Cuatro partidos anuncian pelea conjunta por transparencia en la investigación legislativa.

Una “maniobra” para opacar las investigaciones de la comisión especial sobre las concesiones otorgadas por el Estado costarricense, es lo que estaría -según la oposición- detrás de la decisión del presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva, de incluir como miembro de ese panel al diputado cristiano Carlos Avendaño, del partido Restauración Nacional.
Las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Frente Amplio (FA) anunciaron medidas de presión conjuntas en el plenario legislativo para que Villanueva cumpliera el acuerdo que habían logrado para incluir en dicha comisión a José María Villalta, diputado del FA.

No obstante, el lunes 13 Villanueva rechazó la apelación presentada por Villalta. Ese día se instaló la comisión, presidida por Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del PASE, y como secretario quedó Wálter Céspedes, jefe de fracción del PUSC.
Las agrupaciones opositoras alegaron que la inclusión de Avendaño rompe la correlación de fuerzas dentro de la comisión que se había acordado -tras la presión que hicieron para que se creara la instancia investigadora- y perjudica la transparencia en las investigaciones que se quiere llevar a cabo.
En un comunicado conjunto, recordaron que desde que surgió la iniciativa de crear la comisión, el oficialismo hizo todo lo posible para impedir que se conformara, y Villanueva incumplió el compromiso de dejar instalada la comisión el jueves de la semana pasada.
El acuerdo preveía que hubiera dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), uno del PAC, uno del Movimiento Libertario (ML), uno del PUSC, uno del PASE, y uno por las tres fracciones unipersonales: el FA, RN y Renovación Costarricense (RC), del diputado cristiano Justo Orozco.
El jueves, cuando se rumoraba que había presiones del oficialismo para sacar a Villalta, el presidente del directorio legislativo anunció la composición del panel con los nombres de Víctor Hugo Víquez y Fabio Molina (PLN), Manrique Oviedo (PAC), Walter Céspedes (PUSC), Víctor Emilio Granados (PASE), Manuel Hernández (ML) y Carlos Avendaño (RN). Los opositores protestaron por el nombramiento de Avendaño, y Villanueva levantó la sesión evitando que hicieran uso de la palabra .
Villalta dijo que Avendaño y Justo Orozco habían faltado a la palabra, pues le habían manifestado apoyo para que él fuera a la comisión. Orozco incluso firmó una nota el 1 de setiembre, en la que manifestó al directorio que apoyaba a Villalta; pero el 8 de setiembre firmó otra en la que decía que no se oponía al nombramiento de Avendaño.
“A última hora quién sabe qué le ofrecieron y retiró el apoyo. No ha dado explicaciones. No sé si tiene  que ver con la deuda política, si quiere que se la resuelvan. Lo cierto es que Liberación está interesadísimo en que yo no esté en la comisión”, dijo Villalta horas antes de conocerse la resolución de Villanueva.
“He visto por ahí que han hecho presiones, llamadas; no quieren que investiguemos las concesiones. Me pregunto: ¿Por qué será, qué es lo que temen que destapemos? Quieren tener a Avendaño, que es totalmente afín a Liberación, y formar una mayoría en la comisión para controlar lo que ahí se va a investigar”, añadió.
La alusión de Villalta se refiere al hecho dado a conocer la semana anterior, de que el Tribunal Supremo de Elecciones le rechazó al partido de Orozco la documentación de gastos con lo que pretendía cobrar ¢750 millones por concepto de deuda política de la pasada campaña. El Tribunal solo le reconoció ¢31 millones (de un total de  ¢400 millones a los que tendría derecho por la cantidad de votos recibida).
Consultado Orozco sobre su cambio de posición, el diputado dijo a UNIVERSIDAD que efectivamente Villalta le había pedido el apoyo y se lo había dado, y que Avendaño al principio no había mostrado interés en formar parte de la comisión, pero luego vino y le pidió también apoyo, y él entonces manifestó que no se oponía al nombramiento de Avendaño.
Preguntado si era cierto que recibió presiones para cambiar de posición, lo negó rotundamente. Dijo que tiene empresas y una trayectoria y no es alguien a quien se pueda presionar para cambiar de criterio.
 Por su parte, Avendaño negó que él no tuviera interés al inicio de formar parte de la comisión, y que haya sido avalado por Liberación, pues tiene su posición propia y no es ni de la oposición ni del Gobierno, y lo que defiende es su derecho a formar parte de la comisión, igual que lo tiene Villalta (ver recuadro: “Ni del Gobierno ni de la oposición”).
