El referendo para aprobar o rechazar las uniones civiles de personas del mismo sexo daría a Costa Rica una imagen de poca tolerancia a los derechos humanos.
La posibilidad de efectuar un referendo para consultar si la ciudadanía costarricense está a favor o en contra del proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo, acarrearía un retroceso en materia de derechos humanos y acrecentaría la división e intolerancia en el país, aseguraron especialistas y representantes de sectores sociales.
El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, informó en una conferencia de prensa el 26 de mayo que esta consulta popular podría llevarse a cabo el domingo 5 de diciembre, mismo día de la elección de alcaldes. Aseguró que faltaban pocas firmas de las 136.750 necesarias para iniciar la convocatoria al referendo, y que realizarlo junto con esos comicios ahorraría recursos.
El proyecto de ley 16.390 fue presentado en el plenario legislativo en el 2006 por los entonces diputados Ana Helena Chacón del Partido Unidad Social Cristiana, José Merino del Frente Amplio y Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario.
Más adelante se presentó un texto sustitutivo y pasó a llamarse proyecto de ley de sociedades de convivencia, para el cual se creó un nuevo expediente, el 17.778. Sin embargo, el primero es el que se consultaría en referendo, ya que se publicó en La Gaceta.
El proyecto pretende reconocer derechos civiles a las parejas del mismo sexo y no tiene relación con la figura del matrimonio. Promueve que las personas puedan heredar, compartir el seguro social, obtener la residencia de su pareja y repartir sus bienes en caso de término de la relación, entre otros aspectos.
CONVOCATORIA INOPORTUNA
Francisco Barahona, abogado y politólogo, señaló que en ocasiones la democracia es insuficiente para proteger los derechos de las minorías y encuentra un límite, ya que no basta con una opinión mayoritaria de la población, como lo es el caso de un referendo.
“Se permite la expresión de una mayoría, una buena actividad democrática, pero como se trata de proteger a minorías, debe encontrar un sistema de tutelaje a esos derechos”.
El analista mencionó que si el resultado de la consulta es en contra del proyecto, surgiría el verdadero problema, porque por la vía de una mayoría se estaría socavando el derecho personal de una minoría, cuestión que ni la Sala Constitucional podría enmendar.
Indicó que hay un vacío en la legislación costarricense, ya que no existe ninguna limitante para convocar este tipo de temas.
Debido a que es un tema de decisión personal y ligada a valores morales, no cree que las personas voten por manipulación, pero sí es posible que haya desproporción de medios, pues un referendo es un campo político.
En tanto, la exlegisladora y una de las proponentes del proyecto, Ana Helena Chacón, aseveró que esta convocatoria incrementaría los odios y la desigualdad. Criticó que los sectores en contra se basarán en que estas uniones destruirán a la familia, lo cual calificó como una gran mentira, ya que en la actualidad existen varios modelos familiares.
“En el ámbito internacional Costa Rica tendrá una imagen de un país homofóbico incapaz de respetar las diferencias individuales y va a perder su papel de protagonista en defensa de los derechos humanos”, subrayó.
Comentó que antes de fomentar el odio hacia otros seres humanos, se debe buscar el debate y diálogo, porque hoy se puede atacar a la población homosexual, pero en un futuro podría atentar contra los derechos de otra minoría.
Mencionó que estuvo dispuesta a darle un voto negativo al proyecto de unión civil con tal de que no fuera a referendo, pero este no pudo ser retirado. Señaló que el de sociedades de convivencia es una versión mejorada del primero, en el que incluso se acogieron resoluciones de grupos adversos.
Antes de finalizar su gestión como diputada, dejó una propuesta de reforma a la Ley de referendo que plantea que los temas de derechos humanos de poblaciones en vulnerabilidad no puedan ser valorados en consultas populares.
MAYORÍA VS MINORÍA
El presidente del Movimiento Diversidad, Abelardo Araya, aseguró que la convocatoria a este referendo muestra un trato cruel, inhumano y violatorio de los derechos humanos, ya que una minoría sería sometida a la voluntad mayoritaria.
“Da pie a que se establezca un apartheid y que se reconozcan dos tipos de ciudadanía: la heterosexual y la no heterosexual”.
Expresó que la creencia de que la democracia es la visión de la mayoría es una concepción del pasado. Opinó que más bien debe ser participativa e incluir a todos los sectores, incluso los minoritarios, y exigir que el Estado garantice derechos, no que los consulte.
Reprochó que se haya tergiversado el proyecto al recoger firmas aduciendo que se consultaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando no es así.
No descartó la posibilidad de denunciar al país ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jeudy Blanco, presidente de la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares, señaló que este es un mal precedente porque se utiliza una herramienta democrática para denegar derechos a un grupo específico, sujetos a lo que decida una mayoría a la que no afectaría la aprobación de este proyecto.
“El asunto del referendo sacará a la luz los prejuicios de muchas personas contra la comunidad homosexual, esto puede verse desde ya en las redes sociales, se ven comentarios plagados de insultos, prejuicios y mucha desinformación”.
Recalcó que si se da una derrota aplastante del No, puede servir de argumento a los sectores opuestos para solicitar a los diputados y diputadas que no discutan el proyecto de sociedades de convivencia más adelante, argumentando que “el pueblo habló”.
Añadió que el TSE debe aclarar bien en que basa su criterio para convocar el mismo día de las elecciones de alcaldes, más allá de un ahorro de recursos. “Para que el resultado del referendo sea vinculante, debe tener un mínimo de participación de 30% del padrón electoral. Juntar el referendo con las elecciones de alcaldes podría hacer que el porcentaje de participación sea mayor”.
“No se puede limitar algo que no existe”
El letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Gustavo Román, explicó a UNIVERSIDAD que la posible convocatoria a un referendo del proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo no atenta contra los derechos de una minoría, ya que esta unión no está aprobada, y no se puede limitar algo que no existe.
“Hay que dejar claro que el TSE no tiene discrecionalidad para decidir qué se somete o no a referendo, la ley dice qué no puede ser. Si en esa lista no tiene el tema como vedado, el TSE no puede decir que no”.
El letrado confirmó que de las 136.750 firmas requeridas, se han aprobado 105.503 y faltan de validar 31.247. Quienes impulsan el referendo tienen hasta el 15 de julio para presentar las firmas restantes, de lo contrario la solicitud se archiva. A partir de ese momento, la entidad cuenta con 30 días naturales para revisar y definir si habrá referendo y siete días hábiles para convocar. En los tres meses posteriores se debe realizar la consulta popular. No se puede hacer un referendo a menos de un año de distancia de otro, ni seis meses antes ni después de elecciones. Román mencionó que los tiempos indican que se tendría que efectuar en octubre, pero que puede haber días de atraso, por lo que prevén que para el 5 de diciembre estarían listos.
Destacó que el TSE se ahorraría cerca de ¢1500 millones al efectuarlo el mismo día de la elección de alcaldes. Comentó que la población votaría en las mismas juntas receptoras y habría una papeleta extra agregada a las de alcaldes y vicealcaldes, síndicos y concejales de distrito y de intendentes (para los ocho distritos que tienen concejos municipales de distrito), es decir, habría tres o cuatro papeletas. Si una persona no sufraga en una de las dos convocatorias, su voto se contaría como nulo o blanco.
