Panamá tiene gran cantidad de proyectos mineros, los cuales abarcan miles de hectáreas y que se encuentran en diversas etapas, entre ellas, de exploración, explotación y extracción, según explicó Alida Spadafora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

Ante el repunte del precio del oro y otros metales, las compañías que desarrollan estos proyectos han intensificado su producción y el gobierno ha recibido en los últimos dos años una gran cantidad de solicitudes, ya sea permisos para exploración o concesiones para explotación y extracción.

De acuerdo con la experta, en el país hermano existen cerca de 765 mil hectáreas, ya sea en proceso de solicitud de exploración, como concesión de exploración y concesión de explotación o en su fase de extracción.

La situación minera en Panamá, al igual que el resto de naciones hermanas, está expuesta a discusiones, pues la mayoría de los yacimientos de oro y cobre, así como otros metales, se encuentran a lo largo de la cordillera, en zonas montañosas, donde nacen ríos y cuencas importantes, tanto para la agricultura, ganadería y otros usos humanos.

Un ejemplo es la minera Cerro Quema, que ya está en proceso de extracción de oro y plata y que tiene unas 5.000 hectáreas. La empresa que lo desarrolla, tiene otros dos contratos, uno por 5.000 hectáreas y otro por 4.893.

“Se trata de una zona con escasez de agua y en la cual se practica la ganadería y la agricultura. Definitivamente este proyecto compite con otros usos, incluyendo el consumo humano”, detalló Spadafora.

Otro proyecto que  ha generado mucha discusión es Petaquilla Gold que fue aprobado hace un par de años y comenzó a extraer oro con mucha rapidez.

El proyecto fue muy controversial, contó la experta, pues la empresa comenzó la construcción sin tener su estudio de impacto ambiental aprobado, hubo mucho disgusto en la población y se estableció una multa de $1 millón, pero la compañía presentó un recurso legal, que aún no ha sido resuelto.

La construcción de la mina se continuó y al aprobarse el estudio de impacto ambiental, se establecieron 17 condicionantes para su funcionamiento, pero por supuestas presiones del más alto nivel político, se propició que comenzara sus operaciones en enero del año pasado.

“Muchas de las personas que trabajamos en el tema de conservación hemos denunciado que por encontrarse en un área del Cordón Mesoamericano, con alta pluviosidad, de suelos poco cohesionados, expuestos a deslaves y deslizamientos se podría afectar gravemente los ríos cercanos, a la población y a la biodiversidad regional”, indicó la especialista.

Los diversos sectores han alertado sobre el impacto ambiental de este proyecto, y a pesar de que se realizó un estudio de costo beneficio, en el cual se valoró que la pérdida de agua y bosque sería de unos $50 mil millones para el país, no encontraron eco de estas denuncias.

“Hay otras concesiones que han sido dadas para la exploración en Panamá y datos oficiales del gobierno nos indican, con corte a diciembre de 2011, que siguen funcionando. Nos preocupa mucho porque estamos hablando de áreas muy vulnerables, ya sea por su riqueza hídrica, su biodiversidad, bosques, suelos y la cercanía con las personas”, detalló Spadafora.

Además, estos proyectos están compitiendo, en algunos casos, con otro sector que ha sido el impulso del país panameño, como es el turismo, pues varias concesiones de exploración se han establecido en las costas.

Otra problemática es que el monitoreo de los proyectos es escaso o nulo, señaló la experta, porque las instituciones no tienen la capacidad para llevar a cabo un seguimiento estricto, en una actividad que requiere de controles extremos.

MINERÍA DISPARA LUCHA INDÍGENA

El impulso de proyectos, tanto mineros como hidroeléctricos en comunidades indígenas, sobre todo en la Comarca Ngäbe Buglé, ha disparado en las últimas semanas una serie de protestas.

