San José. Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua se preparan para una nueva etapa en su relación bilateral, históricamente áspera, a partir del fallo que emitirá este miércoles la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.
Cuatro años después de detonado un nuevo conflicto entre los países vecinos, por la supuesta invasión de militares nicaragüenses a una finca en el territorio costarricense de la llamada isla Calero y daños ambientales por el dragado del río San Juan, los jueces internacionales se aprestan a publicarla una sentencia que tampoco garantiza la normalización del lazo bilateral.
El equipo costarricense dice estar confiado en la calidad de la defensa jurídica hecha a lo largo de estos cuatro años en conjunto con varias instituciones estatales, incluidos expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR). La posibilidades de una sentencia favorable a Costa Rica, sin embargo, también dejan espacios para algún revés dentro de la expectativa del equipo jurídico tico.
Esta sentencia llega en uno de los picos de tensión entre ambos gobiernos, motivado por el rechazo de Nicaragua, en noviembre, a cientos de migrantes cubanos que iban desde Ecuador hacia Estados Unidos y que ahora están varados en Costa Rica. Fue la última oportunidad para que Managua lanzara fuertes adjetivos contra San José por el manejo migratorio de esta población cubana.
Pero este fue solo el último episodio. En medio están varios encontronazos retóricos o de hecho que muestran una distancia permanente entre San José y Managua. Dos ejemplos, la mención del presidente Daniel Ortega de reivindicaciones históricas de la provincia de Guanacaste y el maltrato que sufrió el ciudadano tico Daniel Gil mientras estuvo preso en la capital nicaragüense, a mediados de este año, según la Cancillería tica y la Defensoría de los Habitantes.
La sentencia de este miércoles también resolverá si Costa Rica causó daños ambientales a territorio nicaragüense con la construcción de «trocha fronteriza», la calle paralela a una parte del trazado fronterizo construida por el gobierno de Laura Chinchilla y generadora de denuncias de corrupción.
La resolución del «caso Calero», sin embargo, va más allá de las disputas políticas y las innegables ventajas de popularidad que cada gobierno obtiene en estos conflictos. Hay comprometidos posibles intereses petroleros, pues según los límites que acepte La Haya se definirían también las potestades de cada países sobre zonas de exploración submarina en el Caribe. Nicaragua ya ha dado bloques en concesión a una empresa noruega, a la cual costa Rica ha advertido que esas áreas están sujetas a esta sentencia internacional.
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