Transferencias presupuestadas para este año hacia Organismos No Gubernamentales llegan a ¢5.600 millones.
Las subsidiarias de BICSA fueron utilizadas indebidamente para transferir donaciones desde Panamá hasta Costa Rica.
La infraestructura bancaria del país es utilizada para la transferencia de dineros cuyo origen es dudoso como los recibidos durante la pasada campaña electoral, especialmente los enviados por sucursales bancarias en el exterior, cuya regulación parece escapar a los controles de las autoridades nacionales.
El escándalo por las donaciones recibidas desde Panamá mediante la sucursal localizada en ese país del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) –que llegó a más de $1 millón– para esos comicios han puesto en alerta a instituciones fiscalizadoras y grupos civiles que ven cómo poco a poco el Estado es usurpado por los partidos tradicionales para abusar de recursos financieros o puestos de poder.
La organización Transparencia Internacional y diputados como el liberacionista Luis Gerardo Villanueva, así como Humberto Arce del Bloque Patriótico, consideran muy grave la indebida utilización de las citadas sucursales bancarias y de los bancos «off shore» para fines partidistas y electorales.
De ahí que en el foro «Transparencia Electoral: Financiación de los Partidos Políticos», efectuado recientemente en el parlamento, se propuso la creación de una Superintendencia de Partidos Políticos que controle más efectivamente el origen de los fondos recogidos durante las campañas políticas y el uso que los partidos le dan a estos dineros.
La utilización de otras formas para evadir los controles sobre el manejo de jugosos donativos de gobiernos extranjeros o empréstitos internacionales que forman parte del presupuesto nacional ha quedado en evidencia con los estudios que hizo la Junta de Notables –integrada por exfuncionarios públicos de alto renombre– que revelaron un importante tráfico de influencias.
En el detalle del informe se evidenciaba cómo varios empleados estatales con puestos de alto rango se pagaban altas sumas por consultorías o nombraban a algunos de sus subalternos para hacer recomendaciones y estudios especiales.
El préstamo analizado, hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue de $6,3 millones y se distribuyó en 26 consultorías tanto a personas físicas como empresas. Las asesorías se ejecutaron desde 1999 y algunas están vigentes para este año.
DEBEN DESMANTELARSE
Un foro organizado por el Colegio de Abogados, «El Estado de Derecho y las Estructuras Paralelas» –en el que se integró a diversos representantes del sector civil– concluyó recientemente que este tipo de sistemas sí existen aunque oficialmente se nieguen. Para los especialistas, esas estructuras deben desmantelarse pues se prestan para posibles irregularidades.
En este criterio coincidieron Luis Fernando Vargas, Contralor General de la República; Oscar Barahona, exintegrante de la antigua Junta de Notables; Max Esquivel, Defensor Adjunto de los Habitantes; Mauricio Granados, Canciller de la Curia Metropolitana y Eduardo Ulibarri, periodista. Como moderador estuvo Paul Rueda, de ese colegio profesional.
El contralor fue enfático en señalar que desde hace tres años se hace una labor de investigación sobre lo que denominó «órganos desconcentrados» que se alejan de lo que dicta la doctrina sobre el sector público no estatal. En esta figura se contemplan los colegios profesionales y las fundaciones.
«Obviamente no es que sean malas en sí, pero en varios casos en lugar de descentralizados se trata de órganos desarticulados, con una gran transferencia de fondos públicos hacia el sector privado».
Para 2002 –según informó Vargas– se ejecutaron ¢4.300 millones y para este año están presupuestados ¢5.600 millones a órganos ejecutores como asociaciones de desarrollo comunal y la Fundación de Parques Nacionales.
Al consultarle si la Contraloría investigará la legalidad de que ciertos representantes del gobierno efectúen labores como funcionarios públicos aunque sean pagados por organismos no gubernamentales como la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE), aseguró que «en la medida en que cualquier funcionario esté nombrado en una planilla estatal y reciba otras remuneraciones, habría que investigarlo por situaciones anómalas».
Sin embargo, al repreguntarle sobre el tema dijo que «le enviamos a la Asamblea Legislativa un estudio sobre ese y otros temas, específicamente a la Comisión de Ingreso y Gasto Público».
Tanto Vargas como los demás participantes aseguraron que este tipo de sistemas se vienen formando desde los años 80; no constituyen un fenómeno que se haya gestado recientemente con el revuelo público que causaron las donaciones recibidas por un «comité cívico» de la campaña del presidente Abel Pacheco.
