Niegan presiones del oficialismo a la Contraloría

El Ministerio de la Presidencia y varios diputados oficialistas negaron supuestas presiones sobre la Contralora General, Rocío Aguilar, en relación con la decisión de

Diputados del PLN le manifestaron a la contralora “inquietudes por los distintos criterios” aplicados en proyectos de cooperación.

El Ministerio de la Presidencia y varios diputados oficialistas negaron supuestas presiones sobre la Contralora General, Rocío Aguilar, en relación con la decisión de iniciar un procedimiento administrativo al Ministro Rodrigo Arias, contrario a lo dicho por otras fuentes cercanas al oficialismo.

La Contraloría General de la República le presentó una serie de cargos al ministro y hermano del presidente Óscar Arias, en relación con el escándalo denunciado en La Nación a mediados del año pasado por la contratación de asesorías del Gobierno pagada con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al margen del control presupuestario.
De acuerdo con las fuentes mencionadas, en una reunión almuerzo sostenida por Rodrigo Arias y los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el pasado lunes 16 de febrero en la Casa Presidencial, se habló de la apertura del órgano director al Ministro y se barajó la posibilidad de que los diputados enviaran una carta a la contralora Aguilar. Pero la idea se desechó luego de que alguien manifestó que sería una gran torpeza, y entonces se habló de organizar una reunión de los diputados con la jerarca.
Esa misma semana, el 19 de febrero a las 7 a.m., tuvo lugar una reunión en la jefatura de fracción del PLN en la Asamblea Legislativa, en la que se abordó el tema con Aguilar y otros funcionarios de la CGR, y no se permitió la presencia de asesores, según los mismos informes.
Preguntado el diputado liberacionista Carlos Pérez, si en la cita en Casa Presidencial se había hablado de la investigación iniciada por la CGR al ministro, respondió negativamente.
“No, era una reunión de coordinación para el tema de pasar en el plenario los empréstitos, que es prioridad del Gobierno; sobre todo en un momento de dificultad financiera necesitamos que haya dinero para poder hacer obra pública”, dijo Pérez.
En el mismo sentido se pronunció Óscar Núñez, jefe de fracción del PLN, quien negó que el tema de los fondos del BCIE para las asesorías hubiera sido el tema de la cita y que Rodrigo Arias le hubiera pedido organizar una reunión con la Contralora.
Era la reunión de la fracción para coordinar los proyectos de la semana, y que a veces se realiza en la Casa Presidencial, explicó.
Núñez sí confirmó el encuentro sostenido en la fracción con la contralora y un equipo de la Contraloría el 19 de febrero. Afirmó que el tema había sido el empréstito de $500 millones para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el empréstito de $850 millones para infraestructura pública, el proyecto de deuda subordinada para que los bancos estatales puedan invertir en obra pública y un tema relacionado con los gobiernos locales.
“¿Y el informe de la CGR sobre los fondos del BCIE para consultorías no se tocó?“, se le preguntó.
“No, lo que se tocó sobre ese tema fue en lo fundamental el de procedimiento, si se va a requerir de un proyecto de ley en materia de donaciones y en materia de servicios. La contralora dio explicaciones a algunas inquietudes que le manifestaron algunos diputados (…) Digamos, ese es un tema que se analizó en forma transversal, y se analizó por unos diez o quince minutos, que fue lo que duró ella en dar explicaciones de cuáles son los controles y las propuestas que se están haciendo en esa materia”, dijo Núñez. (Ver recuadro “No se habló de nombres y apellidos”).
En cuanto a por qué la cita se realizó a las siete de la mañana, una hora inusual para estas actividades, dijo que fue porque ese día tenían sesión a las nueve para la elección de magistrados, y en la tarde tenían que ver ya los proyectos del ICE. Además, era normal tener  la reunión en la fracción, ya que la Contralora se ha reunido con otras fracciones en la Asamblea Legislativa, apuntó.
De parte del Ministerio de la Presidencia fue rotunda la negativa ante la pregunta de si se había hablado con los diputados sobre estrategias para ablandar a la contralora.
“Le confirmo que como es casi habitual, el señor Ministro sostiene los días lunes una reunión de coordinación con la fracción legislativa oficialista en la que se abordan diversas temáticas”, pero de ahí a afirmar temerariamente que hubiera estrategias y presiones “es absolutamente falso”, respondió el asesor de prensa Pablo Guerén, ante una consulta de UNIVERSIDAD enviada a Arias sobre el tema.
“El señor Ministro de la Presidencia tiene a la ética por
estandarte y en este tema, como se ha hecho público, todo se está canalizando, como lo puede hacer cualquier ciudadano que siente violentados sus derechos, a través del camino de la Justicia”, indicó Guerén, en alusión al recurso de amparo que presentó Arias ante la Sala Constitucional.
La Constitución Política, en su artículo 183, dice que la CGR es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, y “que tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.”
En la CGR, Walter Ramírez, gerente de la División de Fiscalización Operativa y evaluativo dijo que no ha habido presiones sobre las personas que realizaron el estudio sobre los fondos del BCIE y las consultorías.
“Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde hacer”, dijo Ramírez. Añadió que en la reunión en la Asamblea Legislativa “simplemente nos limitamos a responder lo que los diputados nos preguntaban.”
Este es un caso bastante sonado y surgen preguntas o comentarios en reuniones de todo tipo, no solo en la Asamblea Legislativa, comentó.
Ante la pregunta de si los legisladores habían hecho algún tipo de reclamo por el informe de la contraloría, Ramírez dijo: “No, siempre hay inquietudes. Este es un caso especial en que se da una relación entre una entidad privada y el Estado, y como tal, dependiendo mucho de cómo se lleguen a definir las reglas de juego, las cosas quedan dentro de lo público, o parcialmente dentro de lo público, donde se manifiesta el interés público“.
Agregó que la Contraloría ha sido muy clara en su posición desde hace años, cuando se ha manifestado en lo relativo a las donaciones, y la cooperación en general. La Contraloría ha sido muy consistente, sin embargo es un tema que no se acaba de asimilar totalmente”, de manera que han surgido inquietudes en todo lado, anotó.
Señaló que el procedimiento administrativo que se está siguiendo es uno común y corriente, igual que otros, cuyo objetivo es establecer la verdad real de los hechos,  comprobar si hay faltas y cuáles serían las responsabilidades.

