La posibilidad de que Costa Rica se convierta en exportadora de electricidad para Centroamérica y las consecuencias ambientales y sociales que esto acarrearía, es cuestionada por grupos ecologistas y comunales.
La construcción de numerosas represas hidroeléctricas, ha generado la oposición de algunos sectores ambientalistas y de comunidades
Saturación de las cuencas hidrográficas con represas hidroeléctricas, falta de planificación en los proyectos energéticos, y desatención al clamor de las comunidades aledañas, son atribuidas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por grupos ambientalistas del país.
«El desarrollo energético nacional debe ser discutido y definido por la sociedad, empezando por cada una de las comunidades en las cuales se implementan proyectos, y no exclusivamente por una institución, y menos aun por grupos empresariales, cuya única meta es el lucro con los recursos naturales y sociales de Costa Rica».
Esta es la posición que sostiene la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), ante lo que consideran un «modelo de desarrollismo energético que atenta contra la seguridad social y ecológica de Costa Rica».
En la sede de esta federación, representantes de varias comunidades externaron el pasado 28 de agosto su oposición ante la ejecución de proyectos hidroeléctricos del ICE en los ríos Pacuare, Grande de Térraba y Pirrís.
Osvaldo Durán y José Flores, dirigentes de los grupos comunales que velan por la cuenca del río Pirrís -en la región de Los Santos-; Enid Rojas, por las comunidades indígenas aledañas al proyecto hidroeléctrico Boruca; y Eugenio Guido, de la organización «Guardianes Verdes» -de Turrialba-, cuestionaron también el desarrollo energético nacional dentro del marco del Plan Puebla-Panamá.
Agrupados en la FECON, estiman que los proyectos contemplados en este plan «refuerzan una política global, encaminada a la apropiación de materias primas estratégicas en todo el planeta».
A través de la Oficina de Relaciones Públicas del ICE se gestionó conocer la opinión de sus jerarcas acerca de lo manifestado por los ambientalistas, pero al cierre de edición (3 de setiembre) la solicitud no había sido atendida.
«DESARROLLISMO ENERGÉTICO»
Para los miembros de la FECON, las autoridades nacionales perciben el desarrollo energético como sinónimo de hidroelectricidad y bajo esa perspectiva aseguran que los ríos se convierten en materia prima, y ninguno se salvará entonces de contar con represas sobre su cauce.
Como ejemplo de esta tendencia mencionan la sobreexplotada cuenca del río Sarapiquí, en la que existen ocho proyectos hidroeléctricos (seis estatales y dos privados) y están proyectados ocho más.
Eugenio Guido advirtió que algo similar se quiere hacer (5 represas) con el río Pacuare -cuyas aguas tienen un potencial de 635 megavatios-, mencionado por ellos como uno de los diez ríos más bellos del planeta y con un gran atractivo para competencias de canoas («rafting») o de navegación recreativa en balsas.
Recordó, además, que la construcción del proyecto Angostura en Turrialba, significó la casi desaparición de las aguas del río Reventazón, y con ello la fauna y vida social que generaba.
Otros que se quejaron contra el ICE, fueron Osvaldo Durán y José Flores, por las deficiencias en las obras que dicha institución realiza en la zona de Los Santos -en donde construye una represa sobre el río Pirrís (128 megavatios)- y porque sus funcionarios no atienden inquietudes de personas de las comunidades.
Criticaron que algunos de los trabajos del ICE no se hacen de manera adecuada y eso ha provocado contaminación en fuentes de agua y daños en el puente que cruza el río Pirrís. Asimismo, dijeron que no han podido reunirse con personal de esa entidad que les informe sobre el plan de manejo de la citada cuenca.
Una posición más radical fue planteada por la representante de la comunidad indígena Rey Curré -Enid Rojas-, quien afirmó que se opondrán siempre a la planeada construcción de la gigantesca represa en el río Grande de Térraba, la cual con sus 593 megavatios se convierte en uno de los pilares energéticos del Plan Puebla-Panamá.
Rojas expresó que si bien entienden la importancia económica para el país, «el pueblo indio de Curré no ve ningún beneficio en el proyecto» y así lo han comprobado en otros casos similares. Agregó que 3.000 años de historia les dan fuerzas suficiente para «utilizar todos los argumentos legales que sean necesarios para hacer valer sus derechos sobre estas tierras».
En su criterio, el ICE no ha reconocido la soberanía de los pueblos indios sobre sus tierras y lejos de informarlos debidamente, les dan publicidad para convencerlos de las bondades del proyecto.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Todas estas deficiencias señaladas por los dirigentes comunales, en opinión de la FECON, deben ser subsanadas a partir de un modelo diferente al que utiliza el ICE.
Por eso estiman urgente la formulación de «un modelo de desarrollo energético alternativo, basado en un verdadero respeto al medio natural y a las comunidades y culturas de nuestro país»
Este modelo -sostienen- debe permitir la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; ser solidario y equitativo con los más necesitados; promover cambios en los patrones de producción y consumo, con miras a una mayor eficiencia energética; y que tome en cuenta la capacidad de carga de las cuencas y los ecosistemas.
Abogan por la ejecución de investigaciones y por el desarrollo de fuentes energéticas renovables alternativas, como la solar, la eólica, la biomásica y otras.
De igual manera, propugnan establecer procesos de información, consulta y participación de las comunidades y organismos locales, en torno a la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo de energía; todo ello para garantizar el respeto a la diversidad cultural y étnica de las comunidades.
La equidad social es otra de las metas que avizoran y por eso cuestionan la participación del sector privado en la generación de electricidad, pues apenas produce un 12% de la energía que consume el país y los costos de producción son mayores que los del ICE, lo que encarece las tarifas para el usuario.
Tampoco comulgan con los objetivos del Plan Puebla-Panamá, en vista de que su eje central es «el desarrollo de la inversión privada, y la integración sería la que se pueda desarrollar en proyectos de generación y trasiego de electricidad, telecomunicaciones, explotaciones petroleras, gas, turismo».
En una carta que le dirigió Osvaldo Durán al Ing. Salvador López -del ICE-, le enfatiza que «aún estamos a tiempo de lograr procesos integrales que no atenten ni contra la naturaleza, ni las comunidades de Costa Rica».