Max Esquivel y Óscar Barahona dijeron que este problema no es exclusivo del sector estatal, sino que también se da en los manejos que puedan tener algunas organizaciones sindicales y de la empresa privada.
APERTURA AL CAMBIO
Una mayor vigilancia de estas anomalías mediante una Superintendencia de Partidos Políticos es lo que propone el liberacionista Luis Gerardo Villanueva, quien participó del seminario «Transparencia Electoral» que se efectuó en la Asamblea Legislativa.
«Considero importante intervenir todos los procesos internos de los partidos, distribuir mejor la deuda política para que se mantengan cuatro años de ayuda estatal y que no se deba obtener dineros de procedencia dudosa», aseveró el legislador.
A la vez, propone que esta superintendencia revise los gastos que se hacen con financiación privada y se prohíba las contribuciones de extranjeros.
Transparencia Internacional (TI), que organizó la actividad, hizo énfasis en la necesidad de que se «refuerce la contribución estatal porque creemos que las campañas pueden ser austeras y los partidos podrían, con amplitud, resarcirse con el dinero que se les da por la contribución del Estado».
«El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) –aseguró Mario Carazo, presidente de TI — debe ampliar su regulación. Hemos propuesto reducir el plazo de la campaña política a tres meses y limitar el gasto en ese periodo».
El representante consideró apropiado el proyecto que ese tribunal presentó el año pasado al parlamento para reformar el código relativo a las elecciones y establecer sanciones y regulaciones más directas.
Un desorden ¿conveniente?
EDUARDO RAMÍREZ FLORES
Tras el escándalo que suscitó el manejo que hubo en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con las donaciones que recibió en la pasada campaña electoral, queda en evidencia un desorden que no solo violó la legislación respectiva, sino que también se pudo prestar para situaciones irregulares.
Esta apreciación se desprende de la comparecencia (21 de agosto) del empresario Rodolfo Jiménez Borbón, ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento a los partidos políticos en la última campaña electoral. Con una participación importante como accionista en el diario La Nación y la Cervecería Costa Rica, brindó declaraciones en forma abierta y sin recurrir a la asistencia de un abogado.
Él fue una de las personas que recaudó fondos dentro de la estructura paralela que usó el PUSC, para la campaña que llevó al poder al mandatario Abel Pacheco. Asimismo, empresas suyas aportaron más de ¢25 millones.
Confesó que ese grupo paralelo no llevaba ningún tipo de control administrativo sobre las donaciones y que una vez que las recibían simplemente las entregaban a Rodolfo Montero -a cargo de la administración de dichos fondos-, sin exigir recibos ni preocuparse por el destino de estos.
Con un manejo tan informal de centenares de millones de colones, saltan preguntas como: ¿se invirtieron realmente todas las donaciones en la campaña?, ¿podrían haber parado algunos millones en cuentas personales?, ¿se compran favores políticos con las donaciones?, ¿algunos dineros podrían provenir de actividades ilícitas?, ¿con este proceder hacen alarde de impunidad los políticos?, ¿está «pintado en la pared» el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)?
¿PROCEDER CORRECTO?
Ante el cuestionamiento de algunos diputados que lo interrogaron por casi tres horas, el empresario siempre sostuvo haber actuado de manera correcta.
No obstante, al ser presionado aceptó que la estructura formal del PUSC incurrió en falta al no reportar al TSE las donaciones recogidas por el comité paralelo.
Recordó que desde principios de la década de los años 60 ha participado en recaudación de fondos, situación que fue aprovechada por el legislador José Miguel Corrales para insistirle que por esa razón no podía argumentar desconocimiento de las leyes que regulan las donaciones.
Jiménez reconoció ser un simpatizante de la reelección presidencial y del exmandatario Oscar Arias Sánchez, aunque rechazó que se sumara a la campaña de Abel Pacheco solo porque la Sala Constitucional falló el año pasado contra esta opción y dejó por fuera al premio Nobel de la Paz.
Otra violación a las leyes que quedó patente con sus declaraciones, tiene que ver con la prohibición de realizar rifas sin la autorización de la Junta de Protección Social.
En este sentido, el mencionado comité recaudador de fondos -según Jiménez- efectuó varias rifas y una de ellas ofreció como premio $50.000 (¢20 millones al cambio actual), con un costo de $10.000 el número.
