La Ministra de Salud sugiere dar más educación para disminuir el contacto con agroquímicos, pero la investigadora afirma que se debe ser más duro con la regulación a las fumigaciones.
El estudio realizado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, publicado por UNIVERSIDAD la semana anterior, el cual reveló que había residuos de agroquímicos en la orina de niños de tres pueblos de Talamanca en los que se utilizan agroquímicos en las plantaciones de banano, generó controversia entre los investigadores y la Ministra de Salud, María Luisa Ávila.
La investigación evaluó si los plaguicidas utilizados en banano y plátano afectan el desarrollo y la salud de infantes entre 6 y 9 años, para lo cual se tomaron 230 muestras de orina de 169 niños y niñas en las comunidades de Amubri, Shiroles y Daytonia.
Los resultados mostraron que existen niveles de agroquímicos como el Mancozeb (fungicida, del cual se desprende una molécula más tóxica conocida como ETU) y el TCP, el insecticida que se usa en las bolsas celestes que cubren los racimos.
DILEMA ÉTICO
La disputa se da porque la ministra Ávila reclama al IRET no haberle facilitado los nombres de los infantes contaminados, para que fuesen evaluados por expertos del Hospital Nacional de Niños.
“Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad”, expresó Ávila.
La jerarca informó que ha remitido este caso al Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), que es un órgano de asesoría en temas de investigación y bioética.
Berna Van Wendel, una de las inverstigadoras que trabajó en este estudio, afirmó que entiende la preocupación de la jerarca en este caso, pero existe una restricción ética que no pueden evadir.
“Como investigadora principal del estudio no puedo revelar los nombres de los niños del estudio, porque hay un consentimiento informado firmado por nosotros y los padres de los niños del estudio en el que aseguramos la confidencialidad de los datos, especialmente los nombres”, explicó Van Wendel.
Según la estudiosa, ella solicitó permiso al Comité Ético de la Universidad Nacional (CEC-UNA), para levantar la restricción, pero le fue denegado, aunque no descarta que puedan haber otras soluciones para este asunto.
Van Wendel aseguró que le planteó a la Ministra valorar algunas otras alternativas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta; además de que cualquier opción que se tome debe ser aprobada por el CEC-UNA.
La investigadora indicó que los padres de familia involucrados en el estudio recibieron un informe personal con los resultados de la prueba aplicada y los resultados les fueron explicados; y los casos que requerían evaluación médica o docente, fueron remitidos.
“Los niños con problemas de vista, posibles problemas de conducta (incluyendo a problemas de atención hiperactividad y oposicionales) y otros posibles problemas identificados, ya fueron remitidos a los centros de salud locales de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) para que los médicos y psicólogos de estos centros les den seguimiento”, dijo Van Wendel.
Consultada sobre por qué el Ministerio de Salud no va a tomar sus propias muestras en la población de las zonas descritas en el estudio, la jerarca aseguró no hay tiempo ni recursos para realizar esta tarea.
“No es posible buscarlos, sería a todos (los niños) y eso no tiene sentido, si hay un examen que ellos hicieron, la muestra es menor, y por otro lado yo soy la Ministra de Salud, no la médica de las bananeras. Lo que me molesta es que me dicen que la comunidad es la que primero debe conocer los resultados y ellos lo presentan en congresos internacionales y nacionales antes, o sea esto no es ético”, cuestionó la Ministra.
Ávila afirmó también que el IRET ha dificultado la búsqueda de soluciones a este problema, e inclusive se mostraron opuestos a que la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) integrara las comisiones que se formaron para analizar este asunto.
Al respecto, Van Wendel respondió que los investigadores no se oponían a la presencia de CORBANA, pues la ministra invitó además a Aviación Civil y la Cámara de Insumos Agropecuarios; mientras ellos esperaban exponer los resultados primero en el nivel solo ministerial, pues en ese momento no se había transmitido los resultados a las familias de los niños analizados.
¿Y LOS CONTROLES?
Respecto de los resultados del estudio, Ávila se manifestó preocupada y aseguró que debe tenderse a reducir la utilización de estos productos, sobre todo por la gran cantidad que hay disponibles en el mercado; y que son usados tanto en la producción, como de forma casera.
“A diferencia de los medicamentos, los agroquímicos, de marca o genéricos, son venenos. Por otro lado la presencia de DDT, que se usó hasta 1983 en el país para el control de la malaria, y que sigue apareciendo en niños y por supuesto en adultos, es un claro ejemplo de la necesidad de regular muy bien estos productos y su aplicación en la producción y el control de vectores de enfermedades infecciosas”, afirmó Ávila.
Respecto de los controles sobre las actividades de fumigación, la Ministra aseguró que la vigilancia se lleva a cabo por medio de los permisos sanitarios de funcionamiento; mientras que los Ministerios de Ambiente y de Agricultura deben velar también por las “buenas prácticas” de aplicación de los químicos.
Ávila indicó que para regular estas actividades se trabaja en reglamentos con otros ministerios para cambiar aspectos como los horarios de fumigación, pero enfatizó en que es necesaria la educación de las personas que viven cerca de los cultivos.
“Los niños en los recreos se meten en las plantaciones, se bañan en los canales, les llevan el almuerzo a sus padres en el lugar, o bien sus padres para enseñarles el oficio se hacen acompañar de los niños, por ello una medida importante es evitar la permanencia de menores en los sitios”, expresó,
La funcionaria insistió en que es necesario corroborar los hallazgos del IRET por medio de la Organización Panamericana de la Salud y otros estudios en otros países; y advirtió que se debe verificar el nivel de seguridad de consumo de algunos productos, pues los agroquímicos se pueden encontrar también en la orina de las personas que viven en la ciudad.
Van Wendel coincidió con la Ministra en cuanto a la necesidad de educar a la población sobre el manejo de los agroquímicos, pero añadió que también se requiere de controles más estrictos en el cumplimiento de las medidas “técnicas” para reducir el contacto de la gente con los químicos.
“En cuanto a medidas técnicas me refiero a por ejemplo: respetar los 30 metros (en caso de barrera natural) y 100 metros de no-aplicación de plaguicidas por vía aérea indicados por la legislación actual, la reducción del uso de plaguicidas, la formación de barreras naturales para que el plaguicida no llegue a la comunidad y la instalación de barreras físicas para que los niños no entren o no se bañen en los canales de irrigación, en conjunto con la generación de lugares de recreo adecuados”, criticó la experta.
Para Van Wendel, las asociaciones encontradas en el estudio, como el deterioro de la memoria a corto plazo en los niños, podrían ser reversibles en este momento, si se toman las medidas preventivas.
Análisis a la espera
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), pues de acuerdo con el IRET, esta institución ya conoció los estudios; pero el representante de esta entidad, Sergio Laprade, indicó que la respuesta a nuestras consultas se daría cuando una comisión las analizara para darles respuesta.
Las consultas están relacionadas con el manejo que hacen las empresas de la fumigación aérea y de las medidas de seguridad para no exponer a los niños a los agroquímicos.
Respecto de la fotografía en la que se ve un helicóptero fumigando cerca de niños en Talamanca, la Ministra de Salud, indicó que había pedido una investigación al respecto, aunque no hay noticias de que esto se dé actualmente, por lo que la regional en Talamanca se mantendría vigilante.
