Turrúcares exige a Setena archivar expediente de relleno sanitario

Vecinos de la zona se oponen al relleno sanitario. Aseguran que el derrame de lixiviados, la afectación de nacientes de agua y el tránsito

Vecinos de la zona se oponen al relleno sanitario. Aseguran que el derrame de lixiviados, la afectación de nacientes de agua y el tránsito por una única y estrecha vía principal, impactaría negativamente su calidad de vida. (Foto: Katya Alvarado)

Abogados argumentan que proyecto no cumple con realidad ambiental del país.

Setena mantiene abierta la posibilidad de construirlo.

Vecinos de las comunidades de Turrúcares, San Miguel y Cebadilla de Alajuela no bajan la guardia en sus reclamos y exigen a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), archivar el expediente y evitar que la empresa desarrolladora Parque Industrial Bajo Pita S.A. obtenga la viabilidad para  construir en la zona un relleno para el manejo de desechos sólidos, que tendría una vigencia de 50 años.

Esta no es la primera vez que las comunidades levantan la voz para pedir que se desista del proyecto. Hace un año, UNIVERSIDAD recorrió la zona y constató la gran oposición de los pobladores a la construcción de “un relleno que recibiría la basura del Valle Central”. En una visita realizada esta semana, el humor de los pobladores tenía el mismo enfado.

“Hay muchos mantos acuíferos y esto viene a generar una preocupación de que se contaminen. Con los problemas de agua que hay en este país, incluso con racionamientos de agua en la GAM, imagínese. Vamos a usar todos los recursos legales para impedir la construcción de este basurero”, aseguró Alejandra Valenciano, vecina de Turrúcares.

Los vecinos cuestionan la ubicación del proyecto en una zona de fragilidad ambiental  con importantes zonas de recarga acuífera, incumplimiento con disposiciones del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana 2008-2030 (Prugam) e irregularidades en el otorgamiento de  los usos de suelo de parte de la Municipalidad, entre otros.

Sin embargo, los ánimos terminaron de hacer efervescencia con la convocatoria a audiencia pública para el 29 de marzo,  hecha por la Setena y publicada en el Diario Extra del 14 de marzo, una medida que los abogados de  los vecinos  reclaman, pues aseguran “no haber sido notificados previamente “irrespetando el debido proceso”, establecido en el reglamento.

¿ARCHIVARLO? SETENA DICE NO

“Desde ya debe quedar claro que existe un insalvable defecto, que es  incorregible dada la ubicación del proyecto, situación que hace que lo procedente sea ordenar el archivo del expediente, a efecto de no incurrir en actos ilegales perjudiciales a la biodiversidad, desperdicio de fondos, así como de recursos públicos y porque se podría generar una desviación de poder”, advirtió el abogado ambientalista Álvaro Sagot,  en un oficio entregado a la Setena.

Sagot reclamó que la instancia no responda a su solicitud y que la Setena “ni siquiera atienda el criterio de su propio departamento legal, que dice que “nuestros argumentos tienen que ser considerados y notificados a todas las partes”.

“En este expediente pasan cosas sumamente extrañas. Dese el 2012 nada nos notifican. A mediados del año pasado, toda nuestra oposición la habían perdido, abierta y descaradamente, cosa que me obligó a presentar un recurso de amparo,  luego extrañamente volvió a aparecer, hay alguien con mano negra”, denunció Sagot.

“La actividad a desarrollar es una de alto riesgo que podría generar daños irreversibles a un recurso estratégico (hídrico), cuya protección está categorizada como una que lleva a defender derechos humanos”, argumenta Sagot.

Por su parte, Uriel Juárez, Secretario General de la Setena, afirma no tener intención de archivar hasta tanto escuche a todas las partes del expediente, así como a otras instituciones públicas, entre ellas el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente (Minae).

“Creo que ya hubo un pronunciamiento de ellos diciendo dónde está la naciente y eso no afecta el desarrollo de este proyecto, tomando en consideración que es un área bastante grande la que corresponde a la finca en su totalidad  y eso también lo estamos considerando para la decisión final”, afirmó Juárez.

“Es decir, que si existe una incertidumbre grande y no existen estudios científicos, no podrían darse viabilidades ambientales. Pero para cumplir con ese fin y al ser esta una oficina estatal, debe además analizar la variable ambiental, hacer un estudio −al menos básico− de la legalidad de los proyectos con base en la información que le es presentada y necesariamente esta debe ser confrontada con el ordenamiento jurídico”, afirmó Sagot.

