Tarifas de ARESEP ICE y JAPDEVA se desajustan por «reajustes»

Álvaro Retana, subgerente de Telecomunicaciones del ICE La última resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual en lugar de

Álvaro Retana, subgerente de Telecomunicaciones del ICE

La última resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la cual en lugar de aprobar el alza de tarifas de teléfonos que pidió el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) las rebajó, pone en peligro las finanzas de esta entidad y el acuerdo que puso fin a la huelga de trabajadores de junio pasado.

Dicha decisión significará para el ICE un golpe por más de ¢7.000 millones a sus finanzas, al compromiso de terminar el año próximo sin deudas, y a los planes de expansión de la telefonía, especialmente la fija.

Un acuerdo similar que tomó el ente regulador en 2001 y el año pasado (ver nota aparte), también mantiene con «números rojos» a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

Representantes sindicales de ambas entidades enmarcan dichas acciones, dentro de las tendencias privatizadoras que promueven algunos funcionarios públicos, quienes recurren al deterioro de los servicios que prestan los entes, para luego justificar su venta.

En lo que concierne al ICE, el subgerente de Telecomunicaciones -Álvaro Retana- aseguró que las rebajas aprobadas por la ARESEP implicarán una reducción considerable en la instalación de nuevas líneas telefónicas fijas para 2004.

El ICE mantenía sin incrementar sus tarifas de teléfonos fijos desde 1998 y los celulares desde 2000. La reciente solicitud contemplaba subir de ¢1.650 a ¢2.050 el servicio básico residencial, y la comercial de ¢2.000 a ¢2.400; mientras tanto, la celular pasaría de ¢3.000 a ¢3.400, y el costo por minuto de ¢30 a ¢35 en horario de tarifa plena (7 a.m. a 7 p.m.), y de ¢23 a ¢26 en el reducido.

La resolución de la ARESEP más bien rebajó en ¢100 la tarifa básica celular y alegó que esto es una compensación para los usuarios, por las deficiencias del servicio, aparte de que el ICE bajará sus inversiones futuras. Asimismo, redujo a la mitad (¢12.500) el depósito para adquirir una línea celular.

 

MÁS RECURSOS

 

Según explicó Alvaro Retana, con las alzas el ICE buscaba contar con ¢6.200 millones anuales, para desarrollar el plan de inversiones de los próximos años, en especial para la telefonía fija, para la cual iniciaron en el 2000 un proyecto para instalar 450.000 líneas.

En este momento han ejecutado una tercera parte y falta una etapa que requiere de gran inversión, como es el tendido y distribución del cableado. Para 2004 planeaban entregar 70.000 nuevas líneas.

En cuanto a los teléfonos móviles, ya eliminaron la lista de espera y más bien tienen disponibles cerca de 220.000 líneas.

Respecto a la resolución de la ARESEP, rechazó que el ICE piense disminuir sus inversiones en los próximos años.

Retana se quejó de que la ARESEP no tomara en cuenta factores de calidad como la rapidez en la entrega de líneas, ni el factor inflacionario anual; al desaprobar las tarifas solicitadas, el tiempo para asignar las nuevas se incrementará, agregó.

«Lo que tomaron en cuenta son las quejas aparecidas en la prensa desde el 16 de diciembre pasado, cuando se lanzó el sistema GSM. La gente se ha quejado de que hay fallas de cobertura y desde que la red fue recibida solo han  pasado seis meses», puntualizó.

A partir de estas quejas, el funcionario detalló que el ICE inició un proceso administrativo para reclamarle casi $1.9 millones de la garantía a la empresa Alcatel -encargada de instalar la telefonía celular de la generación GSM- y exigirle la mejora del servicio.

Lamentó que la ARESEP no le reconociera al ICE el esfuerzo por mejorar la telefonía celular, el acceso a Internet y por no tener lista de espera, y más bien lo castiga con una rebaja de sus tarifas que le quitará ¢1.400 millones anuales.

Estábamos esperanzados en recibir ¢6.200 millones por año más con el alza, y más bien nos rebajan ¢1.400 millones. Esto pone en dificultades el desarrollo de los servicios para el cliente, e incluso los compromisos macroeconómicos adquiridos por la institución para 2004, expresó Retana.

Anunció que el ICE apelará la resolución de la ARESEP una vez que salga publicada en La Gaceta, aunque un nuevo pronunciamiento de esta entidad podría retrasarse por un tiempo no determinado, pues el jerarca de dicha institución -Hermann Hess- renunció al cargo y ahora la Asamblea Legislativa deberá nombrar su sustituto.

El Subgerente de Telecomunicaciones advirtió que con el deterioro de las finanzas, posiblemente se afectarán las obras que obligan a una inversión mayor y cuya recuperación es más lenta, como la instalación de teléfonos fijos en zonas rurales, en donde las distancias exigen tendidos más largos de cables.

 

¿DECISIÓN POLÍTICA?

 

Consultado el dirigente sindical Fabio Chávez, del Frente Interno de Trabajadores (FIT), afirmó que las rebajas en las inversiones del ICE para los próximos dos años fueron forzadas por la situación macroeconómica del país y así fue pactado con el gobierno en el acuerdo que le puso fin a la huelga de junio pasado.