El argumento del directorio para nombrar a Avendaño es que le tocaba el turno, por éste no había sido incluido en ninguna de las tres comisiones que se formaron recientemente: la de la ley de tránsito, la ley de banca de desarrollo y la de derechos humanos.
El incidente con la comisión se da pocos días después de que la bancada del PLN en pleno estuvo en la residencia del Expresidente Óscar Arias celebrándole el cumpleaños al exmandatario, ocasión en la que se habló de temas de la agenda legislativa, tal y como reconocieron los propios participantes en la fiesta.
Según Walter Céspedes, jefe de fracción del PUSC, Avendaño no tiene interés en formar parte de la comisión sobre concesiones. “Lo pusieron ahí para que sea el voto tureca para lo que ellos digan; ellos quieren tener el control de la comisión; no les sirve Villalta porque es un diputado que no está entregado a Liberación Nacional”, afirmó.
Interrogado si creía que el asunto tiene relación con lo conversado en la  casa de Óscar Arias, expresó: “Por supuesto fueron convocados a esa reunión; allí estaba Víctor Hugo Víquez, que es un arista empedernido y estuvo defendiendo la  posición para que fuera Avendaño el nombrado; más claro no canta un gallo.”
Céspedes acusó a Villanueva de no haber conformado la comisión el jueves pasado según lo acordado, y a su juicio el oficialismo estuvo retrasándola porque teme que la comisión empiece a trabajar “para ver la verdad de los hechos de las concesiones de este país”.
A su juicio, lo que se debe investigar con prioridad es la pretendida concesión de la terminal portuaria de Limón, la concesión del aeropuerto Juan Santamaría, así como las de la carretera a Caldera y el puerto de Caldera, donde se han denunciado incumplimientos.
Manrique Oviedo, del PAC, coincidió en que se debe empezar por el proyecto de concesión del puerto de Limón y la concesión de la carretera a Caldera. Luego estarían la concesión San José-San Ramón y el puerto de Caldera y otros proyectos que estén por concesionarse.
En su criterio también deben ser investigadas la composición y la actuación de la Contraloría General de la República (CGR) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Puntualizó que en la fracción del PAC están conformando un grupo de personas conocedoras, independientemente de su filiación política, para que ayuden a profundizar en el tema.
Por su parte, Danilo Cubero, jefe de fracción del ML, hizo ver que en su partido lo que pretenden es dilucidar en la investigación cualquier duda razonable que haya sobre las concesiones, que transparente y fortalezca la figura de la concesión, no afectarla.
“Jamás tenemos la intención de deteriorar ni traernos abajo absolutamente nada. Simplemente hay dudas razonables que queremos aclarar,  por ejemplo -en el caso de la terminal de Limón-  por qué solo una empresa participa, y algunos cuestionamientos que hemos recibido por parte de los empresarios, de que se va a dar un incremento significativo en el costo de cada contenedor que se logre exportar.”
Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del PASE, detalló que de acuerdo con lo  conversado con personas que van a integrar la comisión, en el campo técnico se pretende llamar a funcionarios del CNC y de la propia CGR, que han sido objeto de cuestionamientos en el plenario legislativo, respecto al control de los contratos que están firmados y evidentes incumplimientos que se han dado, como en el caso de la carretera San José-Caldera.
En el campo político, muy probablemente se va a convocar al Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) –Francisco Jiménez-, no solo por su papel como actual ministro, sino porque en su momento como presidente de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica) lideró todo el proceso de concesión de la terminal de Moín, que es una de las que se quiere revisar.  También sería convocado el actual ministro de la Presidencia, Marco Vargas, quien igualmente ha tenido activa participación en ese proceso.
 “Hay que tener en cuenta que la comisión tiene un plazo de seis meses que podría ser prorrogable, y de acuerdo con lo conversado con algunos compañeros, se quiere hacer una actividad intensa y pronta. Es un tema que queremos investigar y resolver prontamente; no queremos darle largas”, aseveró Granados.
En relación con los planes oficiales de concesionar los puertos de Limón, se informó que la Fiscalía Auxiliar elevó a la Fiscalía General de la República una denuncia penal presentada por los sindicatos contra el ministro Vargas y otros funcionarios y exfuncionarios, incluído el Expresidente Arias, por el supuesto “intento de soborno” que habrían hecho al ofrecerles a los trabajadores de JAPDEVA una indemnización de $137 millones (unos ¢80.000 millones) para que acepten la concesión de los muelles (ver  recuadro: “En manos de la Fiscalía”).

