Diputados impulsarían la discusión de varios proyectos de ley para regular las uniones entre parejas del mismo sexo.
Diputados y diputadas de varias fracciones aseguran que la discusión legislativa para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo es un tema que debe avanzar, con el fin de procurar el otorgamiento de los mismos derechos patrimoniales a estas parejas.
La semana pasada el proyecto de ley 16.390, que pretendía legalizar la unión civil para personas homosexuales, fue archivado por la Comisión de Derechos Humanos, debido a que los legisladores que lo propusieron en la administración anterior retiraron sus firmas.
Esta propuesta era la que se votaría en el referendo que se pretendía realizar en diciembre, y que no se efectuó por una resolución de la Sala Constitucional que impidió que una mayoría decidiera por los derechos de grupos minoritarios.
No obstante, en la Asamblea Legislativa existen tres proyectos de ley que buscan el mismo objetivo. El primero es el de “sociedades de convivencia”, que es el texto sustitutivo del ya archivado, y que garantiza que las parejas homosexuales tengan derecho a heredar, compartir el seguro social, hacer visitas médicas y tener bienes en común, entre otros.
El proyecto de ley de sociedades de convivencia tiene el apoyo de las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y Movimiento Libertario, mientras que se oponen el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional. En el Partido Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se dio libertad a los legisladores y legisladoras de decidir según sus criterios y valores.
El segundo es una propuesta para modificar el artículo 242 del Código de Familia, que se presentó en el Plenario desde abril del 2006 y se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este artículo establece que la unión de hecho entre un hombre y una mujer proveerá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado. El proyecto formula que cualquier unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, procurará todos los efectos del matrimonio.
El tercero, “Regulación de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo”, fue presentado por la diputada del PLN, Annie Saborío, y establece 46 cambios a leyes, como a artículos del Código de Familia (ver cuadro aparte: “Proyecto transformaría concepto de unión de hecho”).
GENERACIÓN DE ESPACIOS
El diputado oficialista Óscar Alfaro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que el ambiente en la Asamblea Legislativa sobre las uniones homosexuales está polarizado, ya que hay posiciones que abogan por abrir todos los espacios para el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo, opiniones “más equitativas” que apoyan regular aspectos patrimoniales, y hasta las totalmente conservadoras, que aseguran que debe primar la familia convencional.
“En el país es difícil hablar de esto, porque hay dogmas que lo convierten en un tema sensible y hasta tabú; las corrientes en un mundo globalizado exigen que el tema tenga que empezar por lo menos a discutirse y analizarse”.
Alfaro resaltó que se deben dejar de lado los miedos y prejuicios, y evitar abstraerse por cuestiones subjetivas. En su caso, está totalmente abierto a generar espacios de discusión. “Vamos a garantizar la discusión y análisis democrático y abierto. Lo que signifique tutelar derechos patrimoniales cuenta con mi apoyo”.
Por su parte, la congresista Annie Saborío, proponente del proyecto de regulación de las uniones de hecho, consideró necesaria una propuesta que regule solo los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, y no dejarlo abierto a la posibilidad de matrimonios y adopción.
Añadió que es una “iniciativa de avanzada” y que se verá que es una alternativa que no modifica “la estructura fundamental de la familia”, a pesar de que amplía este concepto dejándolo abierto a que las uniones de hecho no son solo entre mujer y hombre.
A pesar de que en el proyecto archivado y en el de “sociedades de convivencia” no se establece la figura del matrimonio, Saborío aseguró que sí abren el tema, y que por eso no cuentan con su aprobación.
“Los otros proyectos tienen esas otras variables: que las uniones tienen que ser legalizadas y protocolizadas, y eso es un matrimonio. En el proyecto que se archivó se establece eso y el de sociedades de convivencia lo permite”.
PREJUICIOS DENTRO DEL CONGRESO
Por otro lado, Carmen Muñoz, legisladora del PAC, se mostró más escéptica respecto de las circunstancias actuales para discutir el tema, al estimar que hay una intencionalidad de no discutir el fondo prácticamente en ninguna comisión.
Opinó que el proyecto de Saborío devuelve todo al inicio y le preocupa que por eso el asunto no avance. También recordó el compromiso del Gobierno con los partidos cristianos, de que este tema no es materia de discusión, a pesar de que la Sala Constitucional indicó que el país tiene una deuda con los derechos de esta población.
“Me preocupa la poca voluntad de dialogar y de que no es una prioridad; hay temas que van saliendo sin haber sido designados así. Que un proyecto ocupe o no los primeros lugares en la agenda es un tema de voluntad política”, comentó.
A su parecer, la nueva iniciativa es una estrategia dilatoria con la que se pretende salvar responsabilidades, y que se corre peligro de que quede estancada y no se llegue a ver nunca.
Igualmente, expresó que “no se puede negar que la Asamblea es un reflejo de la sociedad misma, pero tenemos la obligación de poner encima valores personales, creencias, gustos o intereses particulares, que no pueden estar por encima de la necesidad de legislar por derechos”.
Sin embargo, afirmó que la propuesta más reciente abre la posibilidad de seguir discutiendo y habrá que analizarla y promoverla.
A su vez, el diputado del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, coincidió en que es muy importante que el tema se siga discutiendo, indistintamente del expediente que sea, porque el reconocimiento de derechos humanos no puede salir de las agendas.
Tras enfatizar que las acciones de reconocimiento de derechos patrimoniales contribuyen a una sociedad más tolerante y respetuosa, insistió en que Costa Rica debe ir a paso firme, estable y constante, pero sin anticiparse a iniciativas muy visionarias, que más bien podrían obstaculizar las propuestas que resguardan los derechos de las personas homosexuales.
“Me lamenté de que se mandara a archivo el proyecto de uniones de hecho, porque estaba más maduro y había superado muchos encuentros. Esperamos que el nuevo (de Annie Saborío) tenga la posibilidad de ser discutido ampliamente. Es un texto muy ambicioso; habrá que estudiarlo a profundidad, reforma leyes, y siendo tan amplio, la reflexión y espacio para discutirlo tienen que ser igualmente extensos e importantes”, expresó.
Góngora aseguró que la fracción libertaria estudiará este nuevo expediente, y si la esencia es la misma que la de “sociedades de convivencia”, difícilmente la bancada cambiará su posición de apoyarlo.
Proyecto transformaría concepto de unión de hecho
El proyecto de ley de regulación de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, presentado por la diputada del PLN Annie Saborío y con el expediente 17.844, promueve equiparar los efectos de las uniones entre personas homosexuales, con los efectos jurídicos y requisitos de las uniones de hecho entre heterosexuales, excluyendo la posibilidad de adoptar a un menor de edad.
Según un documento explicativo facilitado por el despacho de la legisladora, la propuesta plantea establecer que la unión de hecho se defina como las relaciones de pareja formales, que no están fundadas en un matrimonio. Esta debe ser pública, notoria, única, estable y prolongarse por al menos tres años y tiene que darse entre personas con aptitud legal para contraer matrimonio.
La iniciativa promueve incorporar a la pareja dentro del núcleo familiar primario, para efectos migratorios, así como los de propiedad intelectual, reconocer licencias laborales en caso de enfermedad o muerte de una de las personas, compartir el derecho de compra en el depósito libre comercial de Golfito, participar en el sistema de financiación de viviendas, pensión por defunción, visita conyugal y herencia, entre otros.