Es a partir de esta situación que el jerarca de la ARESEP toma la decisión de denegar el alza de tarifas solicitadas y de rebajarlas, la cual no compartimos, como tampoco los criterios para castigar las deficiencias en la telefonía celular, manifestó.

Chavez calificó como política la decisión de Hess, quien renunció tras este anuncio. «No ha sido amigo de la institución (del ICE); desde un principio se opuso al alza de las tarifas, ha puesto impedimentos a todo lo que el ICE le ha planteado», criticó.

En su opinión, esta resolución no obedece a una estrategia del regulador, sino a una corriente ideológica de la derecha política, que busca deteriorar el ICE y así justificar su privatización.

Sentimos -añadió Chávez- que el gobierno tiene un doble discurso y mientras dicen no a la privatización y a la apertura, todas las medidas que toman son para impulsarla.

De acuerdo con el dirigente, conversarán con el gobierno acerca del tema, pues la resolución de la ARESEP violenta los citados acuerdos para que el ICE cumpliera con no presentar déficit, siempre y cuando se respetaran las condiciones pactadas, como el aumento de las tarifas eléctricas y telefónicas.

«Si el gobierno no atiende este problema y quieren provocar una crisis financiera en el sector de telecomunicaciones, nosotros vamos a salir a la calle a defender la institución; esperamos que no tengamos que hacer esto», dijo.

 

JAPDEVA enfrenta déficit de ¢1.400 millones

EDUARDO RAMÍREZ FLORES

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En los últimos tres años, las finanzas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), se han visto afectadas por rebajas en sus tarifas que harán cerrar este año con un déficit por ¢1.432 millones.

Al igual que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en vez de recibir aumentos en las tarifas de los servicios que prestan sufrió una rebaja, la JAPDEVA en los últimos años ha recibido reducciones por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Debido a esta situación, la entidad creada para el desarrollo de la provincia de Limón vive una crisis financiera que la ha hecho recortar principalmente sus programas de contenido social, explicó a UNIVERSIDAD su presidente ejecutivo, Alberto José Amador.

Para paliar esta situación, la JAPDEVA presentó recientemente una nueva solicitud para incrementar sus tarifas en un 13.7% en promedio, y aunque el titular de la ARESEP -Hermann Hess- se comprometió a resolver con celeridad, este renunció en días pasados y la decisión se deberá postergar, detalló.

Respecto a las resoluciones anteriores que han puesto en crisis a la Junta, Amador alegó que el artículo 31 de la ley de la ARESEP estipula que no puede fijar tarifas que le ocasionen pérdidas al ente solicitante. Por esta violación, dijo que están dispuestos a recurrir a un juicio contencioso administrativo.

Recordó que la anterior situación se presentó cuando el año pasado el órgano regulador rechazó el aumento de 4.71% que pidieron y por el contrario rebajó las tarifas en 4.98%. En el 2002 el déficit llegó a ¢1.150 millones.

Al igual que en el caso del ICE, Danilo Powell, secretario general del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), percibe en la actitud de la ARESEP un deseo de afectar la buena marcha del ente portuario y desestabilizarlo con miras a su eventual privatización.

 

CIERRE TÉCNICO

Tras preguntársele si mediaron razones no técnicas para desaprobar los aumentos solicitados por la Junta que dirige, Amador precisó que ha habido -por ejemplo- cuestionamientos de la Contraloría General de la República al pago de horas extras, tiempo extraordinario, disponibilidad y a que las obras de desarrollo no generan empleo en forma sostenible.

Sin embargo, prefiere pensar que simplemente hubo una desafortunada decisión técnica que podría significar para la institución un «cierre fáctico», también llamado por algunos trabajadores como «cierre técnico».

Por otro lado, al referirse a si podría haber pesado en la decisión de la ARESEP los beneficios que otorga la convención colectiva, enfatizó que este acuerdo fue pactado entre ambas partes y al estar amparado por la legislación internacional hay que respetarlo, aunque considera que se debe buscar un ajuste, para no trasladar esos beneficios a los costos del servicio.

Para Amador, la JAPDEVA cuenta con el apoyo del presidente Abel Pacheco y es difícil pensar en lo contrario, pues él como limonense que es, no está interesado en perjudicar a esa provincia y más bien la ve con ojos prioritarios.

Por su parte, el secretario general del SINTRAJAP -Danilo Powell- mostró extrañeza de que cuando la ARESEP ha denegado los aumentos de tarifas pedidos, en lugar de limitarse únicamente a rechazarlos por no cumplir con los requisitos técnicos y dejarlos igual, se ha tomado más bien la libertad de reducir las tarifas, hasta el punto de afectar su equilibrio financiero.

«Sentimos que hay una estrategia que se está aplicando con las instituciones estatales, que es debilitarlas en forma solapada para buscar su privatización», denunció Powell.

El sindicalista recriminó que las únicas beneficiadas con las bajas tarifas que se aplican en los muelles limonenses, son las empresas transnacionales que exportan.

Para el secretario de finanzas de este sindicato, Jesús Noguera, a la JAPDEVA se le debe autorizar un alza de por lo menos el 13%, con el fin de que alcance un equilibrio financiero.

Defendió la competitividad de las tarifas de la institución en comparación con las de los países centroamericanos, en donde incluso en algunos casos son un 50% menores que las de Honduras.


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