Numerosas denuncias demuestran que los planes de manejo forestal son una práctica depredadora aunque legal, sobre todo debido a las irregularidades en su funcionamiento.
La Ley Forestal está hecha para uso exclusivo de industriales de la madera, madereros, ingenieros forestales y biólogos, según opinan sectores ecologistas
En la finca Starke, en Puerto Viejo de Sarapiquí, los congos viven en bosques ricos en árboles como gavilán y caobilla. Por un enorme almendro que se encuentra aquí, que alberga a la lapa verde, cualquier empresario maderero podría ofrecer unos $2.000; pero, los dueños del bosque no planean volver a talarlos sino hasta dentro de algunos años.
Esta finca de 300 hectáreas tiene un plan de manejo forestal desde hace tres años y sus dueños reciben $44 por hectárea, gracias al pago por servicios ambientales mediante un convenio con la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), que regenta y administra el plan.
Carlos Herrera Arguedas, subdirector de FUNDECOR, defiende este sistema por considerar que la única forma de salvar los bosques es hacerlos rentables. «El verdadero enemigo es el cambio de uso del suelo», aseguró.
Los ecologistas por su parte, consideran al sistema de pagos (PSA) como una buena herramienta; pero creen que deben destinarse únicamente a protección y no a financiar explotaciones madereras.
Por ejemplo, Juan Figuerola, ecologista y representante de la sociedad Forestemos Ltda., es beneficiario del PSA desde hace cinco años, por proteger 220 hectáreas en Piedras Blancas de Osa. «Que se pretenda usar los escasos recursos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) en premiar la extracción de madera es, a criterio nuestro, un insulto a la sostenibilidad de los bosques».
Según el estudio «La tala ilegal en Costa Rica», elaborado por el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE) en octubre de 2001, un 26% de la madera que se procesa viene de los planes de manejo, mientras entre un 20% y un 50% proviene de la tala ilegal. Esta última se transporta de la misma forma que aquella extraída con autorización, es decir, a la luz del día, de acuerdo con el documento. Así, muchos de quienes defienden los PSA a los planes de manejo, aseguran que estos son una forma de disminuir la tala ilegal.
¿POR QUÉ MANTENERLOS?
Los Principios Forestales, emitidos en 1992 por las Naciones Unidas son la base para los argumentos de la Oficina Nacional Forestal. En estos se establece que los Estados pueden usar y manejar sus bosques según sus necesidades de desarrollo, incluida su conversión para otros usos. Su director, Alfonso Barrantes, consideró que la posición de algunos grupos ecologistas inhabilitaría el uso forestal de esas tierras, sin considerar las implicaciones económicas y sociales para los dueños de los bosques.
Para Johnny Méndez Gamboa, de CODEFORSA, desde la perspectiva del dueño del bosque, el plan de manejo representa una producción con altos costos de planificación y un ingreso neto modesto, «por lo que debe ser compensado con el PSA».
Mientras tanto, German Obando de FUNDECOR, puntualizó el control que realizan en sus convenios. «Tenemos un regente disponible las 24 horas del día para cada plan; hay monitoreo para chequear qué se hizo y si alguien no cumple se le amonesta y debe enmendarlo; si es una falta grave que no se puede corregir, se expulsa del grupo de fincas certificadas».
Aunque aseguró que en el pasado los planes de manejo se buscaban para arrasar con toda la madera disponible, Pedro González, director de operaciones de FUNDECOR, también reconoció que hay serias irregularidades, «no han tenido buena fama los planes, con razón».
TRES MUESTRAS
Algunas muestras de recientes anomalías con planes de manejo son las siguientes: el 2 de julio de este año, la Sala IV anuló una resolución del Area de Conservación La Amistad -Caribe de autorización de corta y aprovechamiento forestal en terrenos con cobertura boscosa, bajo plan de manejo, otorgado a la empresa Tecnoforest del Norte S.A.