RECURSOS

Arias informó a la prensa el pasado jueves 26, que el 10 de febrero se le había notificado el inicio de un procedimiento administrativo por parte de la CGR, y que había presentado un recurso de amparo, luego de que el órgano director nombrado en la CGR le rechazó dos recursos de defensa.
Según sus palabras, lo que se le inició fue un procedimiento “disciplinario”, que “no es penal, ni civil, ni para sentar responsabilidades”, y las posibles consecuencias serían una amonestación personal, o la sugerencia al presidente Óscar Arias que lo separe del cargo. (ver recuadro: El recurso administrativo)
En el recurso de amparo –que la Sala acogió al día siguiente para su estudio- Arias alega que los funcionarios Navil Campos y Alejandro Herrera, del órgano director de la División de Asesoría y Gestión Jurídica, “cometieron irregularidades en el traslado de cargos y violación del debido proceso.”
La División Jurídica de la CGR abrió el órgano administrativo al ministro con base en la relación de hechos DFOE-SOC-RH-2-2008, a fin de establecer la verdad y si le cabe responsabilidad en el descontrol en torno a las contrataciones pagadas con los fondos no reembolsables del BCIE.
En un primer informe emitido el pasado 22 de octubre (DFOE-SOC-43-2008) la CGR había determinado que como las contrataciones las hizo el BCIE, los fondos donados nunca ingresaron a la hacienda pública costarricense, y por tanto no son objeto de fiscalización interna. Sin embargo, encontró una ausencia de controles en la administración y ejecución de los proyectos por parte del Ministerio de la Presidencia, razón por la cual anunció que evaluaba eventuales responsabilidades.
El pasado 10 de febrero la CGR emitió un nuevo informe (DFOE-SOC-11-2009). “Este documento corresponde al segundo informe que se emite sobre el tema en estudio, siendo que en el informe No. DFOE-SOC-43/2008 del 22 de octubre de 2008 se expone la ausencia de controles en la administración y gestión llevada a cabo por ese Ministerio de la Presidencia para la ejecución de los citados proyectos, tal y como lo establece la normativa que rige en esta materia. En lo que corresponde al presente informe, este contiene los resultados de la investigación realizada específicamente sobre los hechos divulgados en medios de prensa y en atención a denuncias presentadas por varios diputados de la Asamblea Legislativa, relacionadas con algunas de las contrataciones estudiadas”, indicó el documento.
El documento incluyó disposiciones para el titular y para el auditor interno del Ministerio de la Presidencia. A Arias le indicó “ordenar a quien corresponda, que en un plazo máximo de un mes, se den de alta y se registren contablemente, los bienes adquiridos con los fondos no reembolsables otorgados por el BCIE, al amparo de los convenios de cooperación firmados para tal efecto”.
Al auditor le ordenó efectuar estudios sobre varias de las contrataciones hechas con dichos fondos.
Además dicho informe indicó que “la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa acordó remitir  una relación de hechos a la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR para que valore la apertura de los procedimientos administrativos pertinentes por la ausencia de un adecuado control interno que debió prevalecer en el Ministerio de la Presidencia al momento de la selección y recomendación de los consultores ante el BCIE. Parte de los hechos a valorar involucra los gastos de carácter administrativo que fueron realizados por parte del Ministerio de la Presidencia.”
Las faltas imputadas al Ministro de la Presidencia, según lo reveló el mismo funcionario a la prensa, son: un debilitamiento del sistema de control interno sobre la designación de responsables para cada proyecto, debilidades en el procedimiento para la selección de los consultores y presentación de los denominados “términos de referencia”, deficiencias en la ejecución de las consultorías y el pago de los consultores, carencia de un sistema de información y rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Entre noviembre del 2006 y enero último, la Presidencia gastó $1,5 millones de los fondos donados por el BCIE, en imagen, prensa y consejería legal. También pagó a asesores legislativos, un mensajero y un músico, entre otros.
Aunque el ministro sostuvo que todo se había manejado en forma transparente, ante los diputados de la comisión de Control y Gasto Público admitió que hubo errores y algunas contrataciones no debieron haberse hecho. En enero último todas las asesorías fueron canceladas y quedaron $400.000 de los fondos donados.
El propio Arias fue quien decidió que los dineros no entraran en las arcas estatales, sino que los administrara la oficina local del BCIE, alegando que así se garantizaba mayor agilidad en las contrataciones.
Al rechazar el procedimiento en su contra, el ministro adujo que la CGR cae en “contradicción”, pues el 22 de octubre determinó que los fondos no eran públicos, y ahora pretende aplicar una normativa que existe solo para tutelar  fondos públicos.


