UCR estima inconveniente el plan fiscal

La iniciativa de reforma fiscal propuesta por el gobierno de Laura Chinchilla no es “conveniente” para el país, afirma un pronunciamiento oficial del Concejo

La iniciativa de reforma fiscal propuesta por el gobierno de Laura Chinchilla no es “conveniente” para el país, afirma un pronunciamiento oficial del Concejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), dado a conocer el pasado 13 de diciembre.

Entre otras razones, el documento apunta que la legitimidad de cualquier reforma tributaria depende de que el Gobierno “emprenda una acción efectiva en contra de la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país”.

Por su parte, la diputada Jeannette Rivas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió la propuesta impositiva y destacó, en primer lugar, que incluso quienes se oponen reconocen la necesidad de solventar el problema fiscal; “lo que se discute es la forma de generar mejores ingresos, disminuir la evasión y hacer más eficiente el gasto, y al hacer ese análisis es preciso recordar que hay cosas que son deseables y otras que son las que podemos lograr”.

 

 

Cabe recordar que tras una sorpresiva reunión del líder del PAC, Ottón Solís, con la presidenta Chinchilla, el principal partido de oposición prometió sus votos en el congreso tanto para la aprobación del proyecto “Ley de solidaridad tributaria” como para otorgarle un trámite de vía rápida.

Sin embargo, las reacciones al pronunciamiento del Concejo Universitario se dan en momentos en que la eventual aprobación en segundo debate de la propuesta en la Asamblea Legislativa estaría entrabada, pues la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado socialcristiano Luis Fishman. Además, el presidente de la Asamblea Legislativa Juan Carlos Mendoza a través de diversos medios ha hecho público su pesimismo sobre el avance de la propuesta.

Entre las principales críticas que ha recibido la iniciativa del Gobierno, figura el hecho de que el mayor peso de la propuesta se basa en el establecimiento de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 14%; es decir, un impuesto de ventas ampliado para que cubra también los servicios.

Dicho IVA se considera un impuesto regresivo, al no tomar en cuenta el ingreso de las personas a la hora de ser cobrado y, por lo tanto, castiga proporcionalmente más a los sectores desfavorecidos.

CRÍTICAS

Entre otros elementos, el pronunciamiento del Concejo Universitario destaca que, según datos de la Contraloría General de la República para el 2009 y el 2010, la evasión al impuesto sobre la renta supera el 60%, lo que equivaldría a un monto cercano al 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Añade que la reforma tributaria debería servir para redistribuir la riqueza y alcanzar una mayor justicia tributaria, lo cual riñe con el protagonismo que en la propuesta tiene el IVA, con lo cual la estructura de ingresos “es muy similar a la actual y seguirá teniendo una orientación regresiva”.

El Concejo reconoció, además, lo positivo de que el proyecto introduzca los impuestos a la renta global y a la renta mundial, de orientación progresiva. El primero incluye todos los ingresos que pueda percibir una persona, tanto el salario como rentas de capital inmobiliario, por ejemplo. La renta mundial tiene que ver con incluir los ingresos percibidos en el exterior. Empero, los universitarios detallaron en el documento que “la forma en que están plasmados en el proyecto hace poco factible su ejecución”.

“En la propuesta del Gobierno, el 1% más rico sigue siendo exonerado de contribuir fiscalmente sobre la base de su capacidad económica”, critica el texto del Concejo Universitario, que en sus conclusiones además de hacer un llamado a que la administración Chinchilla introduzca propuestas “de alta prioridad” para mejorar la recaudación, pide que se realice un proceso “con amplia participación democrática” que conduzca a un acuerdo nacional que defina las prioridades del gasto y la orientación de la política pública.

Al referirse sobre el tema, el economista y profesor universitario Welmer Ramos se sumó a quienes lanzan la voz de alarma ante el déficit fiscal que enfrenta el país. Este alcanza el 5.5% del  PIB y ha sido la principal motivación que ha esgrimido el Gobierno para impulsar su propuesta.

