Ambientalistas y personas afines a la protección de los recursos naturales temen que la carretera que el Gobierno construye paralela al Río San Juan provoque un fuerte impacto ambiental y que al final el “remedio resulte peor que la enfermedad”.

La ruta, proyectada por la administración de la presidenta Laura Chinchilla en el contexto del diferendo fronterizo con Nicaragua, afecta áreas ecológicas y una amplia zona de biodiversidad consideradas “estratégicas” y de enorme importancia por los defensores del ambiente.

El proyecto se desarrolla al amparo de un decreto de emergencia (36440) que Chinchilla emitió el pasado 21 de febrero y fue publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 7 de marzo.

Este decreto permite a varias instancias del Estado, incluido el Ministerio de Transportes y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, operar bajo un régimen de excepción, lo que posibilita saltarse una serie de tramitologías y requisitos de acatamiento obligatorio en otras condiciones.

¿Se han hecho estudios profundos de impacto ambiental en el caso de la carretera en la zona del San Juan? ¿En realidad vive Costa Rica una emergencia, si en marzo la Corte de La Haya dictó medidas cautelares y las tropas nicaragüenses abandonaron hace tiempo el territorio de isla Calero-Los Portillos? ¿Hay conciencia del impacto de la ruta en una zona de enorme importancia ambiental como es la cuenca binacional de San Juan?

Esta y otra serie de preguntas rondan en la mente de varios ecologistas y defensores ambientales quienes no ocultan el temor de que la carretera provoque serios daños a los sistemas protegidos de la zona e incluso más bien brinde armas a Nicaragua contra Costa Rica, en el contexto del diferendo que estalló en octubre del año pasado.

(Ver nota aparte: MINAET vigila que no haya grave impacto, dice Viceministra).

Para el geólogo Allan Astorga, cualquier proyecto, como el que se impulsa en la frontera con Nicaragua, conlleva riesgos en materia ambiental. Por esa razón, dijo a UNIVERSIDAD: “debe desarrollarse e implementarse bajo un efectivo sistema de gestión ambiental para evitar que genere daños”.

El abogado ambientalista y profesor de la UNIVERSIDAD de Costa Rica, Álvaro Sagot, también expresó el recelo en torno al proyecto, ya que se desconoce si se impulsa bajo conceptos claros de viabilidad ambiental.

“Es tan simple y sencillo. Vía decreto está eximiéndose de presentar estudios de impacto ambiental necesarios. Nadie puede decir que no hay o habrá ningún impacto sobre la biodiversidad”, comentó.

Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional, recordó que en la región del San Juan hay corredores biológicos protegidos por ley.

“Es una zona vulnerable desde el punto de vista ecológico. Para hacer una carretera hay que tener ciertos cuidados”, indicó.

La vicepresidenta del Tribunal Ambiental, Yamileth Mata, admitió que incluso desconocía que se estaba construyendo la vía y no descartó una eventual intervención de la instancia para verificar la viabilidad de la obra.

Por su parte, el Secretario General de la SETENA (la Secretaría Técnica Nacional Ambiental), Uriel Juárez, dijo a UNIVERSIDAD que esta instancia no ha recibido ninguna consulta ni pedido de criterios sobre la carretera y los posibles riesgos.

“Aquí no se recibido ninguna solicitud o pedido de criterio”, indicó.

El director del Área de Conservación Tortuguero, Luis Rojas, dijo que esa dependencia del SINAC “ha tenido alguna participación en casos de consulta”, en el tramo de unos 30 kilómetros bajo su jurisdicción. “Toda obra acarrea sus riesgos”, comentó a este semanario.

Miguel Zamora, subdirector del Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, informó que esa dependencia realiza una “investigación de oficio” para verificar lo que ocurre en su sector.  “No hemos sido consultados sobre este proyecto”,  aseguró.

Mauricio Álvarez, de Kioscos ambientales de la Universidad de Costa Rica, así como Gino Biamonte, director del grupo ecologista APREFLOFAS, también manifestaron su temor. “Es una zona demasiado sensible y vulnerable”, dijeron por separado.

El diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), advirtió: “estamos investigando, no voy a permitir que se provoque un desastre ambiental”, alertó.

MINAET vigila que no haya grave impacto

La viceministra de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Lorena Guevara, dijo que esa dependencia vigila para que no se afecte el equilibrio ambiental en la zona del San Juan. A continuación, ofrecemos un extracto de sus respuestas a consultas dirigidas vía correo electrónico:

¿Qué participación tuvo MINAET en la vigilancia y supervisión de la obra, por ser una zona de corredores protegidos?

–      El decreto al que se hace referencia responde a una emergencia «particular o sui géneris», en el  tanto fue emitido por la situación y el proceso desencadenado ante la violación de la soberanía costarricense por parte de Nicaragua, particularmente en isla Calero, así como el daño ambiental infringido en suelo patrio.
Debe tenerse consideración sobre la naturaleza particular del evento sobre la cual recae la declaratoria y el Plan General de la Emergencia que se elaboró para su atención, por cuanto se trata de un fenómeno esencialmente político, con diversidad de efectos y variables difícilmente determinables. Bajo tales circunstancias, el sistema constitucional prevé reglas especiales que le permiten al Poder Ejecutivo atender situaciones de emergencia, de modo que se pueda actuar con la agilidad y energía que las circunstancias requieran y así minimizar las consecuencias de los desastres, naturales y antrópicos.

¿Se valoró el riesgo e impacto ambiental de este proyecto?

– En la situación actual y ante una amenaza latente de nuevas incursiones nicaragüenses, Costa Rica tiene la necesidad real de diseñar mecanismos de vigilancia y tomar acciones para asegurar una permanencia constante de sus fuerzas policiales en el sector en conflicto, en el extremo sur en el Delta del Colorado, así como en toda la margen fronteriza del río San Juan.
Dentro del Plan General de la Emergencia-Primera Fase, siete instituciones han planteado acciones concretas: el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la Cruz Roja Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Vialidad. Entre las acciones del CONAVI están la construcción de la ruta paralela al río San Juan y en el caso del MINAET-Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se establecieron labores constantes de monitoreo y vigilancia ambiental en los refugios nacionales de vida silvestre de la región.

¿Qué instancia lleva la supervisión? ¿Por qué no se incluyó  a la SETENA? ¿Si hubo estudios de impacto ambiental, quién los hizo?

– Se pretende en el caso del MINAET proveer al SINAC de condiciones y recursos necesarios para la protección y vigilancia.
Siendo que el camino paralelo al San Juan tiene como objetivo principal salvaguardar la vida y la integridad física, los bienes y el ambiente frente a desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir, el MINAET-SINAC ha sido vigilante de que las obras se realicen causando el menor impacto ambiental posible y las demás dependencias han informado y actuado en apego al régimen de excepcionalidad que una declaratoria de esta naturaleza proporciona. El MINAET como miembro de la Comisión Nacional de Emergencias ha conocido las acciones que se han implementado en torno a este decreto de emergencia y a nivel técnico ha correspondido al SINAC dar seguimiento a las acciones establecidas en el Plan General de la Emergencia. Vale mencionar que la ruta paralela al San Juan se ha trazado dentro de la franja fronteriza norte de dos kilómetros de ancho, en la cual es evidente que desde hace muchos años se ha dado una significativa  intervención humana.