Un efecto claramente multiplicador de la protesta tuvo la represión que el Poder Ejecutivo ejerció en la marcha del 8 de noviembre, pues si ese evento había convocado a unas 500 personas -según las estimaciones más optimistas- ocho días después se trató de varios miles que salieron a la calle.

La multitudinaria participación en el acto de protesta, organizado el pasado 15 de noviembre,  además de repudiar la represión vivida el 8 de noviembre también incluyó el rechazo a la llamada ley mordaza y mantuvo siempre el tema de pedir más recursos y apoyo a la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La socióloga Montserrat Sagot analizó el fenómeno de la alta participación en la marcha del día 15 y aseguró que esa amplia convocatoria se debió a que hubo una “gran comprensión” de un sector importante de la ciudadanía, en el sentido de que si no se lograba llevar a cabo un acto elocuente de rechazo fuerte a los actos vividos una semana antes, “estaríamos ante la instalación en el país de una práctica de represión contra las manifestaciones populares”.

La socióloga atribuyó la represión desatada hace dos semanas a una mala lectura hecha por el Gobierno de las encuestas en el tema particular de la aplicación con fuerza de la llamada mano dura, “pero la respuesta que encontró fue contundente, en el sentido de que la población no permitirá el avance de esas prácticas represivas”.

“La contundencia de esta manifestación -convocada en pocos días- es un mensaje claro para el Gobierno de repudio a su política de represión”, expresó a UNIVERSIDAD el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

Añadió que si la población estuviera de acuerdo con las acciones del Poder Ejecutivo el 8 de noviembre, no se habría dado esa participación “extraordinaria” una semana después, la cual juzgó como una señal clara contra “las políticas neoliberales de privatización de la salud, de rechazo a la ley mordaza y a la represión policial”.

“Si el Gobierno cree que ejerciendo la violencia y represión contra el pueblo va a aplacar el descontento popular, está muy equivocado”, añadió.

El analista y excontralor general de la República Alex Solís apuntó que desde que se denunció la existencia del célebre Memorando del Miedo, los costarricenses “somos víctimas de diferentes políticas  destinadas a asustarnos, chantajearnos y a someternos a cosas diferentes de lo que proclama la democracia”.

Solís añadió que la ley mordaza es parte de ello y recordó que las principales investigaciones que han denunciado casos de corrupción de alto nivel en los últimos años fueron realizadas por la prensa  investigativa.

“Se quiere callar esa parte tan importante para el sistema democrático, pero además se nos reprime. Lo que sucedió la semana pasada (8 de noviembre) fue vergonzoso, no es digno de Costa Rica, de manera que nos hemos echado a la calle para luchar a favor de la Caja pero también para decirle al Estado que no se vale golpear al pueblo”, expresó.

¿HACIA UNA MAYOR COHESIÓN DE LA PROTESTA?

El 8 de noviembre, lo que fue una manifestación pacífica que no tenía más objetivo que entregar un documento a las autoridades de la CCSS, terminó en una serie de violentos y bochornosos sucesos cuando, poco antes de que los manifestantes levantaran la actividad, la Fuerza Pública cayó con un contingente de antimotines sobre la manifestación frente a la CCSS, con el pretexto de despejar la Avenida Segunda y resguardar así el derecho al libre tránsito de la población.

De manera que tras la acción represiva se presentaron más personas al sitio y aún pasadas las 7 p.m. se dieron algunos enfrentamientos y arrestos.

Ese día los manifestantes pedían más recursos para la oferta de servicios de la CCSS. Al respecto, cabe destacar realidades como que en días pasados se anunció el cierre de nueve Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en los cantones de Curridabat, Goicoechea y La Unión.

La agenda de la marcha del 8 de noviembre también incluía el tema de la publicación de la Ley de Delitos Informáticos,  llamada ley mordaza por las serias limitaciones que implica a la posibilidad de que la ciudadanía y la prensa puedan hacer denuncias de corrupción, al imponer penas de cárcel a la filtración de documentos, entre otras cosas.

A pesar de un compromiso de parte de la presidenta Laura Chinchilla de no publicar la ley en tanto no se aprobara una reforma en la Asamblea Legislativa, el pasado 6 de noviembre la publicó en el diario oficial.

Así, ambos temas fueron parte de los reclamos de la manifestación del 15 de noviembre, junto al repudio a la violencia policial. Esa nueva marcha consistió en tres contingentes: uno que salió de la UCR, otro de la Iglesia de la Merced y una tercera columna del denominado Movimiento 8 de noviembre, que recorrió el centro de la ciudad repartiendo material informativo.

Ese 15 de noviembre no sólo sumó una cantidad importante de personas, sino que llamó la atención la gran diversidad de asistentes que agrupó a estudiantes de las universidades públicas, ambientalistas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y hasta iglesias.

Durante la manifestación, Margarita Bolaños, secretaria general del Partido Acción Ciudadana (PAC),  afirmó que al Gobierno le falló la estrategia de represión, pues “no fue una salida para intimidar a la gente, a los dirigentes del PAC se nos ha intimidado de muchas formas y creo que la gente ya está cansada, harta y en disposición de asumir posiciones de manera más colectiva”.