Para Ramos, la reducción de ese déficit es “sumamente urgente; quien diga lo contrario no ve los casos de Grecia, España, Italia y demás”. Al mismo tiempo, destacó que la reforma pretende recaudar menos del 2% del PIB, lo cual calificó como “un pellizquito”, de manera que si el Gobierno se apunta solo a la reforma se quedaría corto, dado que aún le quedaría el 3.5% del PIB por financiar, según dijo.

Por otra parte, el economista criticó al Consejo Universitario por emitir un análisis “coyuntural y de corto plazo, que no profundiza”; además, calificó como “lamentable” que el pronunciamiento sea “extemporáneo”.

Tras señalar que hay análisis contradictorios entre el pronunciamiento del Consejo Universitario y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la misma UCR, coincidió al afirmar que “el Estado queda debiendo muchísimo” respecto a la eficiencia y transparencia del gasto.

CRITERIOS ENCONTRADOS

Mientras tanto, la legisladora Ruiz destacó que Costa Rica tiene el déficit fiscal más alto de América Latina y sostiene que -según diversos estudios- la evasión fiscal se puede bajar en términos realistas apenas en un 0.25% del PIB al año.

“Se pueden hacer esfuerzos significativos en el tema de gasto y contra la evasión fiscal, en el que el Ministerio de Hacienda ha puesto empeño, pero no serán tan significativos como para atender el déficit; se requieren recursos”, indicó.

La legisladora alegó que la reforma es lo más progresiva posible desde un proceso de negociación política, ya que “cuando intervienen otros actores hay que  ceder en algunos puntos”.

Agregó que la iniciativa impositiva “recoge mucho de la que en su momento planteó el expresidente Abel Pacheco, de manera que ha sido consultada a diversos sectores desde el 2002”.

Ruiz llamó la atención al hecho de que “los grupos más poderosos son los que más se han manifestado en contra de la reforma”, lo cual interpretó como que son esos sectores quienes más van a pagar con el proyecto.

Expuso que según datos del Banco Central, la inflación proyectada con la entrada de esta propuesta será de 2.2%, contra un 15% al que llegaría dentro de dos años si no se aprueba. “Creo que la ciudadanía preferiría hacer el sacrificio hoy, para evitar ese otro escenario”, acotó.

Al respecto, Alberto Cortés, miembro del Consejo Universitario y quien encabezó la comisión que elaboró el pronunciamiento, expresó que el déficit fiscal “es un tema estructural” y salió al paso de la opinión de que resolver la evasión no soluciona ese problema; “con ese mismo argumento, se podría decir que la reforma fiscal misma no es necesaria, pues no genera los ingresos suficientes para cubrir el déficit”, adujo.

El politólogo insistió en que si la evasión al impuesto de renta por parte de los sectores más ricos se redujera en un 0.5% del PIB al año, en 4 años se lograría un 2% del PIB cobrándoselo a los sectores que más tienen, lo cual coincide con el objetivo de recaudación detrás de la iniciativa impositiva gubernamental.

Sobre la afirmación de que el proyecto ha sido ampliamente consultado ‒pues hereda mucho del que se planteó y se informó a los diversos sectores durante la administración Pacheco‒, Cortés cuestionó que la incorporación de renta mundial y renta global constituyó “el supuesto gran aporte que hizo el PAC” para hacer esta propuesta más progresiva; pero, a su parecer, lo que se introdujo es “totalmente distinto” a la propuesta planteada en la época de la administración Pacheco.

“Tan improvisada es la propuesta en este sentido, que el Gobierno no ha dado un estimado de cuánto recaudaría por estos impuestos ni por el de la renta normal; definitivamente, no es una propuesta tributaria bien pensada”, advirtió.

En su opinión, la iniciativa tributaria está orientada a aumentar un 1% el IVA para “resolver el problema de caja chica”, y añadió que “la única forma” de construir una reforma integral y progresiva, es mediante la consulta a los sectores sociales.

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