Fuentes consultadas por UNIVERSIDAD insistieron en criticar actuación y hermetismo de esa Dirección del Ministerio de la Presidencia.
“No se puede permitir que en una democracia un cuerpo de seguridad se convierta en una policía política”. Así de tajante se mostró la defensora de los Habitantes Lisbeth Quesada sobre el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) del Ministerio de la Presidencia.
Desde finales del año pasado esa Dirección ha sido objeto de múltiples críticas, no sólo por un caso penal por presuntas estafas que implicó la destitución de los antiguos director y subdirector de esa instancia, sino por el acoso que muchos ciudadanos, incluso diputados de oposición, manifiestan haber sentido de parte de ese cuerpo de inteligencia.
Sin embargo, esas críticas arreciaron luego de conocerse los casos de Gilberto Lopes, periodista de UNIVERSIDAD de origen brasileño, y Carlos Meneses, abogado colombiano quien ha tenido condición de refugiado en el país, a quienes el Registro Civil negó la nacionalidad costarricense por encontrarse “anotados” en los archivos de la DIS, sin que se diera ninguna explicación más (ver UNIVERSIDAD del 10, 17 y 25 de febrero).
A pesar de que la Sala Constitucional obligó a esa Dirección a proporcionar a las personas afectadas por un “registro” toda la información que sobre ellas tenga, en los casos de Meneses y Lopes esto no ha sucedido (Ver UNIVERSIDAD del 4 de marzo).
La Defensora calificó todos estos hechos como “tremendamente lamentables” y añadió que los cuerpos de seguridad “deben cuestionarse fuertemente cuando se desnaturalizan sus objetivos y son utilizados de maneras diferentes a lo pretendido cuando fueron creados”.
Quesada recordó que la soberanía nacional e integridad territorial están garantizadas en la Constitución y el Estado debe velar por ello, por lo que debe existir un departamento de seguridad, “pero cuando esas instancias dejan de estar al servicio de los habitantes y se olvidan de proteger sus derechos, debe surgir el cuestionamiento no sólo sobre la naturaleza de su trabajo, sino de quiénes son las personas responsables y se deben sentar responsabilidades”.
Sobre los casos concretos que se han denunciado, manifestó que “puede que su estudio corresponda a la Defensoría, pero cada caso se debe analizar por separado”.
PROTESTA
El pasado 5 de marzo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organizó un piquete en las afueras de la sede de la DIS, en las inmediaciones del Gimnasio Nacional, en la que varios ciudadanos entregaron una carta solicitando la información que sobre ellos tenga la Dirección.
Albino Vargas, secretario general de esa organización, manifestó: “exigimos que se nos devuelva nuestra privacidad y planteamos el tema de que debe ser disuelta”.
El dirigente señaló que “desde hace tiempo” dirigentes sociales, políticos y sindicales “hemos sentido el espionaje de la DIS en la forma de seguimientos y demás y ya es hora de que la sociedad vea a esta Dirección como una policía política similar al Ministerio de Seguridad del Estado (STASI por sus siglas en alemán) de la antigua Alemania Oriental”.
Añadió que “la gota que derramó el vaso” fue el caso del periodista Gilberto Lopes.
Entre otras cosas, el documento firmado por los manifestantes, señala que la DIS “ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense”, también solicita que se aclaren los “presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político” y respalda “la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad”.
“HACEN LO QUE LES DA LA GANA”
En la anterior edición de UNIVERSIDAD, dos funcionarios del Registro Civil manifestaron que el hecho aislado de que la DIS le informe a esa instancia que tiene un “registro” de una persona, da pie a asumir que no tiene buena conducta y que por eso se niega la nacionalidad.
Añadieron que el principio de presunción de inocencia se aplica “en lo penal, pero para una decisión administrativa no necesariamente” (Ver UNIVERSDIDAD del 4 de marzo).
Ante ello se buscó el criterio de Gilberto Corella, presidente del Colegio de Abogados, quien puntualizó que jurídicamente existe el principio denominado “In duvio pro administrado”, según el cual cuando haya duda se debe favorecer al ciudadano.
“No se puede negar a una persona el conocer de cualquier situación por la cual le niega un derecho, como en estos casos en los que se cumplen los requisitos”, señaló.
Añadió que para negar un proceso como el de nacionalización, se deben dar razones jurídicas convincentes para ello.