“COMETIMOS UN ERROR”

El Secretario General de la Setena, Uriel Juárez, admitió haber “incurrido en un error”, al no haber notificado a todas las partes de la audiencia pública consignada en una publicación el 14 de marzo.

“En este sentido, reconocemos que hubo un error de nuestra parte, que estamos ya atendiendo. No se explica qué fue lo que pasó”, afirmó Juárez, quien confirmó la suspensión de esta mediante un oficio emitido al representante legal de la empresa el 24 de marzo.

Rafael Rojas, otro de los abogados ligados al proceso, representante de las Asociaciones de Desarrollo de Turrúcares, San Miguel y Cebadilla, reclamó que la Setena sólo haya notificado a la audiencia pública al desarrollador.

“La audiencia pública no se llevó a cabo porque Setena no fue.  No fuimos notificados y aunque la Ley General de la Administración Pública dice que la publicación  en el periódico no suple la notificación, hay muchos que no están apersonados al expediente y al ver la publicación oficial de convocatoria fueron”, señaló.

“Nosotros igual fuimos el sábado  a la finca privada donde se había convocado. Setena debió desconvocarla. La actividad era oficial y Setena no se presentó y al no hacerlo vamos a aplicar las acciones legales y consecuencias de esta actitud. Estamos valorando recusar a toda la comisión plenaria, advirtió.

USOS DE SUELO CUESTIONADOS

Otro de los cuestionamientos señalados por los abogados es que el proyecto donde se construirá el relleno sanitario consta de cinco fincas en la localidad de San Miguel de Turrúcares, donde únicamente cuatro cuentan con el certificado de uso de suelo de la Municipalidad de Alajuela.

“Hay que hacer notar que se aportaron cuatro certificados de uso del suelo, otorgados por la Municipalidad, que señalan que la zona donde se ubica el proyecto es de uso agropecuario, pero ello no es cierto, pues las zonas donde se ubican las cuatro fincas son proporcionalmente más áreas de uso residencial, semiurbano y de uso de protección. Jamás sería viable un proyecto de relleno sanitario, independientemente de lo que los permisos digan”, aseguró Sagot.


“Usos de suelo ya no están vigentes”

Roy Delgado, Director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la Municipalidad de Alajuela aseguró que la empresa Parque Industrial Bajo Pita S.A.  que había solicitado y obtenido los usos de suelo para 4 fincas, deberá “arrancar de cero”, al haber cambiado las condiciones del terreno, ahora inscrito en una sola.

¿Qué criterios contempló la Municipalidad para dar los usos de suelo?

Se dieron de una manera que sí permitía la autorización, pues se hizo extendiendo una zona que sí es compatible con el uso de suelo de relleno sanitario.

El uso de suelo se extendió a toda la finca, porque en ese momento el fraccionamiento −de lo que es ahora una sola−, permitía aplicar, según el Plan Regulador,  un artículo que dice que si una finca tiene dos usos de suelo, uno de los dos se puede extender 200 metros, y si con esta extensión abarca el 75% o más de la finca se puede extender otros 100.

¿Contravienen estos usos de suelo el Plan Regulador y el Prugam?

Actualmente el Plan Regulador es del 2004,  es anterior al momento en que se necesitaba la variable ambiental para los planes reguladores.

Es una deficiencia del Plan Regulador actual y que nos hizo pensar en actualizarlo.

Efectivamente hay zonas de protección que no permitirían la realización de un relleno sanitario en ningún lado del cantón.

Me dice usted que ahora la finca es una sola. ¿Qué pasa entonces?

Sí, el desarrollador presentó una solicitud para unir las fincas en una sola. Con la reunión de ellas, ya no se le puede aplicar ese artículo, entonces un eventual nuevo uso de suelo que solicite el interesado, probablemente no le vaya a salir positivo.

Los usos dados para las fincas fraccionadas dejaron de existir, para nuestros efectos dejaron de ser válidos, porque están dados con base en unas fincas que ya no existen.

Los interesados reunieron las fincas en un solo terreno y con eso no se dieron cuenta que perdieron los derechos de uso de suelo; por lo tanto al día de hoy, ellos ni siquiera tienen el uso de suelo, ni han presentado a la Municipalidad  los  permisos.


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