Por otra parte, Carlos Bonilla, pastor de la Iglesia Luterana que participó de la marcha, declaró que “hay un cierre del espacio democrático y de la institucionalidad en el país, por eso estamos en la calle para decirle al resto de la población y al resto de las iglesias que la nuestra es una iglesia que no acepta mordazas”.

El presidente electo de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), Camilo Saldarriaga, se mostró alegre al confirmar la “gran cantidad de gente de los más diversos sectores del movimiento estudiantil” que participaron “unificados con un mensaje claro para el Gobierno, de que no estamos de acuerdo con la represión y de que ya es hora de que la Caja se defienda efectivamente y se detengan los recortes en los servicios”.

“La semana pasada la policía irrumpió de forma completamente autoritaria golpeando a adultos mayores, a doctores y estudiantes; eso generó una gran indignación en la comunidad universitaria y en la comunidad nacional, a lo cual se debe que hoy estemos aquí miles de personas exigiendo el alto a la represión”, añadió.

Por otra parte, Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad que reivindica los derechos de las minorías sexuales, hizo un llamado a la defensa de la CCSS y del Estado social de derecho ante “el neoliberalismo que busca privatizar la salud”. Expresó además que el pueblo costarricense “cada día pierde más derechos” y que “indudablemente” la represión es una muestra de esa realidad.

“Luego de la represión la gente se indignó, es una más de las torpezas del Gobierno, lo que logró fue que la gente se una”, afirmó para luego exigir la renuncia del Ministro de Seguridad.

Así, Sagot enfatizó el hecho de que la marcha del 15 fue “muy diversa y muy festiva”, en contraposición al temor previo de que algunos grupos quisieran responder con violencia a la represión. “Emergió un gran espíritu afectivo, colorido y diverso con actos lúdicos, teatrales y musicales. Ello constituye un ejercicio del poder popular pero transformando completamente el discurso de la represión, lo cual es muy importante”, destacó.

En la óptica de la socióloga, el hecho de que esa manifestación se desarrollara en tres columnas -de manera que ocupó más vías y espacio público y por más tiempo que la del 8 de noviembre- “dejó al descubierto el discurso policial” de que el objetivo de la acción violenta ocho días antes fue procurar el libre tránsito en la ciudad. “Queda claro que ese no era el verdadero discurso de fondo, sino esa mala lectura de las encuestas en cuanto al supuesto llamado a mano dura”.

El politólogo Alberto Cortés apuntó al respecto que la manifestación del día 8 no era una marcha de protesta típica, sino que tenía un carácter comunitario en busca de apoyo “para la institución más querida del país”. Por ello tuvieron particular peso “los excesos de la  fuerza policial y el maltrato evidente a gente de las comunidades”, más allá del manejo mediático que hizo la prensa comercial, pues “en las redes sociales circuló bastante material que evidenciaba el abuso policial y la extralimitación en el uso de la fuerza”.

Añadió que los actuales representantes políticos de los grupos de poder están “desconectados de la realidad de su sociedad” y que por ello no entienden que hay un malestar que bien canalizado podría generar una protesta estilo Combo ICE o como las movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC).

Para Cortés, el hecho de que en el mismo momento que se hizo una movilización, en la Asamblea Legislativa se aprobó la no reelección del magistrado Fernando Cruz, “evidencia una gran prepotencia y que actúan sin medir las consecuencias”, lo cual puede generar “una respuesta aún mayor y si no rectifican estaremos a las puertas de una gran movilización nacional como no se ha visto en varios años. Todo esto puede cohesionar a mucha gente con diversas posiciones ideológicas”.

Más protestas

Mientras el 15 de noviembre se registraba la multitudinaria manifestación contra la represión, en defensa de la CCSS y contra la ley mordaza, en la Asamblea Legislativa el Partido Liberación Nacional (PLN) junto a sus fieles diputados evangélicos, los libertarios y una parte del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) lograron 38 votos contra la reelección del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (Ver entrevista).

Esa situación ha generado una intensa polémica a todo nivel y funcionarios del Poder Judicial han convocado a una manifestación y marcha este jueves 22. La convocatoria es a las 10 a.m. en la Plaza de la Justicia -frente a la Corte Suprema de Justicia- desde donde se marchará hasta la Asamblea Legislativa. Se pide que quienes participen vistan de negro en señal de luto.

Por otra parte, el sábado 24 de noviembre el Bloque Verde -que agrupa a varias organizaciones ambientalistas- dará inicio a a una caminata “en defensa de nuestro maíz”, pues la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad valora solicitudes de sembrar maíz transgénico desarrollado por la multinacional Monsanto en Guanacaste (Ver UNIVERSIDAD del 7 de noviembre).

La caminata partirá de la localidad de Matambú, y hará escalas sucesivas diarias en Las Juntas, Esparza, San Ramón, Naranjo, Grecia, Alajuela y Heredia, para llegar a San José el 2 de diciembre. El lunes 3 de diciembre se realizará una gran concentración frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a partir de las 8 a.m.

Las personas interesadas en sumarse a la caminata o en apoyarla de alguna forma, pueden comunicarse al 8835-9895 o al 8826-2270.