“En un estado de derecho no se puede negar nacionalización por el simple hecho de que digan que está registrado, lo que pasa es que hacen lo que les da la gana, se da una violación flagrante al derecho de la intimidad, no sabemos la información que de cualquier ciudadano tengan o cómo se transmitirá esa información para necesidades que puedan ser hasta de carácter político”, concluyó.
Gobierno no contesta a UNIVERSIDAD
Desde el viernes 27 de febrero se gestionó ante el departamento de prensa de Casa Presidencial la posibilidad de hacer una entrevista a José Torres, director de la DIS y viceministro de la Presidencia, para tratar a profundidad no sólo el tema de las críticas al trabajo de la DIS, sino el hecho de que ni el periodista Gilberto Lopes ni el abogado Carlos Meneses lograron que se les proporcionara la información que está en su poder.
Sin embargo, el miércoles 4 de marzo un funcionario de ese departamento indicó que Torres tenía “una agenda muy llena”, por lo que lo mejor sería enviarle las preguntas por escrito, lo cual se hizo en un correo electrónico cuya recepción fue confirmada.
Así se hizo y el siguiente viernes el mismo funcionario indicó por vía telefónica que Torres se encontraba trabajando en las respuestas. Cabe destacar que durante esos días Torres atendió en dos ocasiones a La Nación y también dio declaraciones en Radio Columbia, siempre sobre el tema de la DIS.
Finalmente al cierre de edición, lunes 9 de marzo, se hicieron varias llamadas telefónicas al funcionario de prensa y se envió correo electrónico, sin embargo no se obtuvo respuesta.
Las preguntas que se enviaron a Torres son las siguientes:
1. ¿Por qué la DIS le comunicó al Registro Civil que tenía “registro” de Gilberto Lopes y Carlos Meneses, pero cuando ellos, amparados en una decisión de la Sala Constitucional, se dirigieron a esa Dirección para pedir esa información, se les dice que no aparece nada?
2. El subdirector de la DIS, Jorge Torres, indicó por escrito a Meneses, que “las anotaciones que aluden a su persona (…) son de naturaleza de inteligencia y no judicial (…). Dichas anotaciones, de conformidad a lo expuesto, corresponden únicamente a información de la DIS”.
En vista de que esas “anotaciones” constituyen precisamente la información que Meneses solicitó, ¿implica ello que la DIS considera que la información que la misma Dirección califique “de inteligencia” escapa al mandato de la Sala Constitucional?
3. ¿Cómo contesta las aseveraciones del Fiscal General publicadas por UNIVERSIDAD (2 de diciembre, 2008) en el sentido de que la DIS es una “policía secreta”, pues “no hay rendición de cuentas, no se sabe lo que hace y no suscriben sus informes”? ¿La DIS rinde cuentas por sus acciones y ejecución de presupuesto? ¿Ante quién? ¿Tiene objetivos especificados en el Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Presidencia?
4. En un pronunciamiento divulgado el 12 de febrero, el Movimiento Libertario señaló que “no se debe tolerar la existencia de un órgano público que pueda investigar a ciudadanos en secreto o que pueda investigar a periodistas por sus opiniones políticas. En el nombre de la seguridad nacional no podemos justificar la existencia de una policía política que se dedique a perseguir ciudadanos ‘disidentes’”. ¿Cómo defiende la existencia de esta Dirección ante esas aseveraciones?
5. ¿Qué explicación puede ofrecer a diputados de oposición que han denunciado haber sentido acoso de la DIS sobre todo durante la campaña de cara al referendo sobre el TLC?
Muy diversos sectores de la sociedad coinciden en calificar a la DIS como una “policía política”. ¿Cómo puede demostrar la DIS que no se ha dedicado a “investigar” a ciudadanos que pueda considerar “disidentes”?
6. Usted manifestó en La Nación del 4 de marzo que “la INTERPOL es la principal fuente de los reportes sobre extranjeros”. Si la información que tienen sobre estas personas proviene de esa fuente, ¿por qué no se citan de manera más directa o puntual los documentos de esa agencia internacional?
7. En ese mismo medio usted sostiene que nunca se dio la asesoría con el Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia. ¿Qué asesoría buscó entonces el gobierno en este tema?, ¿le consta que especialistas en seguridad o inteligencia de ese país hayan asesorado en algún momento a la administración Arias?
8. El gobierno ha hablado de plantear una reforma en la DIS. ¿Qué elementos debe incluir esa reforma?
