El médico estadounidense Anthony Caruzo y el abogado colombiano Marcos Monroy  manifestaron respectivamente que la decisión de llevar a cabo un procedimiento de fertilización in vitro (FIV) compete a médico y paciente -y no al Estado- y que esa técnica reproductiva es aceptable siempre y cuando haya un número bajo de embriones perdidos.

Así lo afirmaron en su calidad de peritos presentados por el Estado costarricense, ante preguntas de los jueces durante el primer día de audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se realizó entre el miércoles 5 y el jueves 6 de setiembre.

Se trata del caso denominado “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en el que varias personas que se vieron imposibilitadas para procrear tras la prohibición de la FIV por la Sala Constitucional en el 2000,  demandaron al Estado costarricense.

A pesar de que tanto Caruzo como Monroy expusieron las razones que desde su óptica facultan al Estado a mantener la prohibición, durante sus respuestas a preguntas del tribunal no mostraron las posiciones radicales y conservadoras que  temían los sectores que favorecen el fin de la prohibición.

Ofelia Taitelbaum, jerarca de la Defensoría de los Habitantes -quien siguió el proceso durante ambos días-, destacó que “obviamente” el Estado costarricense buscó peritos que compartieran su oposición a la FIV, desde la visión de la concepción como el inicio de la vida.

“Tanto desde el punto de vista científico como legal, los dos expertos que trajeron tenían esa posición;  sin embargo, tuvieron incongruencias, como lo hizo ver de manera muy clara el presidente del Tribunal García-Sayán”, expresó.

Ante la pregunta de UNIVERSIDAD, de si la posición del Gobierno y de los peritos que trajo obedece más a principios religiosos que jurídicos, Taitelbaum contestó que “absolutamente”.

Por otra parte, Ana Lorena Brenes, procuradora general de la República y quien encabezó la defensa del Estado, se mostró satisfecha con el aporte de los peritos y reconoció que “efectivamente hubo respuestas a dos preguntas en que no hubo una coincidencia completa con nuestra posición; pero, eso demuestra que venían a decir la verdad; no era un tema montado con una coordinación en que les hubiéramos dicho qué decir y qué no”.

Brenes enfatizó a este medio que la posición del Estado costarricense no se fundamenta en criterios morales o religiosos, sino científicos y jurídicos. “Hay que tener en cuenta que la prueba no es solo la que se expuso en la audiencia; hemos reunido otro tipo de prueba científica en la que nos hemos basado”.

Cabe recordar que las partes involucradas deben  presentar sus conclusiones por escrito y posteriormente la Corte emitirá su decisión. Caruzo es doctor por la Universidad Loyola de Chicago y posee un postgrado de la Universidad de Illinois; es especialista en obstetricia, ginecología y medicina reproductiva. Monroy durante 15 años presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia hasta el año 2009.

El equipo de peritaje del Gobierno costarricense lo completó la doctora Maureen Condic, profesora e investigadora en neurobiología de la Universidad de Utah -quien rindió un peritaje escrito sobre las bases científicas para determinar el inicio de la vida humana-, así como la doctora Martha Garza, investigadora médica y catedrática de Asuntos de la Salud de la Mujer en St. Luke´s Baptist Hospital, Texas; ella rindió su peritaje por escrito sobre los efectos en las mujeres y los embriones de la FIV.

La procuradora Brenes detalló que los peritos fueron seleccionados por su área de especialización y que se valoró quiénes podrían tener una tesis favorable al Estado.  “Tenemos muchos meses de hacer búsquedas en Internet; ha sido un trabajo en equipo de todos los procuradores; hemos leído mucha literatura”, acotó.

Según informó la Procuraduría General, estos peritos fueron contratados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la debida autorización de la Contraloría General de la República. El costo total de las cuatro contrataciones fue de $33.000 (unos ¢16.611.540).

CUESTIONAMIENTOS

Durante su intervención, Caruzo expresó que como médico dejó de hacer procedimientos de FIV por razones éticas, entre las que citó varios abusos que se dieron en Estados Unidos al respecto y por datos como que con la FIV la probabilidad de aborto espontáneo puede ser hasta de un 50%, y de malformaciones un 37% más alta que por embarazo natural, según un estudio chino que no precisó.

Añadió que la práctica puede tener efectos adversos para las mujeres. Por ejemplo, cuando fracasa puede causar depresión y el procedimiento también aumenta la posibilidad de cáncer de ovarios -según dijo- y añadió que el 70% de los embriones se pierden.

Ante una pregunta de la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de si es posible afirmar que en el proceso natural hay una pérdida embrionaria, respondió que “claro”.

Posteriormente, el juez Diego García-Sayán preguntó si la decisión de las personas que desean tener hijos de optar por la FIV debe ser tomada por paciente y médico o por el Estado, a lo que Caruzo respondió: “como ciudadano de Estados Unidos y como médico, creo que la decisión debe ser entre el médico y su paciente. Lucharía contra un Estado que le diga al médico qué hacer”.

Monroy, por su parte, habló sobre la perspectiva jurídica de considerar a los embriones seres humanos y que por lo tanto la FIV implica la pérdida de vidas; aseveró que es aceptable la pérdida de uno o dos embriones. Al respecto, de nuevo el juez García-Sayán preguntó por qué la pérdida de menos embriones ya no rivaliza con la noción de que se trata pretendidamente de vidas humanas.

El abogado colombiano explicó que la violación al derecho a la vida “depende de por qué se perdieron (los embriones), si es inherente al procedimiento o porque no se escogieron bien, o porque la técnica no fue idónea; es difícil contestar desde un punto de vista jurídico”.

Hubert May, abogado de las personas demandantes, expuso que “los peritajes desde el punto de vista científico se orientan en nuestro favor, pues en la naturaleza misma hay un sistema de selección de embriones producto de la evolución y que es inevitable”.

“La sentencia de la Sala Constitucional se funda en un prejuicio religioso que no tiene asidero en las normas jurídicas; fue una decisión arbitraria, una opinión que no tiene nada que ver con el contenido de las normas que establecen el derecho a la vida”, alegó.

Opiniones divididas

Larissa Arroyo, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, llamó la atención en torno a que el doctor Caruzo “contradijo la posición de Costa Rica, pues dijo que la decisión se debe tomar desde el criterio del médico junto a la paciente; es decir, es un tema del derecho a decidir”.

Destacó que en sus alegatos finales la Procuradora no hizo referencia a la posición de Caruzo, lo cual en su opinión demuestra que el mismo Estado “cayó en cuenta de que el perito no había establecido el punto que quisieron dejar claro”.

Al final de la audiencia, la Colectiva presentó a la procuradora Brenes una lista de firmas de personas que solicitan que se levante la prohibición de la FIV en Costa Rica. Ese apoyo se da través de la organización Avaaz (www.avaaz.org) y esa petitoria ya contabiliza más de 1.600 firmas.

Por otra parte, la especialista en bioética Gabriela Arguedas, adujo que el “abuso del Estado” al prohibir de manera absoluta la FIV, “es algo que no se puede defender racionalmente y por ello los peritos tambalearon”.

Mientras tanto, la diputada del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rita Chaves, en un comunicado de prensa denunció que se dieron “irregularidades” en la audiencia, pues en su criterio tres de los jueces “tienen  una preconcepción sobre el caso, debido no sólo a la forma en que estos interrogaron al Estado, sino que en los comentarios que hicieron confirmaron su trayectoria abortista y a favor de la FIV”.