Proyecto propone una nueva entidad, que podría elegir a discreción cuáles proyectos se deben someter a la Evaluación de Impacto Ambiental.

La Asociación Costarricense de Consultores Ambientales manifestó su preocupación por un proyecto de ley presentado por el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Alberto Rojas, que pretende sustituir a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con una nueva entidad.
El proyecto de ley se denomina “Creación de la Oficina Nacional de Normativa Técnica Ambiental (ONTA)”, y según el presidente de la mencionada asociación, Miguel Ángel Ortiz, este nuevo ente vendría a tirar por los suelos los avances que ha tenido Costa Rica en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

El proyecto de ley del diputado Rojas Valerio, señala que la SETENA ha sufrido una “pérdida de imagen” y se ha convertido en un “problema para la ejecución de actividades productivas y de infraestructura”, tanto del gobierno como del sector privado.
También cita como debilidad que “la SETENA no ha podido brindar el seguimiento respectivo a los proyectos aprobados en sus resoluciones, lo cual genera una falta de confianza en el ciudadano y los sectores sociales”.
Ante dichas carencias, el diputado socialcristiano propone la creación de la Oficina Nacional de Normativa Técnica Ambiental (ONTA), cuya función sería la de elaborar las normas ambientales que se deban tomar en cuenta para la ejecución de proyectos públicos y privados.
Este proyecto no le incluye a la ONTA la función de seguimiento a los proyectos que tiene SETENA, y le traslada esta responsabilidad a los ministerios de Ambiente y Salud.
Además, el diputado argumenta que con la simplificación, especificación y unidad de las normas técnicas que traería la nueva entidad, se podría eliminar el trámite de los Estudios de Impacto Ambiental.
“Permite eliminar los estudios de impacto ambiental, que se han convertido a través del tiempo, en un requisito por sí,  y en muchos casos se ha reducido a un simple enunciado de intenciones a realizar, para disminuir o remediar un impacto ambiental”, dice el documento.
UNIVERSIDAD quiso conocer más a fondo los motivos del diputado Luis Alberto Rojas con esta propuesta, pero no fue posible contactarlo, ya que se encuentra incapacitado.

RETROCESO

Para el presidente de la Asociación Costarricense de Consultores Ambientales, Miguel Ángel Ortiz, es inaceptable que de entrada se pretenda eliminar a una institución como la SETENA, a pesar de los problemas que ha tenido en los últimos años.
Ortiz recordó que el actual modelo de Evaluación de Impacto Ambiental en Costa Rica nace con la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, de la cual este proyecto pretende derogar 22 artículos.
“El régimen de la evaluación de impacto ambiental de Costa Rica es equivalente al principio precautorio, que rige a nivel internacional, y que los Estados más desarrollados han venido incorporando”, explicó Ortiz.
Para el consultor, Costa Rica es uno de los países más avanzados en legislación ambiental y advirtió que si se llegara a aprobar un proyecto de ley de este tipo, desaparecería la obligatoriedad de que los desarrolladores realicen estudios de impacto ambiental, planes de gestión ambiental y otros instrumentos de evaluación de impacto en este campo.
A su parecer, es “extraño” que entre los argumentos para este proyecto se exponga el “descontento” que existe en diferentes sectores sobre SETENA, pues se debe admitir que el país ha tenido avances importantes con este modelo.
“Hay que trabajar en el modelo, hay que mejorarlo para que garantice que se pueda conservar el medio ambiente y a la vez que se pueda permitir el desarrollo socioeconómico del país”, recomendó el consultor.
Ortiz calificó de “grave” el hecho de que se pretenda prescindir de los Estudios de Impacto Ambiental, ya que estos instrumentos han sido reconocidos por la Sala Constitucional como los garantes de que se cumpla el artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
“Con la ONTA quedaría un ente que solo dicta normas y haría una especie de “diagnósticos ambientales”, solamente en los casos que crea conveniente. Se da una discrecionalidad que va en contra de lo que establece el artículo 50 de la Constitución, pues los habitantes tiene derecho a que se les garantice un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, reprochó.

BAJA NOTA

Sobre la labor de la SETENA, Ortiz reconoció que en los últimos años se ha dado un incremento en los recursos y cantidad de personal, para que esta institución haga su labor; pero, incluso estos esfuerzos han sido insuficientes.
El consultor recordó que la SETENA maneja más de 10.000 expedientes y cuenta con un personal limitado para atender la creciente demanda de los desarrolladores, tanto públicos como privados.
“En estos últimos tres años, la SETENA ha inclinado la balanza hacia el sector productivo, facilitándole la tramitología. Estamos de acuerdo en que se faciliten los trámites, pero que eso no la distraiga del deber de dar las autorizaciones apegadas a la técnica, a la ciencia y al ordenamiento jurídico”, instó.
Ortiz citó como otro de los grandes errores de la gestión reciente de la SETENA, la no convocatoria de la llamada “Comisión Mixta”, un organismo asesor conformado por distintos sectores de la sociedad, y en el que históricamente se ha analizado los grandes cambios en la normativa que esta aplica.
“En esta SETENA se han dictado normas sin que se consulte previamente a ese organismo, donde están representados ministerios, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y demás grupos”, criticó.
El representante de los consultores reiteró el rechazo que desde ahora plantea este gremio al  proyecto, y a cualquier otro intento de que Costa Rica retroceda lo avanzado en el tema de evaluación ambiental.

Sonia Espinosa dejó la Secretaría General de la SETENA

Tras poco más de dos años al frente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el pasado 8 de setiembre la ingeniera Sonia Espinosa terminó su periodo como jerarca de esta entidad.
Según trascendió, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) decidió no renovarle su nombramiento, por lo que momentáneamente sus funciones serán asumidas por el viceministro de Ambiente, Andrei Bourrouet.
La gestión de Espinosa estuvo marcada por la polémica alrededor del otorgamiento de la viabilidad ambiental a cuestionadas fincas piñeras, y asumió la defensa de los permisos otorgados al proyecto minero Las Crucitas.
Además, grupos como el de los universitarios de “Llamado Urgente por el País”, criticaron con frecuencia la gestión de Espinosa y señalaron una constante intervención del exministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, en la institución.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de Espinosa sobre su salida y no renovación en la SETENA, pero no respondió a su teléfono celular, mientras que el viceministro Andrei Bourrouet tampoco devolvió la llamada, tras el mensaje canalizado por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.