El proceso administrativo

El procedimiento administrativo, como el que le ha abierto la CGR al Ministro de la Presidencia, consiste en la apertura de un juicio administrativo para que la administración pública pueda tomar razonadamente una resolución sobre los hechos (irregularidades o faltas) que se le atribuyen al funcionario. Ello con el fin de establecer la verdad de los hechos, cuáles faltas se habrían cometido y qué responsabilidades corresponden.
Este proceso para funcionarios públicos se prevé en el artículo 214 y siguientes de la Ley General de Administración Publica. Así, se abre un órgano director, que es un tribunal administrativo (en este caso constituido por funcionarios de la misma Contraloría), quienes le comunican al investigado los cargos que se le atribuyen. Se le da a éste audiencia y oportunidad de defensa, para que presenten los alegatos y descargos. El órgano director resuelve los recursos y si son apelaciones los traslada a un órgano decisorio. El órgano director puede pedir las pruebas donde estén, a fin de establecer la verdad de los hechos, arma un expediente y resuelve. El órgano director tiene que pronunciarse sobre los cargos en forma fundamentada, pero no decide, sino que eleva una recomendación al órgano decisorio. Si la decisión final fuera apelada, resuelve el superior jerárquico, en este caso la contralora.
Fuente: Ley General de Administración Pública, y entrevista a Pablo Barahona, asesor en derecho administrativo.


Jorge Méndez:
No se habló de nombres y apellidos

El diputado liberacionista Jorge Méndez afirmó que en la reunión con la contralora no se habló del caso concreto de Rodrigo Arias, aunque sí le expusieron inquietudes sobre el empleo de “distintos criterios” por parte de la CGR en relación con las cooperaciones internacionales.

¿La reunión fue para hablar del informe sobre fondos del BCIE?

-No, fue básicamente para hablar de los empréstitos del ICE. Bueno, los diputados le plantearon una serie de inquietudes diversas, pero el tema central fue ese.

¿Pero sí se tocó ese tema?

-Nnn, no.

-¿Y no se habló del caso de don Rodrigo Arias?

-No se habló de ese tema concreto, así con nombres y apellidos.

Pero lo del informe sí lo hablaron…

-Nnn..no. Vamos a ver, (pausa) se hicieron consultas generales sobre algunos criterios de las cooperaciones internacionales y cosas de esas, pero de un tema concreto no, ni de don Rodrigo Arias.
Porque es que hay varias inquietudes. La CGR ha emitido criterios distintos que de alguna forma afectan la seguridad jurídica, en algunas cosas mantiene una posición y luego cambia en otras.
Nosotros tenemos la inquietud que lo mínimo que se podría hacer es fijar reglas generales para algunos convenios de cooperación internacional, incluso algunos manejados por la misma Contraloría; cuáles deben ser las reglas para que haya una certeza del ordenamiento jurídico. Pero se habló así en forma general; por qué están haciendo esto con don Rodrigo Arias u otro, no.

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