Personas se quejan de haber sido engañadas y no recibir las prestaciones por el cierre de empresas.

El vendaval de la crisis económica empezó a calar en el país, con miles de empleos que ya se perdieron o se anuncian para este año, tanto en pequeñas empresas locales como en grandes transnacionales.

Estimaciones “conservadoras” indican que a causa de la situación mundial, el desempleo crecerá en el país entre 1 % y 1.5%, y 50.000 personas quedarán cesantes, lo cual dejará en vulnerabilidad económica a un total de 250.000, aproximadamente, afirmó el economista Leiner Vargas, catedrático de la Universidad Nacional (ver recuadro “El desempleo de la crisis”).

No fue el único caso, pero el que mayor repercusión tuvo fue el cierre de la cadena Domino’s Pizza, que clausuró intempestivamente la semana antepasada sus ocho tiendas en San José y Alajuela. Dejó en la calle, engañados y sin el pago de prestaciones laborales, a 130 personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

A ello se sumó el anunciado cierre de una de las plantas de la transnacional alemana Havells Silvana, en la zona industrial de Pavas, donde quedarán cesantes 200 personas. A esto se agrega 104 despidos que hará este año la transnacional estadounidense MerckSharp&Dome, también en Pavas; y 25 ocurridos la semana antepasada en la industria Helvex en el barrio Calderón Muñoz.

Además, trascendieron informes de parte de personas que trabajaban en las empresas, que hubo 30 despidos en supermercados Tikal, 80 en el Hotel Marriott San José; 60 en el Marriott Los Sueños (Herradura, Puntarenas); unos 300 (desde noviembre a la fecha) en la fábrica de refrigeradoras y cocinas Mabe (antigua Atlas) en Heredia.

Asimismo, hubo un número no precisado de despidos en La Vidriera Centroamericana y otras empresas del parque industrial de Cartago. A cientos de empleados de la Cervecería Costa Rica les propusieron cambios de jornada laboral, supuestamente debido a bajas en la producción.

Una de las empleadas que quedará cesante en Sylvania, con más de 15 años de laborar allí, dijo que eran alrededor de 300 trabajadores, pero en noviembre comenzaron los despidos, y ahora con el nuevo recorte quedarán unos 80, pese a que uno de los gerentes afirmó a un medio de prensa que eran 200.

Algunos de los cesados se mostraron engañados y dolidos, porque dicen que durante la campaña del referendo por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica en la empresa los reunieron para pedirles que votaran por el Sí, diciéndoles que con el Tratado tenían garantizado el trabajo “por los próximos diez años”, al menos.

Por su parte, trabajadores de Atlas recordaron que esa fue una de las empresas que más campaña hizo a favor del TLC, y sus representantes amenazaban con irse del país si no se aprobaba el Tratado. No obstante, una semana después del triunfo del Sí en el referendo, anunciaron que la empresa ya estaba vendida a Mabe de México.

Desde entonces comenzaron a recortar personal y empeoraron las condiciones laborales, al punto de que muchas personas han renunciado. Actualmente solo quedan unos 700 de los 1.400 eran.

Varias personas coincidieron en afirmar que las condiciones de seguridad laboral ya no son las mismas de antes: el recargo de trabajo y la presión por elevar el rendimiento es constante, los accidentes no se reportan al INS y las curaciones se hacen en la misma empresa donde el trabajador es obligado a incorporarse al puesto aunque no haya sanado, y los inspectores de Salud o del Ministerio de Trabajo ni se asoman.

Un antiguo empleado dijo que hay mucha desmotivación entre el personal, y él mismo se pone a pensar si no le hubiera ido mejor si lo hubieran despedido.

Gabriela Jiménez, quien trabajaba en el montaje de cocinas, dijo que en su caso ella prefirió renunciar pese a que su jefe le pidió que no lo hiciera dado su buen rendimiento, pero es mucha la presión y la jornada de 12 horas que le propusieron no le conviene como madre de familia, porque no le quedaría tiempo para atender a sus hijos.

Se buscó conocer la versión de la empresa sobre los despidos y las condiciones laborales, pero al cierre de esta edición el gerente, Diego Artiñano, no había contestado el mensaje de correo electrónico que pidieron en su oficina enviar con la consulta.

La ola de despidos laborales arrecia menos de dos meses después de que autoridades del Gobierno de Oscar Arias aseguraban que la crisis no tendría mayor impacto en Costa Rica, pues el país se encontraba con finanzas sanas y preparado para hacer frente al descalabro de la economía mundial (el cual han pronosticado desde hace años renombrados analistas como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía).

Ahora, para enfrentar la crisis y evitar supuestamente el despido de trabajadores, la administración Arias y la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privadas (UCCAEP) promueven un proyecto para reducir salarios vía modificación de las jornadas de trabajo.

Ante una consulta de este Semanario, en las cámaras empresariales dijeron no tener cifras sobre los despidos ocurridos en los primeros meses del año.