Esta compañía, subsidiaria de Portico, administra una finca ubicada en la zona protectora de la cuenca del río Banano y sus planes de manejo suelen ser regentados por FUNDECOR. Se intentó consultar a Alex Watson Ureña y a Jaime Sotela, presidente de Portico y de la Cámara de la Industria Forestal; pero no pudieron atender las llamadas de esta periodista.
De acuerdo con el voto No. 6466 (del cual se tiene copia) se ordena al Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Rodríguez Echandi, al Director del Area de Conservación La Amistad Caribe, Edwin Cyrus Cyrus, y al representante de Tecnoforest, suspender la extracción de madera en la finca por violar el derecho a un ambiente sano.
Otro caso es el de José Manuel Villalobos Chavarría y Carlos Villalobos Chavarría, hermanos que poseen una finca de 538 ha de bosque en conservación, en Rancho Quemado, península de Osa.
Ellos han denunciado desde marzo del 2000 a Manuel Alpízar Vega, maderero de la zona quien obtuvo permiso para un plan de manejo que le otorgó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para talar árboles y construir una trocha para sacar madera, en un sitio que no es suyo.
A pesar de que han sido amenazados en varias ocasiones, ellos continúan en la lucha. Según dijo José Manuel Villalobos a UNIVERSIDAD, «no se ha solucionado nada sobre esa denuncia; en días pasados presentamos los documentos al Ministro del Ambiente».
Este caso llegó a la Defensoría de los Habitantes, ente que emitió un pronunciamiento en mayo del 2001 y en el que se refiere de forma amplia al deterioro ambiental en la Reserva Forestal Golfo Dulce, ya que la finca de Alpízar se encuentra dentro de ella.
En el documento se concluye, entre otras cosas, que es «materialmente imposible ejercer el control previo y posterior a los planes de manejo aprobados y mucho menos fiscalizar las talas ilegales de la reserva en cuestión», y recomienda emitir el decreto de veda forestal en la zona hasta que no se demuestren signos de recuperación.
Una denuncia más reciente se dio también en el Area de Conservación Amistad-Caribe, donde el MINAE autorizó la corta de 689 árboles en una propiedad de 97 hectáreas de un ciudadano de apellido Quirós Quirós, bajo la modalidad de área de potrero, cuando en realidad hay un bosque natural.
La finca es parte de la Reserva Indígena Kekoldi, del Corredor Biológico Talamanca-Caribe, zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y área de recarga acuífera de las comunidades de Cocles y Playa Chiquita.
Ante esto la Defensoría se pronunció el 2 de setiembre y en el texto piden al MINAE prohibir los aprovechamientos forestales bajo cualquier modalidad en fincas dentro del área de recarga acuífera de las fuentes que abastecen la comunidad de Cocles. Solicitan verificar la información que consignan los regentes forestales en los inventarios y negar la autorización de corta de árboles mediante inventarios forestales en otros sectores.
LUCRAR DOS VECES
Esta triste historia de los planes de manejo se ejemplifica así con algunos casos. En una carta que envió Carlos Villalobos -presidente de la Asociación Agroecoturística Corcovado- a la entonces Ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, en setiembre del 2001, cuestiona las políticas del MINAE.
«Aquí usted va al MINAE a solicitar permiso por dos árboles y sólo se lo dan si tiene escritura y hace cien mil trámites. Caso contrario ocurre con los madereros, a quienes les dan permiso para talar hasta 500 árboles, con trámites expedidos y toda la ayuda. Inclusive les dan plan de manejo en fincas de protección del Estado, en pendientes de hasta 70° y deforestando cuencas de quebradas. La madera seca y caída tiene que perderse, porque así lo establece la ley.»
Sobre este tema UNIVERSIDAD también consultó a Quírico Jiménez, diputado por el Partido Acción Ciudadana (PAC), quien coincide en que los PSA a los planes de manejo no deben darse porque es lucrar con el bosque dos veces. «Hay un problema de legislación porque al final de cuentas toda la madera que se saca es legal, por eso hay que corregir la ley para que los bosques primarios no se toquen», concluyó.
