute todos los lunes en mi despacho. Desde hace algún tiempo no se dan esos encuentros. Hay diferencias de criterios, porque creo que la Procuraduría es un órgano del Ministerio de Justicia y que no tiene autonomía administrativa aunque sí de criterio.

Nunca insinuaré como deben salir los dictámenes ni las opiniones de la Procuraduría cuando se le pide criterio. Pero sí exijo que se me respeten las decisiones que tomo sobre cómo se gasta el presupuesto de la Procuraduría.

¿Cree posible una aprobación de las reformas al Código Penal?

– En este momento se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde hay una representación importante de diputados que son abogados. Creo que el proyecto podría estar dictaminado en enero o febrero próximo.

La reforma al Proceso Contencioso Administrativo estaría lista antes de esa fecha para tenerlo como ley antes de 2003. Para finales de ese año se espera esté también dictaminado el de reforma al Código Procesal General para que se apruebe antes de 2004.

¿Hasta dónde la politización en el nombramiento de los magistrados es un obstáculo para el correcto desempeño del Poder Judicial?

-No hay ningún mecanismo que pueda despolitizar la elección de los magistrados. Creo que el sistema actual es el menos malo que existe con 38 votos de los diputados. El problema es que algunas veces esto genera que se vete el nombramiento de personas por su alto grado de incorruptibilidad, como es el caso de Fernando Cruz.

Exigir 38 votos impide que diputados de un solo partido escojan a los magistrados.

En los últimos años hemos vivido una revolución y han llegado a ser magistrados personas que antes ni se pensaba que podrían llegar, como José Manuel Arroyo, quien fue crítico acérrimo al conservadurismo.

Julia Varela también es un caso excepcional, ella es incorruptible y llegó a ser magistrada. La primera medida que anunció al llegar a su puesto fue la renuncia al celular y al vehículo.

Hay que revisar en esa escogencia la intervención del INCAE enviando cuestionarios a los futuros magistrados…

-Yo no soy tan amigo de esos procedimientos porque una persona que hable dos o tres idiomas podría tener una calificación más alta que otra pero sin medir otros aspectos. No creo en los «incaísmos» judiciales.

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