Carlos Avendaño:
Ni del Gobierno ni de la oposición

En medio de las críticas que se le hacen, el diputado Carlos Avendaño defendió su nombramiento en la comisión que investigará las concesiones y afirmó que tiene su propio criterio.

¿Es cierto que usted al principio no tenía interés en formar parte de la comisión investigadora, cambió de posición?

-Mi alegato ha sido dirigido a la presidencia (del directorio legislativo) de por qué a mí se me dejó por fuera de las comisiones. Cuando se votó la creación de la comisión (de concesiones) yo la voté a favor, nunca voté en contra como para  decir que cambié de opinión; lo que pasa es que ellos hacen la lectura que quieren tener. Manifesté en el plenario, y eso está en actas, que reclamaba mi derecho a participar en esa comisión y así lo hice saber en una nota del  1 de setiembre al presidente, y la hice pública leyéndola en el plenario, pero nada de eso mencionan.

¿Qué dice ante la afirmación de que su nombramiento afecta la transparencia en las investigaciones que se vayan a realizar?

-Yo no soy ni del  Gobierno ni de la oposición, yo soy un diputado de posición y de posición responsable.
La oposición considera que su nombramiento viola el acuerdo y el balance interno de la comisión…
-Ellos hicieron un acuerdo, negociaron con Liberación, votaron la moción; yo la voté porque creo importante la comisión, y también reclamé mi derecho de participación. Lo que pasa es que ellos son los que me han excluido desde el principio, porque ellos tuvieron conversaciones, tamalearon el asunto y nunca me invitaron a mí, entonces no pueden saber mi opinión.

¿No le preocupa  a usted el manejo que se ha dado a las concesiones?

-El tema lo están cogiendo irresponsablemente para politiquear y ahí es donde para nosotros es un tema muy sensible para el país. Si se tienen que investigar las concesiones que se han dado, que se investiguen. Pero ellos se creen los dueños de la bola y si ven que hay un jugador menos o más, entonces quieren agarrar la bola y llevársela para la casa. Yo no tengo ninguna objeción de que Villalta vaya, la objeción que tengo es que me excluyan a mí.

En manos de la Fiscalía

El pasado 23 de julio la fiscal auxiliar Natalia Rojas ordenó  “testimoniar piezas” en contra del actual ministro de la Presidencia, Marco Vargas, por la presunta  infracción a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de los deberes de la función pública.

Con ello se abre una causa contra el funcionario (con el expediente número 10-005606-0175-PE), a fin de determinar si hay lugar para un eventual proceso penal a tenor de las acusaciones en su contra, por la presunta violación a la ley indicada y a otras normas en el campo del combate a la corrupción y a favor de la transparencia de la función pública.
La acusación penal fue interpuesta el pasado 10 de mayo por Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP; y Luis Ángel Serrano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas y Privadas, SITTEP.  A la vez, el primero es presidente y el segundo vicepresidente de la Central Sindical Juanito Mora.

La acusación incluyó al Expresidente Óscar Arias Sánchez; su hermano Rodrigo, exministro de la Presidencia en ese momento; el hoy Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez Reyes (quien en el momento de los hechos denunciados ejercía como presidente ejecutivo de JAPDEVA); y Álvaro González Alfaro, entonces, ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Los demandantes dijeron que pedirían a la Fiscalía aclarar en qué situación están esas personas dentro del proceso.

La acusación es por el ofrecimiento que se hizo durante el gobierno anterior a las  personas trabajadoras de JAPDEVA, de $137 millones (unos ¢80 mil millones) como “indemnización” para que aceptaron la concesión de los muelles del Caribe.

Según la acusación, el ofrecimiento de tal pago habría violentado la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ley No. 8422; el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; el Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-J; la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131; y la Ley General de la Administración Pública, No. 6227.

La Fiscalía General puede ahora iniciar una investigación preliminar y si encuentra información relevante, podría solicitarle a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad al ministro Vargas para indagarlo y solicitar medidas cautelares si es del caso. Si no encuentra indicios delictivos, puede archivar el caso.