La presencia de los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla como invitados de los partidos opositores en las elecciones del domingo, polémica incluida, resultó ser solo el capítulo más reciente del circuito político costarricense con Venezuela en la era chavista.
Rodríguez y Chinchilla fueron parte del grupo de exmandatarios al cual pidió expulsar de Venezuela el actual presidente legislativo, Diosdado Cabello. Lo solicitó, transmitido por la televisión oficial, cuando solo faltaba una hora para el cierre programado de las urnas, por unas declaraciones críticas del exmandatario boliviano Tuto Quiroga.
Quizás para ese momento el oficialismo veía venir una dura derrota y la denuncia de “injerencismo” de los expresidentes podía servir de algo. Los expresidentes ticos no fueron mencionados por Cabello ni por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, cuando anunció minutos antes (también televisada) el retiro de la credencial que habían otorgado a ese grupo a última hora, en la mañana del domingo, para poder ingresar a centros de votación.
Hubo inquietud en círculos políticos de Costa Rica y pidieron al presidente Luis Guillermo Solís exigir garantías de seguridad para ambos exmandatarios, aunque nunca enfrentaron riesgo alguno, aclararon después.
Era una “situación confusa”, contestó el mandatario por el Twitter sobre este caso que no pasó de ser anécdota.
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Hechos más trascendentes se registran en el nexo de Venezuela con Costa Rica, donde casi 20.000 venezolanos forman una comunidad inmigrante dominada por disidentes del chavismo, con inversiones de distintas escalas y con algún apoyo de ciertos sectores políticos nacionales.
También hay organizaciones políticas, sociales y estudiantiles de izquierda que tienen intercambios de más o menos frecuencia con el movimiento chavista o las estructuras de poder de este movimiento de vocación latinoamericanista.
“Chavista” resultó ser un insulto en la política doméstica y un adjetivo incómodo incluso para los políticos afines. El efecto ha sido mayor en ciertas épocas: las elecciones y sin dudas el polarizante referendo del 2007 sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuando sectores del “sí” denunciaron ingreso de dinero venezolano para la organización del “no” e injerencia desde Caracas.
Ese fue quizás el episodio más conflictivo entre gobiernos.
El primer presidente en convivir con un mandato de Chávez fue justamente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien en abril de su último año condenó el golpe de Estado que dio la oposición venezolana.
Después vino el gobierno de Abel Pacheco, de limitada política exterior pero con apertura de puertas para importantes dirigentes políticos venezolanos opuestos a Chávez y vinculados al golpe del 2002.
También hubo versiones sobre supuestos espionajes en suelo tico, recogidas en las informaciones diplomáticas filtradas por Wikileaks.
Con la llegada de Arias, en el 2006, la confrontación vino también atada de la ideología en torno al TLC y por las amenazas de retiros de la planta de aluminio Alunasa, inversión estatal venezolana en Esparza. Tiempos complicados para el embajador Vladimir de la Cruz, un calculado nombramiento de izquierda para entenderse con Caracas.
Pasado el TLC, sin embargo, vendrían otros tiempos. En 2008, con el encarecimiento del petróleo internacional, Arias intentó matricular a Costa Rica en el grupo Petrocaribe, liderado por Venezuela, para obtener beneficios en la compra del crudo.
Arias llegó incluso a alabar la generosidad del Gobierno de Chávez durante una gira en Europa.
El ingreso no ocurrió ni el proceso lo continuó la sucesora Laura Chinchilla, quien mantuvo una relación neutra con Chávez y más cercana hacia el final, en 2010, cuando Costa Rica negoció con varios países la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac). Chinchilla incluso acudió como mandataria al funeral del presidente Hugo Chávez en marzo del 2013.
Hacia el final del gobierno de Chinchilla hubo en Caracas manifestaciones y hechos violentos con 43 fallecidos, tras lo cual las autoridades culparon al político opositor Leopoldo López, hasta ahora preso, y San José evitó hacer llamado alguno por las libertades políticas de la disidencia.
“Costa Rica no puede permitirse que la Celac se quiebre bajo su presidencia pro témpore. Hemos hecho llamados al cumplimiento de los derechos humanos. Yo no considero que sea papel de Costa Rica tomar parte a favor de uno de los bandos del conflicto”, dijo en mayo del 2014 el canciller Enrique Castillo.
En ese mismo mes llegó el gobierno de Luis Guillermo Solís, de una tendencia ideológica menos lejana a la izquierda, pero sin mostrar tampoco afinidad ideológica alguna con el gobierno del heredero Nicolás Maduro. Esto, pese al nombramiento como embajador del simpatizante chavista Federico Picado, destituido después por unas polémicas declaraciones de apoyo a políticas aplicadas por Nicolás Maduro.
Sin embajador en forma llegó la campaña electoral en Venezuela y Costa Rica abogó por que la Organización de Estados Americanos (OEA) pudiera enviar a Venezuela una misión de observadores para las elecciones parlamentarias del domingo, a lo que Caracas se negó con contundencia.
Pese a ello y tras dar seguimiento a la elección, la Cancillería emitió una felicitación a Venezuela, sin que la “situación confusa” con los expresidentes Rodríguez y Chinchilla llegara a provocar conflicto alguno.
La política venezolana también ha tenido influencia por vía indirecta, pues el gobierno de Nicaragua, desde que Daniel Ortega volvió al poder en noviembre del 2006, ha sido un fiel aliado del chavismo y un beneficiario directo de millonarias ayudas que han dado más poder a la cúpula sandinista en su país.
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