Sectores repudian intento por revivir pesca de arrastre

Pescadores artesanales, diputados de oposición y ambientalistas, le declararon la guerra a la pretensión del Gobierno de restablecer la pesca de camarón por arrastre, “nefasta” técnica depredadora de los recursos marinos que fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2013.

El anuncio lo hicieron asociaciones de pescadores de Guanacaste, Puntarenas y la zona sur el pasado jueves 3 de diciembre, en una conferencia de prensa, apoyados por diputados del Frente Amplio (FA) y la organización no gubernamental Mar Viva.

El diputado José Ramírez, del FA, dijo que esperaban que el Gobierno convocara para el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que dictaminó positivamente por unanimidad la Comisión de Ambiente, para erradicar la pesca de arrastre.

Sin embargo, se llevaron la sorpresa con el anuncio de que el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto que permitirá la pesca de arrastre, para complacencia de los pescadores semiindustriales, pero en perjuicio de los pescadores artesanales.

“Les decimos (al Gobierno) que eso no va a pasar”, afirmó Ramírez, tras evocar la necesidad de cuidar el recurso y prohibir el arrastre, porque destru ye el ciclo de reproducción del recurso marino, y empobrece a miles de familias que viven de la pesca artesanal.

Criticó que “han creado una supuesta mesa de diálogo, en donde lo que menos hay es diálogo, donde nunca pudieron los pescadores artesanales emitir su opinión, y al final lo que lograron pasar fue una propuesta de proyecto de ley que va en la línea de favorecer esta nefasta práctica y a los pescadores semiindustriales del camarón por arrastre”.

El mismo rechazo al proyecto de ley fue anunciado por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor bancada de oposición.

En la sentencia 2013-10540, la Sala Constitucional prohibió dicho tipo de captura y ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no emitir nuevas licencias para esta técnica, ni renovar las existentes (a algunas de las cuales les quedan cuatro años de vigencia).

El tribunal determinó que dicha técnica es contraria a los principios de protección ambiental que debe procurar el Estado, y debe seguir prohibida mientras no existan estudios científicos suficientes que la sustenten técnicamente para evitar los daños ambientales denunciados.

William Carrión, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales (Sitrapa), aseguró que de 40 organizaciones que fueron convocadas originalmente al diálogo por el gobierno, quedaron 11 y luego 4, pero con un único derecho a voto, tras lo cual ellos decidieron retirarse.

Consideró que lo que recibieron fue una bofetada, porque cuando se les convocó se les dijo que habría transparencia y que el proceso era para alejar a los barcos de las orillas y que no continuaría la pesca de arrastre.

“Fue una traición a la clase más desprotegida de Puntarenas. El proceso fue un enredo sin forma. Al final salió la trampa para permitir el arrastre”, reprochó el dirigente, apoyado por representantes de otras organizaciones.

Rodrigo Rojas, de la Asociación de Pescadores del Pacífico Norte, clamó por que se respete la prohibición de la pesca de arrastre, que acaba con el recurso marino impidiendo su reproducción.

“Somos trabajadores del mar, pero el mar es de todos, y lo que están haciendo es destruir el suelo y el subsuelo marino; es algo terrible; no podemos permitir una cosa de esas”, recalcó Rojas, quien en cambio contrastó el esfuerzo del pescador artesanal por respetar las prácticas de pesca sostenible.

POSICIONES ENCONTRADAS

El director general de la Fundación MarViva, Jorge Jiménez, insistió en que el proceso impulsado por el Gobierno no logró construir −como lo obliga la Sala Constitucional− un amplio y sólido respaldo de la comunidad científica nacional, para garantizar que nuevas técnicas para la pesca de camarón aseguren una actividad más sostenible y con un menor impacto ambiental.

«La Sala IV fue clara en exigir un fundamento científico-técnico ampliamente apoyado por la comunidad científica nacional, que sustentara las nuevas técnicas por aplicar para la captura del camarón. Este proceso no cumplió con ese requisito. Ni siquiera intentó cumplirlo», reprochó Jiménez.

Desde otra orilla, Marcial Parra, propietario de barcos camaroneros, tachó de “jueguito” de MarViva la oposición al proyecto, y apoyó la iniciativa del Gobierno, pues aseguró que en las profundidades del mar “hay muchísimo camarón que los barcos pueden aprovechar” y no es justo prohibir la captura.

Según su interpretación, la Sala IV fue muy clara al decir que cuando se demuestre que la pesca es sostenible y que se baja el grado de fauna de acompañamiento, la pesca de arrastre puede seguir, y el Gobierno lo que está haciendo es respetar el voto del  tribunal.

“Es cierto que hay problemas en la orilla y que se debieran alejar los barcos (mar adentro); estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué quitar una pesca que no le hace daño a nadie y que está regulada? Eso es lo que busca el Gobierno para que la pesca continúe”, defendió.

Randall Arauz, director de la organización no gubernamental Programa de Protección de Tortugas Marinas (Pretoma), se declaró totalmente de acuerdo con los pescadores artesanales. A su juicio, lo que propone el Gobierno es un retroceso de lo logrado en materia de protección de los recursos.

El Gobierno no hace caso a la investigación científica; están haciendo lo que les da la gana sin ninguna información técnica; “con razón tenemos a un presbítero (el presidente de Incopesca, Gustavo Meneses) dirigiendo la política pesquera nacional, porque es una persona que no sabe nada y se nota con esas políticas pesqueras”, lamentó Arauz.

El poder Ejecutivo anunció, semanas atrás, que a partir de las propuestas salidas del diálogo con los sectores presentará un proyecto de ley para regular la pesca del camarón, y quiere que Incopesca defina los métodos para la extracción de recurso luego de aprobada la ley.

El Gobierno aduce que el propósito es impulsar políticas públicas que permitan ordenar la actividad pesquera, darle sostenibilidad y combatir la pobreza y la desigualdad en las deprimidas zonas costeras.

Mientras tanto, tras lanzar fuertes críticas al proceso, 16 organizaciones ambientalistas se retiraron de la mesa de diálogo, al igual que las organizaciones de pescadores artesanales de Guanacaste, Puntarenas y la zona Sur, aduciendo que no hubo reglas claras ni transparencia para lograr decisiones en consenso.