Las comunidades indígenas de la Comarca se pusieron alertas el año pasado, cuando el gobierno realizó una serie de reformas al Código Minero, lo que permitía que gobiernos extranjeros invirtieran en Panamá y entendieron que lo que buscaban era explotar el Cerro Colorado, que se encuentra en medio de su Comarca.

Esto generó una serie de protestas, con el cierre de la Interamericana, y que terminaron en la firma del acuerdo San Félix, firmado por el ministro de la Presidencia y negociado por el Presidente Ricardo Martinelli.

En el acuerdo se prohibía la minería en la Comarca, también las hidroeléctricas y los proyectos turísticos de alto impacto. De manera que el gobierno tuvo que derogar la nueva ley, pero no estableció nuevamente los artículos de la ley anterior.

La Administración Martinelli, ante ese vacío legal, comenzó a buscar nuevos gobiernos socios para impulsar un proyecto de explotación minera, sobre todo con Korea.

En diciembre, el gobierno intentó aprobar otra ley, que no cumplía con el acuerdo San Félix, y que establecía un 20% de ganancias para las comarcas indígenas, lo cual causó un gran revuelo, pues nunca fueron consultados.

Esto disparó las manifestaciones de las últimas semanas, en las cuales se evidenció la violencia por parte del gobierno, y la violación de muchos derechos humanos.

Recientemente, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ricardo Quijano, manifestó en un comunicado de prensa, publicado en la página oficial de la Institución, que no se puede poner al país en una situación peligrosa, cediendo áreas que no están dentro de la Comarca, para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

A juicio del titular, hasta ahora en las conversaciones con la dirigencia Ngäbe Buglé, el gobierno ha sido sumamente desprendido al proponer que se cancelen las concesiones otorgadas o vigentes para la exploración y explotación de recursos minerales, y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca.

“El Gobierno ha respetado los derechos del pueblo indígena que no quieren desarrollar yacimientos ni hidroeléctricas en el área a la que se circunscribe la Comarca”, dijo el Ministro de Comercio e Industrias.

Rogelio Moreno, presidente Coordinadora Nacional de Indígenas:

“Proyectos deben ser consultados a la población”

María José Núñez ([email protected])

UNIVERSIDAD conversó con Rogelio Moreno, presidente de la Coordinadora Nacional de Indígenas de Panamá, quien hizo énfasis en que cualquier proyecto, ya sea minero o hidroeléctrico que se pretenda hacer en la comunidad, debe pasar previamente por una consulta a la comunidad, de manera que sean los pobladores de la zona, quienes decidan si lo aceptan o no.

“Así lo establece nuestra ley, todas aquellas iniciativas que se quieran desarrollar dentro de las comarcas deben pasar por la aprobación de los pobladores, debemos tener participación de esos proyectos, ser socios. No podemos permitir que vengan las empresas a instalarse y nos ofrezcan una escuelita o una calle, eso no es desarrollo”, detalló Moreno.

Por ejemplo, en estos momentos, en el Río Fonseca (área ubicada dentro de la Comarca Ngäbe Buglé, se está desarrollando un gran proyecto hidroeléctrico, pero, aseguró Moreno, la empresa no se ha acercado a las comunidades para preguntarles su punto de vista, ni tienen participación de esta iniciativa.

En este sentido, diversos grupos de la comarca discuten si lo que se requiere es una modificación y reglamentación de la ley existente, en materia de minerías y proyectos hidroeléctricos, o si es mejor crear una nueva, que prohíba el desarrollo de este tipo de actividades en la zona.

“Yo como cacique digo que no estamos de acuerdo con que se cierren por completo estos proyectos, pero sí considero que todos aquellos que se impulsen en la comunidad deben ser consultados y debemos tener una participación económica, ganancias para la comunidad”, dijo Moreno.

Actualmente, el pueblo indígena está compuesto por unos 200 mil habitantes, y los grupos están divididos, entre quienes buscan una nueva ley especial y quienes consideran que se debe reglamentar la actual. Eso sí, todos coinciden en que se debe respetar el derecho a las tierras.