William Segura, periodista de la UCCAEP, adujo que ellos no manejan esos datos porque la entidad “es una organización de cámaras, no de empresas”. En la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), un funcionario de la vicepresidencia ejecutiva dijo que estaban haciendo un estudio sobre la situación del empleo en el sector, y que esperaban tenerlo listo para la presente semana.

En la Cámara de Industrias la asesora de prensa Carol Uriza dijo que la entidad no tenía cifras de desempleo de este año. Sin embargo, en un reporte que envió sobre el empleo en el sector privado en el 2008, se observa que desde mediados del año pasado se produce una fuerte pérdida de empleos en el sector, al pasar de 796.548 en julio a 781.080 en diciembre, es decir 15.468 menos.

ENGAÑADOS

Entre las recientes pérdidas de empleos, la que mayor repercusión causó fue el cierre de Domino’s Pizza, donde al día siguiente los empleados y empleadas se dieron cuenta que se habían quedado sin trabajo, pues los locales habían sido desmantelados en la noche y la madrugada.

Similar suerte corrieron los cerca de 25 trabajadores de Helvex, una pequeña fábrica de cortinas y otros artículos de hogar ubicada en el barrio Calderón Muñoz. Cuando llegaron a trabajar la mañana del martes antepasado, encontraron que los portones estaban cerrados.

Las personas que laboraban en Domino’s Pizza se vieron burladas por su patronos, quienes les dijeron que no se presentaran a trabajar el viernes antepasado, porque había una bacteria e  iban a limpiar. Pero cuando se dieron cuenta, los locales habían sido desocupados y se habían llevado hasta las pertenencias personales que guardaban en sus trabajos.

La operación simultánea se realizó en camiones contratados a Manuel de Freitas, venezolano con pasaporte Nº 63117890, quien procedió al demantelamiento con una autorización firmada por el representante legal de la empresa en Costa Rica, Blas Alvarado. Una copia de ese documento fue presentada por extrabajadores en la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo.

Los camiones cruzaron el lunes siguiente sin problemas la frontera con Panamá llevándose los equipos.

Para supervisar la operación llegó de Panamá José Urraca, mexicano encargado de las operaciones de la franquicia Domino’s Pizza en ese país, Honduras y Costa Rica.
La empresa, que pertenece al grupo mexicano Mozarella, quedó debiendo a los empleados y empleadas una quincena de salario más las prestaciones laborales.

Luego por medio del gerente financiero, Francisco Solano, los dueños prometieron pagarles el 50% de lo adeudado el 11 de febrero, y el resto en tres quincenas. Para hacerles la propuesta oficial fueron citados a una reunión en el edificio Cristal de San José, el miércoles de la semana pasada, pero se quedaron esperando, porque los representantes de la empresa, el abogado Rogelio Navas incluido, no llegaron.

Pese a ello, los afectados guardaban la esperanza de que los propietarios de la marca en Estados Unidos presionen a los concesionarios mexicanos para que paguen lo adeudado, a fin de evitar un mayor descrédito.

Varios exempleados denunciaron a UNIVERSIDAD las condiciones laborales indignas en la empresa, típicas en muchas transnacionales, como jornadas ilegales de más de ocho horas, sin el pago extra previsto en el Código de Trabajo.

En particular, denunciaron tratos humillantes de parte de una inspectora mexicana que envió la empresa para presionar por un incremento de las ventas, y afirmaron que era tanto el estrés, que muchos se iban antes de cumplir tres meses en el trabajo.

Uno de de los exempleados, Luis Avendaño, dijo que las jornadas eran de 12 y hasta 15 horas diarias, y que en el contrato que él firmó expresamente se decía que las horas extras se pagaban como horas ordinarias, contrario a lo establecido en el Código de Trabajo.

Relató que para presionarlos en elevar la producción y las ventas, pegaban en la pared los reportes de ventas en Panamá, pese a que el mercado es mayor allá que en Costa Rica.

Katerine Alvarez, quien era gerente en el local de Tibás, contó que durante el último año y medio a los gerentes no les pagaron el aumento salarial, con el argumento de que eran los encargados de la tienda, y a menudo se tenían que quedar trabajando horas extras sin pago, “por puro amor”. Dijo que en su caso, los lunes entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 11 p.m., y el mismo horario tenía que hacer quien la reemplazaba los jueves.

Una que llegó a la fallida reunión con los representantes de la empresa fue Yariela Salas, quien fue despedida ilegalmente en el 2003, cuando estaba embarazada, y aunque ganó los juicios en los tribunales, seis años después no le han pagado las prestaciones.

Cargando un gran legajo de documentos relativos a los trámites realizados por ella ante el Ministerio de Trabajo y los tribunales, la joven relató que como la empresa se rehusó a acudir a conciliación, en el Ministerio la mandaron a pelear el caso en los tribunales. Tras años de lucha, el tribunal contravencional de Hatillo condenó a la empresa, pero ésta ignoró la sentencia y no ha pasado nada.

Domino’s Pizza no solo se fue sin pagarle a los empleados, sino que también quedó debiendo el alquiler de locales, los pagos a los proveedores y a la Caja Costarricense de de Seguro Social (CCSS).

La firma estaba inscrita en el país como Fairbanks Valley Holding INC, pero en octubre pasado cambió por el nombre de Senderos del Poás Corporación S.A., con el presunto fin de evadir los pagos.

Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, dijo que en vista de lo acontecido revisaron y encontraron que la empresa tenía pendiente de pago lo correspondiente a la planilla de diciembre, que venció en enero, por un total de ¢6.829.554, y falta por ver cuanto corresponde a la que vence en febrero. “Estamos viendo la manera de recuperar ese dinero”, dijo.

Ante la pregunta de si habían comprobado que no hay evasión de pagos por cambio de razón social (nombre con el que aparece inscrita la empresa), dijo que “esa vertiente de investigación se analiza, pero aún no hay conclusiones”.

El cambio de razón social es un mecanismo que han usado algunos empresarios para simular un cese de operaciones y evadir el pago de cuotas a la CCSS.

Estos son parte de los 61.918 patronos morosos que figuran en las listas de la propia CCSS, con un impresionante acumulado de ¢138.000 millones, según dijo Roberto Mora, quien ha estudiado el tema durante seis años y con sus denuncias ha logrado que la institución cobre algunas de las sumas adeudadas.

Situaciones similares a la de Dominos’s Pizza, en las que empresas extranjeras se van del país de un día para otro, dejando al personal sin posibilidad de cobrar, se han repetido, y las autoridades no han tomado medidas para evitarlo. El último caso conocido fue el de la casa de apuestas BetOnSports, que ocupaba varios pisos en el Mall San Pedro, la cual cerró en agosto del 2006. La empresa dejó cesantes a cerca de 1.500 empleados, a quienes les prometieron cancelarles las prestaciones, pero se quedaron esperando hasta el día de hoy, según confirmaron algunos de ellos.

UNIVERSIDAD le preguntó al Ministro de Trabajo, Francisco Morales, por qué las autoridades no toman previsiones para evitar que estas cosas se repitan. Replicó que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de reforma laboral, que busca agilizar los procesos laborales para disminuir la mora judicial, ya que los juicios tardan años en resolverse. “Esa ha sido una iniciativa del mismo Poder Judicial, en una sana autocrítica, donde se ordena que en el caso de estas empresas los trabajadores tendrán prioridad”.

El ministro añadió: “Lo que sí podríamos estudiar eventualmente es que una empresa que ingresa a hacer una inversión, de una vez aparte un porcentaje para garantizar el pago a los trabajadores.”

Pero de eso se habla desde hace años y no se hace nada, se le recordó, a lo que repuso que en estos días habló con el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, “para ver si dentro de los mecanismos del TLC existe alguna figura jurídica que nos permita sancionar, si no a la empresa, sí a la franquicia, porque si estamos en un sistema de comercio mundial, las reglas éticas tienen que cumplirse.”

El desempleo de la crisis

Según el catedrático Leiner Vargas, una estadística conservadora permite prever que la crisis provocará un aumento de la tasa de desempleo entre 1% y 1.5%, lo que dejará sin trabajo a unas 50.000 personas y en situación de vulnerabilidad económica a 250.000 más, consideradas jefas y jefes de hogar cesantes y sus dependientes.

“En el 2009 la economía no solamente no va a crear los suficientes empleos para absorber a la gente que va a entrar al mercado laboral, sino que lo que va a pasar es que las empresas empiezan a despedir a parte de su personal”, dijo Vargas.

Explicó que entre el 2008 y el 2009 el aumento de la tasa de desempleo (que se calcula de la mitad de un año a la mitad del otro) sería entre 1% y 1.5%, lo que representa unas 35.000 personas. Pero como el desempleo también se da en sectores que no reportan a la seguridad social todo el personal que tienen, como es el caso de la construcción y el turismo, se puede hacer una estadística de alrededor de 50.000 personas que perderían su puesto.

“Si el promedio de la unidad familiar en Costa Rica es de 5 personas, uno podría pensar que 250.000 personas estarían en alta vulnerabilidad social a causa de esta situación en el 2009. Eso se da solo como resultado de la contracción económica, no estamos hablando de una situación de pánico, donde las empresas podrían caer en mayores despidos”, dijo Vargas.

Vargas dijo que como economista cree que este año la producción no va a tener ningún crecimiento, pero aun siguiendo las propias estimaciones del Gobierno, que bajó del 4.5% que anticipó el año pasado, a un 2.5% este año, ya eso tendría el efecto de aumentar el desempleo de 1% a 1.5%.

De esta forma, la tasa de desempleo abierto llegaría este año a 7.5%, a menos que haya un plan de empleo que se desarrolle, y que no se incluye en el “plan Escudo” presentado por el gobierno para enfrentar la crisis, apuntó.

Hay que considerar que no solamente va a aumentar el desempleo visible, sino también el invisible, es decir, las personas que trabajan medio tiempo o menos y personas que laboran por menos del salario mínimo. “Entonces el efecto es mucho más grande, por eso digo que es un cálculo conservador”, indicó.